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Argentina: el tiempo largo de la violencia política

contenido


Liminar.
Verdad y memoria: escribir
la historia de nuestro tiempo

Anne Pérotin-Dumon
Verdad, justicia, memoria

Introducción

El derecho humano a la Verdad.
Lecciones de las experiencias latinoamericanas de relato de la verdad

Juan E. Méndez

Historia y memoria.
La escritura de la historia y la representación del pasado

Paul Ricœur

Maurice Halbwachs y la sociología de la memoria
Marie-Claire Lavabre
Argentina: el tiempo largo
de la violencia política


Introducción

La violencia en la historia argentina reciente: un estado de la cuestión
Luis Alberto Romero

Movilización y politización: abogados de Buenos Aires entre 1968 y 1973
Mauricio Chama

La Iglesia argentina durante la última dictadura militar.
El terror desplegado sobre el campo católico (1976-1983)

Martín Obregón

Testigos de la derrota.
Malvinas: los soldados y la guerra durante la transición democrática argentina, 1982-1987

Federico Guillermo Lorenz

Militares en la transición argentina: del gobierno a la subordinación constitucional
Carlos H. Acuña y
Catalina Smulovitz


Conflictos de la memoria en la Argentina.
Un estudio histórico de la memoria social

Hugo Vezzetti
Chile: los caminos de la historia
y la memoria


Introducción

El pasado está presente.
Historia y memoria en el Chile contemporáne
o
Peter Winn

Historia y memoria del 11 de septiembre de 1973 en la población La Legua de Santiago de Chile
Mario Garcés D.

La Michita (1964-1983): de la reforma universitaria a una vida en comunidad
Manuel Gárate-Chateau

El testimonio de experiencias políticas traumáticas: terapia y denuncia en Chile (1973-1985)
Elizabeth Lira

La superación de los silencios oficiales en el Chile posautoritario
Katherine Hite

Irrupciones de la memoria: la política expresiva en la transición a la democracia en Chile
Alexander Wilde
Perú: investigar veinte años
de violencia reciente


Introducción

“El tiempo del miedo” (1980-2000), la violencia moderna y la larga duración en la historia peruana
Peter F. Klarén

¿Por qué apareció Sendero Luminoso en Ayacucho?
El desarrollo de la educación y la generación del 69 en Ayacucho y Huanta

Carlos Iván Degregori

Pensamiento, acción y base política del movimiento Sendero Luminoso.
La guerra y las primeras respuestas de los comuneros (1964-1983)

Nelson Manrique

Familia, cultura y “revolución”.
Vida cotidiana en Sendero Luminoso

Ponciano del Pino H.

Juventud universitaria y violencia política en el Perú.
La matanza de estudiantes de La Cantuta y su memoria, 1992-2000

Pablo Sandoval

En busca de la verdad y la justicia.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú

Coletta Youngers
Archivos para un pasado reciente y violento: Argentina, Chile, Perú

Introducción

Archivos de la represión y memoria en la República Argentina
Federico Guillermo Lorenz

Archivos para el estudio del pasado reciente en Chile
Jennifer Herbst con
Patricia Huenuqueo


Los archivos de los derechos humanos en el Perú
Ruth Elena Borja Santa Cruz
El pasado vivo:
casos paralelos y precedentes


Introducción

Cegados por la distancia social.
El tema elusivo de los judíos en
la historiografía de posguerra en Polonia

Jan T. Gross

Guerra, genocidio y exterminio:
la guerra contra los judíos en una era de guerras mundiales

Michael Geyer

Tres relatos sobre nuestra humanidad.
La bomba atómica en la memoria japonesa y estadounidense

John W. Dower

Anatomía de una muerte: represión, derechos humanos y el caso de Alexandre Vannucchi Leme en el Brasil autoritario
Kenneth P. Serbin

La trayectoria de un historiador del tiempo presente, 1975-2000
Henry Rousso
Historia reciente
y responsabilidad social


Introducción

La experiencia de un historiador en la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala
Arturo Taracena Arriola

La historia aplicada: perito en el caso Pinochet en la Audiencia
Nacional de España

Joan del Alcàzar

Dentro del silencio.
El Proyecto Conmemorativo de Ardoyne, el relato comunitario de la verdad y la transición posconflicto en Irlanda del Norte

Patricia Lundy y
Mark McGovern


“Sin la verdad de las mujeres la historia no estará completa”.
El reto de incorporar una perspectiva de género en la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú

Julissa Mantilla Falcón


La violencia en la historia argentina reciente: un estado de la cuestión

Luis Alberto Romero1



QUÉ CUESTIÓN

El propósito de este ensayo es analizar la producción referida a una parte de la historia reciente: “la historia que duele”, “qué cosa le hizo cada uno a otro” son formas sencillas de definirla. Una definición más precisa remite, como tópico central, a la violencia política y a su contexto de producción y de aceptación. Así definidos, aún son imprecisos los límites de la inquisición: un cierto grado de violencia es infortunadamente constitutivo de la existencia tanto del estado como de la sociedad civil, y es frecuente que parte de esa violencia se despliegue en el ámbito político. De modo que nuestro análisis remite a un objeto delimitado por un cierto grado de desmesura en una práctica habitual, a la que una sociedad no llega abruptamente, de un día para otro, y de la que tampoco se libra de manera tajante.

Usualmente, el tema de la violencia en la Argentina toma como centro la represión ilegal y clandestina llevada a cabo por el estado entre 1976 y 1983, durante la reciente dictadura militar, el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional; usaré en lo sucesivo una forma consagrada, sintética y escarnecedora: el Proceso. En mi opinión, ese episodio es inseparable del inmediatamente anterior, que transcurre aproximadamente entre 1969 y 1976, en que el uso de la violencia política se tornó normal y en cierto modo aceptado por buena parte de la sociedad. El trabajo se referirá a ese núcleo temporal y temático, pero no se limitará a esos años. Por una parte, habrá que examinar, aunque con menor intensidad, los procesos constitutivos de esa normalidad violenta; en particular lo ocurrido desde el final del gobierno peronista en 1955, aunque también se revisarán algunas características de la experiencia política del siglo XX. Por otra, extenderé el examen a los años posteriores a 1976: el final de la dictadura militar fue acompañado de un examen social categóricamente crítico de la violencia, al que acompañó un procesamiento de aquella experiencia, aún no terminado. En él, distintos protagonistas, individuales y colectivos, respondieron aquellas preguntas iniciales, examinaron causas y responsabilidades, y a la vez consideraron las secuelas de la experiencia de la violencia.

Para desarrollar una revisión de lo mucho escrito sobre este tema, y definir un criterio de selección, ordenaré los textos según algunas grandes categorías. Hay textos académicos –entre los cuales podrán distinguirse los específicamente historiográficos de aquellos provenientes de las otras ciencias sociales–, obras de corte militante, trabajos de investigación periodística y textos testimoniales. Pero tal clasificación no es nunca taxativa, y menos en este campo de “la historia que duele”. En la conciencia de cada investigador –como en el vizconde de Ítalo Calvino– coexisten dos mitades, la del académico y la del ciudadano, muy difíciles de separar cuando trata temas que involucran su experiencia o su identidad. Por otra parte, en este terreno la investigación académica –y mucho más la histórica– es incipiente y débil, mientras que la investigación periodística ha avanzado más rápidamente, con resultados muchas veces más que estimables, de modo que a la hora del balance es imprescindible incluir eso que se ha llamado el draft de la historia.

En suma, trataré de seguir la línea principal de la investigación académica; dentro de ella, subrayaré lo que es más propio de la investigación histórica, un atributo que no necesariamente coincide con lo que es la formación o la adscripción profesional de los autores. Incluiré lo más relevante de los otros campos, sobre todo cuando estos “comodines” (jokers) sean insustituibles. En la presentación procuraré combinar tres criterios: la explicación de lo que a mi juicio son los temas relevantes, los enfoques predominantes en la bibliografía, según escuelas y también según épocas –creo que grosso modo puede distinguirse la producción por décadas, desde 1970– y los aportes singulares de los principales autores. De ellos, subrayaré aquellos que, aún sin ser los centrales de sus análisis, concurren en mi opinión a una explicación de “la historia que duele”. Con ese orden consideraré primero dos grandes períodos de la historia más reciente –antes y después de 1976– para concluir con una evaluación de lo que queda por hacer, las prioridades y las posibilidades.



HASTA 1976

La naturalización de la violencia política se relaciona con procesos de diversa índole, muchos de ellos de larga duración. Pero existe un consenso acerca de su condensación a partir del fin del gobierno peronista, derribado por un golpe militar en 1955. Desde ese año se desarrollan dos series de cambios concurrentes: la creciente y decisiva presencia de empresas de capital extranjero, que dinamiza el funcionamiento de la economía y altera la relación entre los intereses; por otra parte, la proscripción del peronismo, que genera grandes conflictos en el plano sindical y en el político. Ambos factores se entrelazan de manera íntima y compleja, de modo que abordaremos una misma cuestión examinándola desde distintos puntos de vista para señalar los principales aportes existentes respecto de cada aspecto del problema.


Los procesos constitutivos de la violencia política

No se tratará aquí de explicar los orígenes de la violencia política, una cuestión que obligaría a reconstruir la totalidad de la experiencia histórica de la sociedad y a remontarse a etapas muy anteriores al siglo XX. Más simplemente, a partir de las características observables de esta violencia en el período álgido entre 1970 y 1983, se remontará cada uno de esos hilos hasta donde sea necesario para que sean comprensibles.


a. El estado y las corporaciones

A menudo se ha señalado que uno de los disparadores de la violencia social y política de los años setenta se encuentra en la manera enconada en que se desarrollaron los conflictos de intereses en los años previos. Sus protagonistas fueron las organizaciones corporativas que los representaban –empresariales y laborales–, y un estado que unía una gran capacidad de intervención en la actividad económica, para asignar beneficios u orientar ingresos, con una debilidad también grande frente a las presiones de dichos intereses. El momento culminante fueron las crisis, ocurridas con regularidad cada tres años; la devaluación de la moneda, que era el instrumento para resolverlas, empujaba a cada sector a defender sus ingresos presionando al estado para que tomara medidas que acarreaban una ventaja o privilegio. Por otra parte, en los años que van de 1955 a 1966 hubo una situación de estancamiento en la resolución de los conflictos, en la definición de un ganador neto y de una línea de acción estatal coherente. A esta situación se propuso poner fin el gobierno militar de 1966 (general Onganía), utilizando la autoridad del estado en favor del sector más concentrado del empresariado. El fracaso de este intento desencadena la crisis analizada en el apartado “La violencia política, 1968-1976”.2

En los años sesenta, en el contexto de una importante renovación académica (véase el punto e. Tradiciones ideológicas y culturales), muchos científicos sociales buscaron explicaciones para la renovada conflictividad social, que contrastaba con la relativa calma de la década peronista. La corriente principal de la sociología, orientada por Gino Germani, se concentró en aquella etapa y en los procesos formativos del peronismo. Quienes analizaban la conflictividad contemporánea –impulsado por motivaciones académicas y también políticas– se apoyaron principalmente en el marxismo, en su versión clásica o en las renovadoras: Marx, Lenin, Mao, Gramsci, Althusser. Sus trabajos, limitados por la comprensible escasez de investigaciones de base en que sustentarse, consistieron sobre todo en elaboraciones teóricas, con una moderada reflexión acerca de la adecuación de esas teorías a las circunstancias locales.

Consideraremos dos trabajos, característicos e influyentes, publicados en 1972, de Mónica Peralta Ramos y Juan Carlos Portantiero.3 Ambos recogían la tradición marxista, particularmente la de Antonio Gramsci, uno de los autores más leídos por la llamada “nueva izquierda”. Para ambos, la “contradicción principal” enfrenta al imperialismo y el proletariado, términos habituales en los análisis marxistas, pero con referentes específicos en este caso. El primero se aplicaba a los Estados Unidos y también al sector económico más concentrado y “monopólico”, ubicado en las áreas dinámicas de la economía, donde efectivamente predominaban las empresas de capital extranjero. El “proletariado” era identificado con la clase obrera peronista. La decisión de subrayar la dimensión “obrera” por sobre la peronista –al igual que la elección de la dupla imperialismo/proletariado, en lugar de otra habitual: imperio/nación– implicaba una fuerte toma de posición, tanto teórica como política, que separaba a este grupo de autores de otros de filiación más cercana al peronismo.

Peralta Ramos4 desarrolla el primer nivel del análisis propuesto por Gramsci: las clases fundamentales, sus intereses, sus proyectos y las alianzas posibles, relacionados con los modelos de acumulación. Distingue una etapa en la que predominó la extracción de la plusvalía absoluta, correspondiente al período anterior a 1943; luego, la década peronista, en la que la acumulación capitalista se desarrolla con una sustantiva distribución del ingreso, en el contexto de la ampliación del mercado interno y la transferencia de beneficios desde el agro hacia el sector industrial urbano. La tercera etapa –que enmarca la nueva conflictividad– se define por el predominio de la extracción de la plusvalía relativa, en el contexto de extranjerización y racionalización capitalista posterior a 1958. Así, las categorías de El capital, sin grandes ajustes, explican el ciclo argentino. La crisis que se desencadena con el Cordobazo (un alzamiento popular ocurrido en 1969) obedece al enfrentamiento entre el nuevo sector –el “imperialismo”–, con la clase obrera, principal perjudicada, y otras fracciones capitalistas arcaicas, en retirada pero capaces aún de dar lucha.

Portantiero5 avanza hacia el segundo nivel de Gramsci: el de las “fuerzas sociales” y la política. Precisa el perfil de los representantes políticos de las clases y agrega otros actores propios de este escenario: las Fuerzas Armadas y los partidos políticos, aunque para señalar que éstos usualmente representan a la burguesía nacional. Señala la asincronía entre el nivel estructural, donde domina el capital extranjero y el imperialismo, y el nivel político, donde sus representantes no logran imponer su hegemonía y doblegar a quienes representan al proletariado y a capas residuales de la burguesía. Insumisos y con capacidad para bloquear la alternativa potencialmente ganadora, estos sectores tampoco pueden imponer una alternativa propia, que incluso ni siquiera han proyectado, y todo lleva a una situación de “empate”, de bloqueo recíproco que mantiene viva y exacerba una conflictividad social que ni desborda ni se encuadra. Portantiero y Peralta Ramos coinciden en que la Revolución Argentina de 1966 rompe el empate y pone la autoridad de la dictadura al servicio del gran capital imperialista, que así empieza a afirmar su hegemonía, aunque sin llegar a conformar un “consenso”.

Estos trabajos se produjeron sobre un campo casi virgen. Aunque el sesgo ideológico y político era muy fuerte, se proponían ser rigurosos, y lo eran en muchos aspectos, particularmente el del análisis teórico a partir de las premisas del marxismo. Su mayor debilidad está en la base empírica: en general, no produjeron su propia evidencia. Se basaron en la bibliografía existente, escasa, poco rigurosa y a menudo difícil de adecuar a las claves marxistas; también en las estadísticas oficiales, que aluden a variables similares a las marxistas, pero no exactamente asimilables. Cuando estos autores encaran el complicado proceso social y político posterior a 1969, las categorías teóricas dejan lugar a la elaboración de la propia experiencia, volcada en términos más llanos, que en el caso de Portantiero se traduce en reflexiones e ideas brillantes. En suma, hoy diríamos que estos trabajos son más bien propuestas de investigación, con hipótesis sugerentes, antes que investigaciones concluidas. En su momento, suministraron la primera y única base para analizar la conflictividad social posperonista.

Sobre estos mismos temas escribió algo después y en clave un poco distinta Guillermo O’Donnell. Sus textos combinan aportes de la versión marxista, construida entre otros por los autores mencionados, con los provenientes de la literatura de la dependencia y otros más específicos de la ciencia política y la corriente de la “elección racional”. Esta matriz se aprecia en el modo de caracterizar a los actores políticos, a la vez enraizados en las estructuras de la sociedad e instalados en un escenario en el que cotidianamente pueden elegir, con pleno conocimiento de las circunstancias, la opción más adecuada para sus intereses, claros y distintos.

En un trabajo breve,6 O’Donnell explica las características del período anterior al golpe militar de 1966. Los actores que utiliza son acotados en número y no muy diferentes de los considerados por Peralta Ramos y Portantiero: la “gran burguesía urbana monopólica”, la “burguesía agraria”, la “burguesía urbana” –el empresariado nacional, volcado al mercado interno–, y el “proletariado”. En suma: dos clases principales, una de ellas desplegada en tres fracciones. Ningún rasgo político, del “segundo nivel”, matiza esta caracterización, que se limita a una representación política de intereses corporativos. La novedad es la inclusión de otro actor principal: el estado, entendido no sólo como “institución” sino como “entramado de relaciones de dominación política” que sostiene y reproduce la “organización de clases” de una sociedad. El estado tiene una gran capacidad para otorgar y repartir beneficios, prebendas, privilegios y excepciones. Sus acciones son habitualmente el producto de presiones recibidas de aquellos actores, que en ocasiones actúan en forma singular y en otras se coligan en alianzas para alcanzar las prebendas.

En esta versión, los actores pueden elegir entre la opción preferida y una segunda, también buena; su elección modifica el cuadro de alianzas y redefine situaciones y equilibrios. La gran burguesía urbana monopólica –el actor con más capacidad para definir el juego– puede optar entre un contexto “liberal” de políticas “ortodoxas” y otro “populista”. En un caso, se acerca a la burguesía pampeana y en el otro a la burguesía urbana. En ambos genera contra alianzas; la que reúne a la burguesía urbana y el proletariado, aunque “esporádica”, es resistente, “defensiva” y en general exitosa. Las figuras del conflicto, cambiantes y repetidas a la vez, evolucionan sin modificar una situación sustancialmente estática, en la que O’Donnell ve una suerte de rebelión crónica de la sociedad civil contra el estado, destinada a capturar sus decisiones.

La ruptura de este equilibrio es el tema del libro que O’Donnell dedicó al período de la Revolución Argentina, entre 1966 y 1973.7 Aquí elabora una categoría que tuvo amplia difusión: el “estado burocrático-autoritario”, asociado con la construcción política e institucional del general Onganía. Como habían señalado Peralta Ramos y Portantiero, tal estado logrará impulsar un desarrollo capitalista “normal”, basado en el desarrollo del sector de la burguesía monopólica. Someterá y disciplinará a los otros actores que hasta entonces habían logrado bloquear eficazmente su consolidación, y además disciplinará al propio sector monopólico, impulsándolo hacia un comportamiento basado en la eficiencia y alejado de las conductas prebendarias. Para ello, habrá reglas claras, que serán mantenidas sin variaciones, hasta convencer al conjunto de que el viejo juego ha terminado.

El dibujo teórico de O’Donnell no se completó con una investigación ad hoc. Sus categorías generales no se traducen en otras operacionales, más pegadas a la materia a tratar, y hay una brecha entre los conceptos teóricos postulados y el relato del devenir histórico, sugerente pero convencional. Algunas ideas son iluminadoras, y constituyen aportes de importancia para explicar una dimensión de la violencia. Su dibujo de las relaciones y alianzas cambiantes antes de 1966 concluye con una imagen: la “danza frenética” en la que, sin cambiar sustancialmente ni los actores ni los objetivos, el movimiento se dispara en espiral. O’Donnell deja planteado este pasaje de lo cuantitativo a lo cualitativo, por el que los conflictos regulados devienen en violencia descontrolada. Otro hallazgo es la imagen de un estado poderoso y colonizado a la vez, que interviene en infinidad de asuntos y reparte beneficios, pero tiene instalado el conflicto en su seno y carece de herramientas tanto para trazar una política autónoma de largo plazo como para evitar que los conflictos corporativos se desborden.

Esta idea se diluye en su libro, donde por el contrario se pone el acento en la unidad de acción estatal, orientada de manera coherente a lograr una normalidad capitalista. La imagen recoge sin duda una parte de la realidad, pues esos años fueron los últimos en los que puede hablarse de un estado potente, que hace algo deliberadamente.8 El sesgo que O’Donnell da a su estudio deja fuera otra parte de la realidad. Es dudoso que los empresarios apostaran plenamente a una “normalidad capitalista” fundada en la eficiencia y en la competitividad, y renunciaran a la búsqueda de prebendas. También es dudoso que, en algún momento, ese estado alcanzara una unidad de acción y propósito tal que justificara la construcción teórica señalada.

Una constatación de esa limitación se encuentra en uno de los escasos análisis empíricos del comportamiento sectorial del estado disponibles: el que realizó Susana Belmartino sobre la corporación médica.9 En una parte de su trabajo analiza la política estatal para el sector en los años de los presidentes militares (1966-1973). Se constata allí que, en el ámbito de un mismo Ministerio (el de Bienestar Social), en oficinas quizá contiguas, dos poderosas corporaciones negociaron durante años con dos funcionarios estatales diferentes –el secretario de Salud Pública y el ministro de Bienestar Social, su jefe– propuestas sustancialmente diferentes para la Salud Pública. Una involucraba a la corporación médica y apuntaba a un sistema de salud único, vieja aspiración de los médicos progresistas. La otra implicaba a la dirigencia sindical y llevaba a una ampliación del sistema de obras sociales, el botín más preciado de dicha dirigencia. Lo notable en este ejemplo, admirablemente reconstruido, no es tanto que triunfara el proyecto del ministro y los sindicatos sino que tales negociaciones, que desnudan la incapacidad del estado para formular y sostener una política en un campo tan crucial, se llevaran a cabo bajo un gobierno como el del general Onganía, quien hacía gala de haber establecido la unidad de mando en el estado.

En otro libro se encuentra un escenario de estos conflictos de intereses bastante más complejo que el que dibuja O’Donnell. Se trata de la biografía de José Ber Gelbard escrita por María Seoane.10 La imagen de Gelbard es contundente: quien fuera organizador y jefe de la Confederación General Económica y la cabeza del llamado “empresariado nacional”, antes de ser ministro de Economía del tercer gobierno peronista, era en realidad un formidable lobista, cuya presencia atraviesa todas las fracciones de clase y protagoniza, él solo, todas las alianzas de clase que los autores académicos pueden imaginar. Era, sobre todo, un lobista empresario que tenía algo perfectamente claro, como demostró con el proyecto de la planta de aluminio Aluar: para “hacer plata” lo primero es saber exprimir al estado.

En suma, la bibliografía sobre este tema ha mostrado de manera contundente la importancia de este escenario donde los intereses corporativos compiten por obtener beneficios del estado, y la fuerza que potencialmente tienen los conflictos derivados de la puja entre actores corporativos. No fue raro que en ocasiones se apelara a la violencia para resolverlos.


b. El sindicalismo peronista, entre el escenario corporativo y el representativo

Entre 1955 y 1973, la cuestión peronista se instaló en el medio de todos los duros e irresolutos conflictos: según una expresiva definición de John William Cooke, se convirtió en el “hecho maldito”. El punto inicial fue la proscripción del peronismo en 1955, que planteó tres grandes problemas: la galvanización identitaria de la masa de trabajadores y su nucleamiento en torno de los sindicatos peronistas; la radical ilegitimidad del escenario representativo y democrático establecido por quienes derrocaron a Perón, y finalmente la cuestión de qué hacer con los peronistas, que dividió opiniones en cada uno de los partidos políticos, en las Fuerzas Armadas y en la Iglesia.

En los años de la Revolución Libertadora, la dura represión originó reacciones violentas aunque inorgánicas, luego bautizadas como “la resistencia”. Desde 1958 los trabajadores peronistas recuperaron sus sindicatos y la legislación reguladora, que los convertía en protagonistas privilegiados de la negociación corporativa, en circunstancias en que debían defender, con dificultad, el salario y el empleo. A través de los sindicatos los peronistas comenzaron a incursionar en el escenario electoral y partidario, tratando de eludir la proscripción. La figura de Augusto Timoteo Vandor permite entender la manera compleja en que se articularon los dos escenarios.

Ya se caracterizó la dinámica del escenario corporativo. El político tuvo un desarrollo limitado y condicionado, en parte por la ya mencionada proscripción peronista, que prolongó y profundizó la faccionalización de la política, en parte por la creciente intrusión de las Fuerzas Armadas, y en parte por la escasa convicción de los propios partidos políticos. A esos factores hay que agregar la compleja y errática actuación de Juan Domingo Perón, exiliado entre 1955 y 1972, que procuró conservar el liderazgo de un movimiento cada vez más diversificado, donde competían distintas tácticas y estrategias. El sindicalismo peronista se movió en ambos escenarios, el corporativo y el político, que consideraremos sucesivamente, para concluir con los aportes que desde estos problemas se han hecho a la explicación de la violencia.

Los autores tratados en el acápite anterior han elegido hablar de “trabajadores” o de “clase obrera”, colocando su identidad peronista en un plano adjetivo. Otros abordaron la cuestión del sindicalismo peronista, en algunos casos con las categorías de la sociología industrial y en otros con el utillaje de la tradición de izquierda. Así, se especuló sobre sus características tradicionales o modernas, y sobre el carácter de su conciencia, que para muchos era en realidad falsa conciencia. Por otra parte, se lo incluyó en la elástica categoría del “populismo”, quizá demasiado genérica para atrapar la especificidad de este objeto.11 Daniel James realizó el más importante e influyente estudio histórico sobre el sindicalismo peronista posterior a 1955, combinando preguntas relevantes y una sólida fundamentación empírica.12

James parte de la “experiencia” de los trabajadores peronistas –un concepto que remite a E. P. Thompson y Raymond Williams– para explicar las distintas opciones que la expresaron: la “resistencia” inicial y la posterior “integración”, remitiendo ambas a una experiencia común. Sobre la primera, subraya el efecto revulsivo y movilizador de la proscripción, completado con la represión de 1956 y el fusilamiento de civiles, que terminó de sellar esa conciencia resistente y combativa; se tradujo en acciones violentas y precarias organizaciones clandestinas, y en la formación de una nueva camada de dirigentes, moldeados por la acción “dura”, que incluía el sabotaje industrial y el pequeño terrorismo casero. La conclusión de James se distancia de la de quienes han hecho de la “resistencia” una narración heroica, que conduce al peronismo revolucionario de los años setenta. Para James, el horizonte de expectativas de estos movimientos no difirió de aquel del peronismo tradicional. Fueron las condiciones políticas y económicas posteriores a 1955 las que transformaron esta aspiración nostálgica en una exigencia revulsiva, que se mantendrá hasta la caída del gobierno peronista de 1976. Para James no se trata solamente de una “elección racional”, como la que propone O’Donnell y otros; lo que estaba en juego en esta actitud era un conjunto de prácticas sociales, previas y posteriores a 1955, combinadas con una cierta ideología y un tipo de cultura obrera, cuya potencial contribución a la violencia es clara.13 

James ofrece una explicación compleja y no lineal de la potenciación de la violencia política, implícita en el peronismo posterior a 1955, pues incluye en la narración a la llamada “burocracia sindical” peronista, consolidada luego de 1958. Esta “burocracia” ha sido objeto de condena y execración por quienes analizaron el peronismo desde alguna de las perspectivas de izquierda, y se ha usado abundantemente expresiones como “traición” o “falsa conciencia”; como se verá más adelante, desde Montoneros y la “Tendencia Revolucionaria” se los acusará de “gorilas infiltrados”, ajenos a la identidad peronista, y de hecho, proveyeron de las primeras víctimas notorias a la violencia política.14 James subraya que, por el contrario, expresa una de las vertientes de la experiencia del sindicalismo peronista, y quizá la principal, pues ofreció a los trabajadores un ámbito de identidad, un respaldo para muchas circunstancias de su existencia y un instrumento idóneo para enfrentar el ciclo adverso de racionalización capitalista y para superar las peripecias de la puja distributiva. Fue un “gremialismo responsable”, que jerarquizó sus objetivos, supo presionar, conceder y defender. La nueva dirigencia se fue constituyendo en un grupo cerrado, en parte por su eficacia, en parte por el aprovechamiento de las disposiciones legales que la favorecían, y también por la apelación a la fuerza para disuadir a eventuales outsiders: surgieron grupos de guardaespaldas, en los que encontraron cabida muchos antiguos militantes de la “resistencia”, y el ejercicio de la violencia se transformó en un recurso habitual para dirimir los conflictos internos.15 A diferencia de la mayoría de los estudios sobre el “vandorismo” (por referencia a su dirigente principal, A. T. Vandor), para James, sindicato protector e identitario, y burocracia y matonaje son dos caras inescindibles del mismo proceso.

Ante la caducidad de las formas de representación política del peronismo, los sindicatos peronistas avanzaron para ocupar el lugar vacante. Su objetivo fue constituir un partido peronista obrero, que sería finalmente el sucesor de Perón. Según James, este propósito, que coronaría la “integración” del sindicalismo peronista, era tan pacífico y concordante como el reclamo de un buen capitalismo, pero resultó igualmente disruptivo para un sistema político precario, donde el antiperonismo duro seguía siendo fuerte. A la vez, despuntó otro conflicto: con Perón, cuya estrategia consistió principalmente en bloquear cualquier estabilización política que no lo incluyera. Este conflicto fue otra fuente de legitimación de la violencia. Para enfrentar a quienes actuaban de manera demasiado autónoma, Perón recurrió al expediente de animar al marginal sector “duro”, de militancia sindical y política y a elogiar sus formas de acción. En la parte final del punto e. Las organizaciones políticas y sus propuestas se explican las derivaciones de esta tendencia.

Así, James ha explicado cómo el sindicalismo peronista se ha hecho un lugar en los dos escenarios de la Argentina posperonista, el corporativo y el político-electoral. Lejos de “traicionar” –como afirman sus críticos y muchos investigadores– una esencia peronista rebelde e intransigente, expresó una de las maneras de la identidad de los trabajadores peronistas. Actuó de manera eficiente y moderada, pero sin poder evitar que su presencia llevara los conflictos –los socioeconómicos y los políticos– a un punto insostenible. James sostiene que aunque no se lo proponía específicamente, su actividad contribuyó a instalar y naturalizar la violencia política. El peronismo conservó y alimentó la tradición de la “resistencia”, en las prácticas y en la cultura de sus militantes “duros”, así como la alternativa de una resolución violenta de su condición de exclusión, a la que la obstinación de sus adversarios legitimaba. Incorporó a sus estructuras normales –las direcciones sindicales– aparatos profesionales violentos, y fue haciendo habitual la resolución de sus conflictos internos mediante la violencia. Contribuyó –junto con muchos otros– a esa suerte de “suma cero” que alimentó la convicción acerca de la inutilidad e imposibilidad de la salidas negociadas.


c. El escenario representativo: democracia sin legitimidad


La Revolución Libertadora concluyó en 1958 con el restablecimiento de la democracia representativa, vigente hasta junio de 1966. En esos años las anormalidades fueron muchas –unas elecciones anuladas y un presidente depuesto, pero remplazado por su sucesor constitucional–, pero formalmente las instituciones se mantuvieron en pie. Sin embargo, este escenario representativo y democrático estuvo viciado por la proscripción del peronismo, el mercadeo de los votos peronistas disponibles, la inseguridad acerca de las normas de la competencia electoral y las reiteradas intrusiones de las Fuerzas Armadas, constituidas en tutela de los gobernantes electos. Las negociaciones políticas rara vez se desenvolvieron en los escenarios institucionales previstos.

En la década de 1960 esto no constituía un tema de interés académico o de debate público. Desde la cultura de izquierda, fortalecida por la Revolución Cubana, o desde una derecha inspirada en modelos autoritarios, se descreía de la “democracia burguesa” y se prefería estudiar los “factores de poder”: militares, sindicatos, empresarios, Iglesia. Era una convicción compartida por muchos de los protagonistas del escenario democrático representativo, que se movieron en él con una llamativa falta de convicción. Los antiperonistas más duros, que se autoproclamaban democráticos, apelaron permanentemente a la intervención militar para evitar el retorno de los proscritos. El presidente Frondizi, cuya frágil legitimidad se asentaba en el voto popular, logrado por un precario acuerdo electoral con Perón, no hizo ningún esfuerzo por fortalecer el escenario representativo.16

A principios de los años setenta, cuando se buscaba una salida política para la Revolución Argentina, Guillermo O’Donnell publicó un influyente artículo, donde explicaba que entre 1955 y 1966 se desarrolló un “juego imposible”.17 Dado un conjunto de reglas, garantizadas por las Fuerzas Armadas, la competencia partidaria no tenía sentido; las más importantes: los peronistas no podían ganar, podían votar por otro partido, pero éste no podía modificar la exclusión.18 Diez años después, luego del derrumbe del Proceso y en pleno proceso de construcción de la nueva democracia, surgió un nuevo interés por el tema de aquellos partidos, en lo que había sido la última experiencia conocida. En general se coincidió en que en esos años era dudosa la existencia de un “sistema de partidos”.19 Para Catalina Smulovitz, que estudió extensamente el período de Frondizi,20 una de las claves estaba en el comportamiento de la oposición. Dos variables de largo plazo obstaculizaron una política de partidos, en la que el perdedor tuviera un lugar legítimo y de alguna manera provechoso: la tradición facciosa de las grandes identidades políticas y la concentración institucional del poder, con la consiguiente indivisibilidad de sus beneficios. En ese contexto, se explica que los derrotados ejercieran una oposición virulenta y desleal, que contribuyó a facilitar y justificar la intervención militar.

Estos estudios, provenientes del campo de la ciencia política, utilizan la perspectiva de la “elección racional”, en un contexto que es asimilado con el del mercado, caracterizado por la estabilidad y la previsibilidad. En distintos textos, Tulio Halperin Donghi ha colocado este problema en una perspectiva más amplia, que condensa en un breve y provocador ensayo de 1994.21 De acuerdo con su tesis principal, la “revolución peronista” engendró actores que sobrevivieron a las efímeras condiciones de su nacimiento, agotadas ya en 1949, y resistieron con eficacia; el combate estaba perdido en el largo plazo, pero en lo inmediato podían obtener múltiples ventajas. Por otra parte, coloca al peronismo en la larga serie de movimientos de líder, cuya legitimidad se basa en la eficacia de la administración del estado, en la invocación de la unidad y en la articulación de un consenso que no se manifiesta principalmente en las urnas.

Hipólito Yrigoyen y Perón compartieron esta postura de asumir la representación del pueblo, con la consiguiente denegación a sus adversarios de un lugar legítimo en la competencia política. Asumida alternativamente por unos y otros, esta posición –que Halperin Donghi enlaza con las tradiciones facciosas de la política del siglo XIX– lleva a la negación de la competencia política, y finalmente, a una violencia convalidada por la legitimidad plebiscitaria asumida, que puede quizá desplegarse simplemente en palabras y discursos pero que encierra su potencial traducción en otras formas más contundentes. Halperin Donghi agrega otra reflexión: la proscripción crea la situación ideal para un peronismo que en realidad había dejado de ser mayoría, que ve justificada su tradicional desconfianza por la “democracia formal” y que, carente de firmes convicciones democráticas, se mueve con facilidad en ese escenario vicioso.

En suma, los distintos autores mostraron cómo esta experiencia incompleta de una política de partidos contribuyó a la acumulación de elementos que desembocarán en la violencia de fines de la década del sesenta. La proscripción del peronismo llevó al límite la tradición facciosa de la política, consolidó la idea de la ilegitimidad del enemigo, y acumuló una masa de agravios en un sector muy amplio, que buscaba alguna satisfacción. El casi inexistente funcionamiento de las instituciones representativas impidió que los conflictos de intereses encontraran un ámbito donde pudieran dirimirse con otras reglas que las de la puja corporativa. Sobre todo, el ejercicio de esta democracia ficticia, proclamada como valor por quienes la negaban sistemáticamente, destruyó la ilusión y la convicción, un elemento vital para su funcionamiento. La democracia quedó así fuera del repertorio de opciones para quienes, poco después, se embarcarían en una experiencia inédita de transformación de la sociedad.


d. Militares, dictaduras y represión

Desde 1930, la intervención de las Fuerzas Armadas en las cuestiones del estado y la política ha sido permanente y de intensidad creciente. En 1930, 1943 y 1955 acabaron con gobiernos constitucionales y establecieron otros provisionales; en los años siguientes custodiaron a los gobiernos civiles e intervinieron para cambiar sus políticas; en 1966 y en 1976 asumieron el poder con el propósito de introducir cambios institucionales profundos y duraderos.

En los años sesenta y setenta las explicaciones dominantes, de matriz sociológica, ubicaban el tema de las Fuerzas Armadas argentinas en el contexto del militarismo latinoamericano. La recurrente intervención militar fue relacionada desde una perspectiva que salteaba las mediaciones políticas, con el intento de corregir una participación política popular excesiva y defender los intereses de la oligarquía, o bien de las “clases medias”.22 Más pertinentes resultaron los modelos del pretorianismo y el neo institucionalismo. El primero señaló la decisión de los militares para intervenir, como un actor más, en la competencia política. El segundo aludía a una forma específica de esa intervención: introducir cambios institucionales profundos, si se trataba de defender la seguridad nacional.

Ambos modelos están presentes, de manera combinada, en los XX excelentes trabajos de Robert J. Potash y Alain Rouquié, que van más allá de su objeto estricto y proponen explicaciones complejas de toda la historia política del siglo. La obra de Potash23 se caracteriza por la riqueza, solidez y originalidad de su información, buena organización narrativa y explicaciones quizás algo simples. Para Potash, los oficiales de las Fuerzas Armadas adhieren a algunas grandes corrientes político ideológicas –luego de 1955, fueron los “nacionalistas” y los “liberales”–, cuya confrontación explica tanto las disputas internas como las afinidades con diferentes grupos civiles. La intervención militar es sobre todo el resultado de la convocatoria de los políticos, reiteradamente fracasados en su propósito de establecer un régimen legítimo y ordenado.

El planteo de Rouquié24 es más complejo. Coloca a las Fuerzas Armadas en el centro de tres grandes problemas: el de las fuerzas políticas, el de los intereses corporativos y el de las tradiciones ideológicas. Sobre el primero, Rouquié señala que desde 1930 las Fuerzas Armadas se consideran actores legítimos de las contiendas políticas, dispuestas a intervenir en favor de los “vencidos por el sufragio universal”; a la vez, todos los grupos políticos apelaron en algún momento a los militares para revertir un resultado adverso, soñando con “el coronel propio”. La lucha facciosa justificó la recurrente intervención militar, pero a la vez introdujo las divisiones facciosas en el interior de las Fuerzas Armadas. Así, éstas profundizaron los conflictos que decían venir a atemperar, e inyectaron en la vida social dosis crecientes de violencia, como ocurrió con los bombardeos a civiles de 1955, los fusilamientos de 1956 o el Plan Conintes de 1959.

Por otra parte, Rouquié relaciona las intervenciones militares con el conflicto de intereses corporativos en torno del estado: la intervención militar de 1966 se habría propuesto ordenar la lucha de todos contra todos y consagrar la victoria de uno. En el mismo sentido, Guillermo O’Donnell relacionó esa intervención con un proyecto que combinaba acelerada modernización económica y fuerte exclusión social y política, y en relación con las distintas dimensiones del “nuevo orden”, caracterizó de manera esquemática distintas corrientes militares, que denominó paternalista, liberal, nacionalista y autoritaria.25

Rouquié traza una genealogía más extensa y matizada de esas posiciones, e introduce la cuestión de las tradiciones ideológicas. El Ejército de principios del siglo XX se definió como una institución estrictamente profesional, apartada de la política y consagrada a velar por la seguridad del estado. Sobre esa base, explica el desarrollo durante las guerras mundiales de la “ideología del Estado Mayor”, la idea de autarquía y la “doctrina nacional”. Rouquié considera que el peronismo fortaleció esa idea, pero a la vez la debilitó, al introducir la política facciosa; desde 1955, la situación del peronismo proscripto dividió a las Fuerzas Armadas, tal como se manifiesta en la agitada historia política de esos años. Para Rouquié, la cuestión pierde importancia con el advenimiento de la Doctrina de la Seguridad Nacional, que colocó al comunismo en el centro de las preocupaciones. Señala dos vías de implantación de esa doctrina: las escuelas militares estadounidenses y los asesores militares franceses, con experiencia en Indochina y Argelia, vinculados con intelectuales provenientes del integrismo católico.26

Paralelamente, las Fuerzas Armadas hicieron sus aportes a la construcción de una cultura política violenta. Antes de 1955, el uso de la violencia represiva existió pero fue esporádico, aunque la adopción del nacionalismo y su combinación con el catolicismo integral incluyó un elemento virulento: el combate del enemigo entendido como una “cruzada”. Luego de 1955 se utilizaron contra el peronismo prácticas represivas de un nivel superior: los fusilamientos de 1956 o el Plan Conintes de 1959, que generaron la idea de una deuda por “la sangre derramada”. Finalmente, el alistamiento para la lucha antisubversiva introdujo y naturalizó el método de la tortura, único posible –se entendía– para librar una guerra no convencional, contra un enemigo no identificado. El repertorio de instrumentos que las Fuerzas Armadas desplegarán desde 1976 estaba disponible diez años antes.


e. Tradiciones ideológicas y culturales

Dos tradiciones ideológicas se radicalizan en los años sesenta y concurren, combinadas de diversas maneras, a los enfrentamientos de principios de los setenta. Una viene de la tradición liberal y progresista de izquierda y otra de sus antípodas: la reacción antiliberal de matriz católico integrista.

Beatriz Sarlo y Carlos Altamirano han sintetizado el cuadro general, en un texto que constituye una útil introducción al problema.27 El tema del peronismo se ubicó en el centro del debate de los intelectuales progresistas, que en algo más de una década, entre 1955 y 1966, pasaron de las posiciones reformistas iniciales a otras claramente revolucionarias. En el contexto de una rápida modernización cultural y científica, que vinculó a los grupos locales más activos con sus similares de Europa y los Estados Unidos, los renovados discursos intelectuales y culturales quedaron atrapados por el torbellino de la idea revolucionaria y perdieron su especificidad. Sarlo examina los distintos campos. En el de la ciencia, el debate sobre la excelencia en la investigación se deslizó a la discusión sobre el denostado “cientificismo”, la contribución de la ciencia a la dependencia y su eventual aporte a la liberación. En la Universidad –principal foco de la renovación cultural de los sesenta– las discusiones sobre su autonomía, función específica y vinculación con la sociedad –a través, por ejemplo, de la “extensión universitaria”– dejaron paso a visiones más instrumentales acerca de su contribución a la revolución en términos de militancia, concientización y organización de cuadros. Un proceso similar se dio con las artes: el interés por los desarrollos de las vanguardias derivó en cuestiones acerca de la inserción de los artistas en un proceso revolucionario y liberador.

Claudia Gilman28 estudió el doble impacto de la modernización y de la revolución entre un grupo de escritores latinoamericanos, devenidos en intelectuales revolucionarios. Esta prolija monografía se apoya en una minuciosa reconstrucción de fuentes, especialmente la correspondencia que circuló alrededor de la Casa de las Américas en Cuba. Su punto de partida es el “boom de la literatura latinoamericana”, un fenómeno de la crítica y del consumo cultural de masas que convirtió a un conjunto de escritores en un grupo reconocido; su identificación se consolidó por su fuerte solidaridad con la Revolución Cubana y sus estrechas relaciones con la Casa de las Américas. Gilman muestra cómo estos escritores fueron pasando del progresismo al compromiso, y de allí a la adhesión a la revolución como alternativa política para toda América Latina. A la vez reconstruye la pérdida de cohesión del grupo, cuando las posiciones críticas, propias de los intelectuales, chocaron con las exigencias de disciplina y solidaridad estricta por parte del gobierno cubano. Hubo quienes optaron por conservar su independencia, y su buena relación con un mercado editorial que los consagraba, y quienes se definieron como “revolucionarios”, criticaron el “intelectualismo” y afirmaron la necesidad de identificar la vida práctica con los valores proclamados. Se trataba de alinear sus posiciones intelectuales con los imperativos políticos, y también de cuestionar qué y cómo se escribía, cuáles eran las formas y géneros que mejor contribuían a la revolución, y en un extremo –de allí el título elegido por Gilman– también de empuñar el fusil.29

En un estudio que se ha convertido en la principal referencia sobre el tema, Oscar Terán30 ha trazado la trayectoria de un grupo que ilustra otros aspectos de esta transición. Lo denomina, con deliberada indefinición, la franja crítica de intelectuales y políticos de la izquierda. Entre 1955 y 1966 pasaron de integrar el frente antiperonista a organizar la nueva izquierda; muchos de ellos también pasaron de posiciones de “intelectuales críticos” a la de “intelectuales orgánicos” de los partidos armados. Terán señala las estaciones de ese tránsito, hasta las vísperas de ese cambio, en tiempos de Onganía, así como las conexiones con corrientes parcialmente afines, que van convergiendo en un núcleo de convicciones compartidas. En primer lugar, el descubrimiento del problema del peronismo, que es y no es la “clase obrera, es decir el sujeto revolucionario.31 La acelerada modernización cultural está en el origen de esta historia; la hipótesis es aceptada prácticamente por todos quienes han estudiado este período. Pero tal hipótesis plantea a la corriente de izquierda otra pregunta compleja, pues encuentran una tensión entre el avance de la tradición progresista, y su inclusión en el universo cultural de las metrópolis. El marxismo, núcleo organizador de sus convicciones, se encuentra en plena ebullición, abierto a otras tradiciones marxistas –Gramsci,32 Trotzky, Mao– y también al estructuralismo, el “cepalismo”, la “teoría de la dependencia” o el progresismo católico. El tema del imperialismo abre el diálogo con la corriente nacionalista antiliberal, que también se encuentra en proceso de ruptura con sus matrices. La Revolución Cubana instala en ese imaginario común la posibilidad de la revolución y acentúa en todas las interpretaciones fundadas en el marxismo su costado voluntarista. El “trabajador”, sujeto revolucionario por excelencia, ayuda a tender puentes hacia el peronismo, que es la identidad política, no necesariamente definitiva, de los trabajadores reales. A fines de 1960, subraya Terán, todavía no se trata del “guerrero”: la adhesión al modelo cubano es más genérica que estricta. Sin embargo, ya está instaurada la idea de que la democracia es parte del liberalismo burgués que opera como velo de los auténticos intereses del trabajador; su eliminación –operada por la dictadura militar de 1966– es en definitiva beneficiosa para su causa. Mientras este grupo de intelectuales y políticos se radicaliza, la dictadura de Onganía, respaldada en el núcleo autoritario y tradicionalista, achica las diferencias del campo contestatario y lo prepara para su lanzamiento a la acción en los años setenta.33

Silvia Sigal,34 que traza un recorrido similar al de Terán, agrega a este complejo grupo a los intelectuales nacionalistas que en los años 1960 realizaron un aporte sustantivo a la “izquierda nacional”. Hernández Arregui, Jauretche o J. M. Rosa aportaron las ideas sustantivas del bagaje nacionalista tradicional: una elite ajena a la tradición nacional, y una historia de luchas del pueblo por su liberación. Agregaron dos elementos novedosos: el del imperialismo económico y la relación entre la cuestión nacional y la popular. Era fácil que se encontraran con quienes, desde el marxismo, descubrían la importancia de la cuestión nacional y del peronismo; el “pueblo peronista” permitía salvar el hiato entre pueblo y clase obrera. Así, la “izquierda nacional” fue uno de los cauces mayores en la confluencia de distintas tradiciones contestatarias.

Sigal relativiza la cuestión de la subordinación de los intelectuales a la lógica política, señalada entre otros por Gilman; no ve en ello la desaparición del intelectual sino por el contrario, su culminación. El camino iniciado en los sesenta culmina en los setenta con “la primacía de la política”: la supresión de las mediaciones sociales e institucionales; lo que queda es la soberanía de la idea y la “ilusión de la política”: devenidos en políticos, los intelectuales pueden hablar y actuar sin trabas, en nombre de alguna Razón: la marxista, la peronista, la católica.

La Razón católica –como se verá, fue muy importante en la conformación de Montoneros, el principal partido armado de los setenta– remonta al integrismo católico de los años treinta, estudiado por Loris Zanatta, cuyas obras han modificado sustancialmente la interpretación de esta corriente de pensamiento.35 Zanatta ha mostrado que el mito de la “nación católica”, elaborado por entonces, incluye una historia –la Argentina ha sido esencialmente católica–, una propuesta: reorganizar el estado y la sociedad de acuerdo con los principios cristianos, y una virulenta crítica al estado liberal, juzgado caduco, y a la sociedad moderna, fuente de infinitos males. Es la doctrina de una Iglesia militante y triunfante, que se expande en su organización y avanza sobre frentes variados: la educación, el mundo de los trabajadores y principalmente el Ejército, al que catequiza con éxito y conquista casi definitivamente. Sus huestes se organizan con espíritu de cruzada: tal la función de la Acción Católica; la violencia verbal apenas contiene la violencia física, juzgada legítima. Por esa vía, la militancia católica encuentra en los años treinta y cuarenta múltiples puntos de contacto con distintos grupos nacionalistas, que han llegado al mismo lugar por influencia del fascismo.

Para Zanatta, el golpe militar de 1943 constituye el momento culminante de esta corriente; luego, la experiencia peronista es ambigua –las ideas totalitarias del peronismo sólo coinciden en parte con las de la Iglesia– y termina siendo negativa. Luego de 1955 la historia es mucho menos lineal.36 El núcleo católico integral mantiene sus posiciones en la Iglesia y conserva su influencia, particularmente en las Fuerzas Armadas; con Onganía, puede sustentar en 1966 una tentativa de reorganización de la sociedad en términos corporativos y tradicionalistas, e incluso legitimar la represión en 1976, en nombre de la “nación católica”. Por otra parte, en una vasta zona del catolicismo –laicos y eclesiásticos– se instala un malestar, que el Concilio Vaticano II consagra; abarca desde cuestiones litúrgicas o pastorales a problemas como la inserción de la militancia católica en los conflictos de la sociedad, e incluye la relación entre un cristianismo que se quiere renovar y el “pueblo peronista”. El desarrollo de esta tendencia se hará manifiesto luego de 1966, y se analiza más adelante.

La etapa anterior a 1966 está todavía poco estudiada: la movilización católica contra Perón de 1954, la transferencia de esa militancia a grupos nacionalistas, como los del periódico Azul y Blanco, la experiencia movilizadora de las campañas en defensa de la enseñanza “libre” en 1958.37 Particularmente importante es el grupo Tacuara, que fue una especia de estación para militantes nacionalistas católicos que luego tomaron rumbos diferentes y hasta notoriamente opuestos, pero que sin embargo tenían una matriz común en una cultura política que valoraba la violencia.38 En suma: la matriz católica aporta a distintos bandos políticos una similar tradición; ésta combina el catolicismo integral, la militancia y la acción regeneradora, que incluye la violencia como uno de sus recursos.


La violencia política, 1968-1976

A partir de 1968 se produce un vasto movimiento de contestación social, que desborda las instituciones que regularmente habían actuado como mediadoras; el ciclo se cierra con el golpe militar de 1976 y el lanzamiento sistemático del terrorismo de estado. En el marco de ese proceso, la violencia se instala como una de las alternativas políticas y se constituye en un recurso normal y socialmente aceptado. La movilización social alimentó las organizaciones político-militares; pero también la energía social se canalizó tras la alternativa electoral abierta por los militares en 1971, que culmina con las elecciones de los presidentes Cámpora y Perón, en 1973 y la redefinición del escenario global. Ese año marca, entonces, una división en este ciclo de movilización social y violencia política.39 Consideraremos en primer término tres explicaciones generales, que ponen el acento en diferentes perspectivas de análisis, y luego examinaremos cada una de las cuestiones por separado.


a. Tres visiones generales


Para Marcelo Cavarozzi,40 que en 1983 examinó la cuestión desde la perspectiva del sistema político y sus actores, se trató de una crisis de la dominación social, que abrió una etapa, breve pero convulsiva, de movilización autónoma de la sociedad, más allá de sus mediadores naturales. Estas mediaciones –sindicatos, partidos y otras organizaciones corporativas– habían sido sistemáticamente debilitadas por la dictadura de Onganía, que debilitó incluso la mediación militar, puesto que apartó a las Fuerzas Armadas de la conducción política. Esto último explica la crisis interna del régimen militar así como su lenta y poco eficiente respuesta a las manifestaciones iniciales de disconformidad, que luego del Cordobazo se transformaron en una crisis general. En muchos ámbitos sociales se impugnó todo tipo de autoridad, de mando y de deferencia, se cuestionaron las normas y los sentidos que regulan la acción social, afloraron “dosis de sentido autogenerado”, que expandieron y potenciaron conflictos previos, corporativos y políticos, hasta entonces relativamente contenidos. Cavarozzi no incursiona en los mecanismos internos de este proceso, considerado una anomalía o disfunción. La salida de la crisis, a partir de 1971, consistió en una “reabsorción” de la movilización, una normalización, y fue obra de actores conocidos, con objetivos y lógicas propias: Perón, los partidos políticos, las corporaciones sindicales y empresarias e inclusive las organizaciones guerrilleras, aquí consideradas como un actor externo a la sociedad movilizada.

En 2001 Carlos Altamirano41 centra su explicación en el exacerbado espíritu revolucionario de esos años, un fenómeno epocal consistente en una predisposición del conjunto de los actores sociales para pensar en “cambios de estructuras” que producirían un gran salto colectivo. La índole del texto –una historia de las ideas– explica en parte una singularidad: circunscribir el imaginario revolucionario a la experiencia de los intelectuales. Una idea impregna los discursos de la época, referida a tres cuestiones distintas: un salto en el desarrollo capitalista, un salto hacia una alternativa no liberal de organización social y política o un salto hacia la liberación nacional y social. Las tres alternativas contemplan dos problemas, que resuelven de maneras distintas: la integración del peronismo y la alineación argentina en el mundo de la Guerra Fría. Desde esta perspectiva, Altamirano puede poner en un contexto común dos revoluciones muy diferentes. La del general Onganía –el golpe de estado de 1966 autodenominado “Revolución Argentina”– combina el salto capitalista y la revolución comunitaria con la adopción de la doctrina de la seguridad interior y el alineamiento en el mundo occidental y cristiano. La “otra revolución” articula la corriente radical del cristianismo social antiliberal con la tradición de izquierda en sus distintas variantes: ambas coinciden en su caracterización del “pueblo peronista” como sujeto revolucionario para el socialismo liberador.

En un texto en el que diseña un ambicioso proyecto de investigación, María Cristina Tortti42 propone en 1999 estudiar la formación de un nuevo sujeto, a caballo entre dos condiciones: movimiento social y actor político. La nueva izquierda se encuentra en estado de emergencia, y se caracteriza por la heterogeneidad, tanto en su conformación social como en sus posturas ideológico-políticas. Inicialmente domina la lógica de la agregación: la convergencia de distintas tradiciones y experiencias políticas, que confluyen en torno de un lenguaje y un estilo político comunes; su identidad se fortalece tanto por la autopercepción como por la atribución: son “el pueblo revolucionario” o “la amenaza”. Las distintas formas en que se manifiesta la nueva izquierda –desde la pueblada hasta la guerrilla– corresponderán a algún modo de elaboración de su propia experiencia. Es sugerente su propuesta de examinar las distintas formas de movilización y organización generadas por la conflictividad social y su expresión política, un terreno de fronteras difusas y determinaciones múltiples, ajeno a cualquier explicación unilineal. Sin embargo cabe señalar en su uso de nueva izquierda –en parte un concepto operativo, en parte lo que Williams llamó una “estructura de sentimiento– una tendencia a considerarla un objeto de existencia real, de rasgos plenos y definidos, y también a privilegiar el examen de los componentes militantes por sobre los movimientos sociales.

Según Tortti, desde 1971 comienza “el desvío”. Lo que Cavarozzi llama la reabsorción, privilegiando la intervención de actores externos, es examinado por Tortti –desde la perspectiva de la nueva izquierda–, en términos de un doble fracaso, que incluye tanto la opción por la guerrilla cuanto la adopción de la salida electoral tras la candidatura peronista. Aquí se advierte la huella en el razonamiento de un cierto deber ser, que por otra parte es característico de la mayoría de los escritos sobre este período; desde su propio punto de vista, podría considerarse que la participación electoral le permitió a Montoneros, a través de la JP, una profunda inserción en los movimientos sociales de base. Tortti critica la idea –planteada por Cavarozzi y por muchos otros– de una movilización social capturada por una dirección guerrillera ajena a ella. Sostiene que desde el principio, en el ámbito de la nueva izquierda ese tipo de acción violenta era una de las alternativas. De ese modo, lo pertinente sería indagar qué fue lo que llevó a los movilizados a preferir la opción guerrillera entre otras opciones. Tortti propone dos hipótesis. Una se referiere a la coyuntura: las exigencias perentorias de una definición y la adopción de la salida más sencilla; la otra: la escasa tradición de autoorganización en los movimientos populares, y el largo acostumbramiento a la acción providente del estado.


b. El Cordobazo

La movilización popular del 29 de mayo de 1969, que durante dos días colocó a la ciudad de Córdoba fuera del control de las autoridades, es habitualmente considerada el punto de partida de la agitación social que se prolonga hasta 1976. Un mes después, cuando todavía duraban sus ecos, fue asesinado Augusto T. Vandor, el principal dirigente sindical argentino. No hay razones para establecer vinculaciones reales entre ambos episodios, pero vistos en perspectiva, parecen delimitar el arco de lo ocurrido en aquellos años extraordinarios.

Podría pensarse en un momento fundacional distinto, en 1968: la creación de la CGT de los Argentinos, más radicalizada que la oficial, o las movilizaciones estudiantiles en distintas ciudades del país, con su secuela de represión y muertes, o un episodio del campo cultural, como la muestra plástica “Tucumán Arde”, que buscaba insertar la vanguardia artística en la contestación política. Todo ello podría indicar que ya desde antes de mayo de 1969 la historia había empezado a moverse aceleradamente. Y sin embargo, desde el mismo momento en que ocurrió, la jornada del 29 de mayo fue considerada como el inició, quizá mítico, de una nueva etapa de la movilización social. Era un hecho trascendente y singular, a la espera de que se le atribuyera su significación;43 fueron múltiples y variadas, especialmente porque los militantes y activistas se esforzaron por colocarlo en el comienzo de un proceso cuyo sentido cada uno de ellos querían definir con la acción y el discurso. La historia del Cordobazo es, en buena medida, la del sentido que se le ha atribuido.44

Los primeros análisis, producidos casi de inmediato, fueron de corte académico; según la tradición dominante por entonces, se trataba de lecturas, casi sin mediaciones, de lo político a partir de las estructuras y los grandes procesos sociales. Juan Carlos Agulla lo ubicó como un episodio del gran proceso de la modernización y la formación de una sociedad industrial, afectado por bloqueos y obstáculos provenientes tanto del gobierno dictatorial y tradicionalista como del centralismo político porteño: ello explicaba el vigor de la contestación, y a la vez sus objetivos en pro de una mejor participación e integración, que según Agulla descartaban la presencia de una perspectiva revolucionaria.45 Francisco Delich, en un libro influyente publicado en 1970,46 señaló la suma de contradicciones que acumulaba el proceso de industrialización cordobesa, en especial el carácter transnacional de las empresas y la dependencia local respecto de los centros de decisión porteños. Los obreros, sujetos principales de la jornada, eran a la vez modernos y superexplotados (en términos marxistas, ello no implica bajos salarios relativos); ausente la burguesía local, y distante la dirigencia sindical nacional, el conflicto se desplegó con virulencia entre el estado y los obreros, quienes sumaron espontaneidad, objetivos propios y conciencia de sus fines.

Esta línea de explicación estructural fue desarrollada y profundizada por los investigadores identificados con el marxismo.47 Por esos años, el grupo del CICSO inicia un estudio sobre las formas de acción de masas;48 parte del análisis de la estructura social argentina sigue, con la clase obrera, su composición e intereses de clase, y finalmente llega a su acción política, cuyas características se deducen, por pasos sucesivos, de las premisas mayores. En este caso, el interés de los sucesos de Córdoba no reside en su especificidad –subsumida en las categorías más generales– sino en su carácter de “eslabón más débil”, de punto de explosión de un tipo de acción de clase que se extendería al resto de la sociedad nacional. Su forma específica, la “lucha de calles”, revela la disolución de las mediaciones y los velos, que permiten la confrontación de los dos actores principales: la clase obrera y el estado.

Estas interpretaciones iniciales, aunque reconocen la importancia de otros actores o segmentos de la sociedad –en particular los estudiantes– privilegiaban la participación del sujeto revolucionario por excelencia: la clase obrera; pero sus características eran más bien postuladas que exploradas. Los estudios realizados desde mediados de la década del ochenta se caracterizaron por tener menos urgencias militantes, menos seguridades en las premisas y una mayor preocupación por la investigación histórica. Todo ello llevó a poner más interés en las circunstancias específicas de la ciudad de Córdoba: el tipo de inserción del sector obrero industrial en una sociedad tradicional y moderna a la vez, el papel de los estudiantes, y también el de otros muchos sectores de la sociedad cordobesa, en algo que, antes que una manifestación cruda de la lucha de clases, era considerado una movilización urbana. Mónica Gordillo y James Brennan –autores de estudios sobre los trabajadores cordobeses que se analizan más adelante– hicieron una reconstrucción minuciosa e interpretativa de las jornadas, subrayando el sucesivo protagonismo de los obreros en las horas iniciales, la sociedad en su conjunto en las horas intermedias, y los militantes y estudiantes en la resistencia final del barrio estudiantil.49

Sobre esa descripción, Juan Carlos Torre50 vio en el Cordobazo una jornada en la que se cruzaron dos actores con diferentes tradiciones, experiencias y horizontes. Por una parte, los trabajadores de la “resistencia”, un concepto que remite al ya citado Daniel James: militantes sindicales peronistas, movilizados por la proscripción y la reorganización capitalista, que desbordaron los límites de una dirigencia sindical en crisis para expresar en puridad el interés de clase. Por otra parte, estuvieron los jóvenes, una categoría social en emergencia, caracterizada por la falta de todo compromiso con el pasado, la impugnación moral de la política y la búsqueda de referentes absolutos: el pueblo, Perón, la acción armada y hasta la muerte. Luego del Cordobazo, concluye Torre, ambos componentes se escinden y siguen trayectorias diversas.51


c. Activismo sindical y clasismo


Con el Cordobazo emerge una antigua y soterrada tradición local de sindicalismo combativo e independiente, que desde entonces tiene un importante desarrollo. En trabajos académicamente rigurosos –que no abundan en estos temas– Mónica Gordillo52 reconstruye su trayectoria entre 1955 y 1969, y subraya la importancia que en esa tradición tuvo el peronismo; la referencia no es habitual, y ha sido confrontada desde la tradición política y académica de izquierda.53 En esa línea, otra singularidad cordobesa es el peso del llamado “verticalismo” –los que se proclaman fieles a Perón y se enfrentan con los dirigentes sindicales nacionales– que termina fortaleciendo la independencia de las direcciones locales. Gordillo destaca otros factores que explican esa independencia: el tradicional antiporteñismo cordobés y el escaso peso de las direcciones sindicales nacionales, debido a lo reciente de la formación del sector obrero. Por otra parte, las empresas alentaron las negociaciones por empresa, al margen de los convenios nacionales, con lo que también reforzaron la independencia de las direcciones locales. Finalmente, el clima político y cultural de Córdoba, donde la confrontación entre sectores tradicionales y modernos es muy fuerte, agrega un impulso a los trabajadores para trascender las reivindicaciones estrictamente gremiales. Todo fue conformando un sindicalismo independiente, y a la vez abierto y democrático.

Otro libro excelente por su rigor, minuciosidad y vuelo interpretativo es el de James Brennan, que reconstruyó los pasos del sindicalismo cordobés a partir del Cordobazo.54 Entre las muchas propuestas que allí nacen, la más singular es la del “clasismo”: la aspiración a construir una forma de organización, de proyección política y de identidad específicamente obreras, alternativas a las del sindicalismo peronista.55 Para explicar esta experiencia singular, Brennan articula distintos niveles de análisis. En primer lugar, la situación laboral en las plantas de las grandes empresas automotrices, Fiat e IKA Renault: las reivindicaciones obreras se referían sobre todo a las condiciones de trabajo, lo que motivó la consigna del control obrero en la planta. Una camada de nuevos dirigentes vinculó con éxito estas reivindicaciones, no atendidas por las direcciones nacionales, con la práctica de la democracia sindical de base. Los pioneros fueron los sindicatos de las plantas de Fiat, SITRAC y SITRAM, que en 1970 y 1971 se convirtieron además en los promotores de una alternativa política para sus representados, la “clase obrera”; la radicalidad de su propuesta política, “ni golpe ni elección, revolución”, los alejó de otras corrientes del movimiento obrero.56 La segunda experiencia, más cautelosa, estuvo liderada por cuadros sindicales provenientes de partidos revolucionarios, que profundizaron los aspectos gremiales de su gestión y avanzaron con más cautela en definiciones políticas que podrían aislarlos de sus seguidores peronistas. Tales fueron los límites del “clasismo”: una alternativa exitosa en lo gremial pero fracasada en lo político.

Otra propuesta política importante en los años inmediatamente posteriores al Cordobazo fue la de Agustín Tosco, dirigente de los electricistas, al que Brennan dedica un interesante estudio biográfico.57 Desde antes de 1969 Tosco se destacaba por su independencia y combatividad; tuvo importante participación en el Cordobazo y luego en el Viborazo, segunda movilización urbana cordobesa, en marzo de 1971. Estuvo varios meses en la cárcel, lo que lo proyectó al escenario nacional; sostuvo un famoso debate televisado con el Secretario General de la CGT, José Ignacio Rucci, y se convirtió en la principal referencia para quienes buscaban una alternativa política para la movilización obrera. Brennan destaca su capacidad para articular relaciones con todos los grupos movilizados por el Cordobazo, desde los peronistas disidentes hasta los clasistas, incluyendo a los estudiantes y a los jóvenes católicos. Sus ideas políticas, que Tosco relaciona con las del Partido Comunista, eran a la vez amplias y precisas: luchar por la liberación nacional y social, sin apelar a la violencia terrorista de las organizaciones guerrilleras. La radicalización política, que se acelera en 1972, lo obligó a precisar sus definiciones: así, se declaró marxista, y también partidario de aprovechar la alternativa electoral. Brennan considera la posibilidad de que Tosco articulara en 1973 un frente político con centro en el sindicalismo combativo, pero esa posibilidad abortó: con la convocatoria electoral, los peronistas, que constituían la amplia mayoría de sus seguidores, optó por seguir a su líder.58

En suma, Brennan y Gordillo coinciden en señalar que las alternativas abiertas por el Cordobazo para la movilización sindical fueron exitosas en su tramo inicial, pero fracasaron al buscar una expresión política. Por otra parte, los reclamos de tipo sindical, asociados con nuevas formas de organización, introducidos por el clasismo, se expandieron por distintos ámbitos del interior, y desde 1973 también en las grandes ciudades del Litoral, cuestionando así el poder de las direcciones sindicales nacionales.


d. Movilización social y politización


La movilización conflictiva de la sociedad, acelerada por el Cordobazo, se manifestó de múltiples maneras y alcanzó los lugares más recónditos de la sociedad. Sobre la base de testimonios de activistas de los setenta, Anguita y Caparrós han realizado una reconstrucción de esta enorme variedad de manifestaciones de descontento social, y de la manera como, bastante rápidamente, se politizaron; este extenso reportaje colectivo constituye una sugestiva introducción a un tema complejo.59 Se trata de un campo de estudio muy amplio, sobre el que sólo existen algunas pocas monografías sólidas y consistentes, de modo que el panorama que se puede trazar de él es parcial y fragmentario.

Puebladas. En los años anteriores a 1973 se produjo una serie de sublevaciones urbanas: el Viborazo (o segundo Cordobazo), los dos Rosariazos, el Choconazo, el Tucumanazo, el Mendozazo, el Rocazo, y otras. Las puebladas afectaron a grandes ciudades, a centros intermedios o, en el caso del Chocón, a una urbanización nueva surgida junto a la gran represa en construcción. Aunque lo más importante en cada caso son las circunstancias específicas, pueden señalarse algunos aspectos comunes: un detonante provoca la movilización de amplios sectores de la sociedad urbana, que culmina con el desconocimiento de la autoridad local o regional; el conflicto se desarrolla con violencia creciente, y supera los propósitos de los iniciadores, hasta que las autoridades acuerdan con estos, satisfacen parte de los reclamos iniciales y recuperan el control de manera relativamente rápida.

Tales movimientos, de significado difuso, constituyeron una invitación para que intelectuales y políticos les adjudicaran un sentido. En trabajos realizados en 1973, los investigadores del CICSO se preguntaron por la relación entre ese modo de conflictividad social y el desarrollo de la conciencia de clase.60 Como en el caso del Cordobazo, definieron los actores a partir de la estructura social, sus intereses objetivos y sus reivindicaciones. Distinguieron las “puebladas”, meras luchas intraburguesas, de las “insurrecciones populares”, en las que se manifestaba un alto desarrollo de la conciencia de clase: tal el caso de los grandes movimientos, como el Viborazo, el Tucumanazo o el segundo Rosariazo. Estos trabajos, que han influido en varias camadas de militantes de izquierda dedicados a la investigación, se caracterizan por una minuciosa recopilación heurística, que es utilizada para ilustrar modelos de análisis directamente derivados de Marx y Lenin, con escasa preocupación por adecuar sus proposiciones a las circunstancias específicas del caso.

En los años de la recuperación democrática, luego de 1983, fue común entre los estudiosos distinguir entre estos movimientos, espontáneos y no contaminados, y lo que resultó de la injerencia de las organizaciones armadas. Así, se diferenciaba el Cordobazo, espontáneo, del Viborazo de 1971, en el que estuvieron presentes las organizaciones armadas y los partidos de la izquierda revolucionaria, muchos de ellos sólidamente insertados en las organizaciones gremiales. Corrigiendo aquella opinión, en los trabajos de Brennan y de Gordillo61 se subraya la alta politización alcanzada por estos movimientos, antes de que la apertura electoral de 1972 los lleve a reformular posiciones y alianzas.

Estos dos autores han señalado la insuficiencia de los análisis con a priori teóricos muy fuertes, y la importancia de estudiar la dinámica del conflicto y la continua reformulación de identidades y objetivos. También destacaron la diversidad de los conflictos que se cruzan en cada caso, y la pobreza de las versiones que los reducen a un único enfrentamiento. En esa línea, Ana Julia Ramírez62 estudió el movimiento de General Roca, en la provincia de Río Negro, que se inició en el interior de la corporación local de los abogados, por una razón de interés corporativo, y se extendió a la elite política, bajo la forma de la oposición al gobernador. Lo que en otras circunstancias se hubiera dirimido en forma de presiones corporativas, en el contexto de 1972 derivó en una pueblada violenta. Ramírez señala cómo la radicalización de las prácticas, en el contexto revolucionario de los setenta, arrastra a los actores más allá de sus intenciones originales.

Desde otra perspectiva, Mark Alan Healey ubica estos conflictos urbanos en el marco de movilizaciones regionales que afectaron principalmente al interior del país.63 Desde 1955, políticas sistemáticas de desarrollo regional cambiaron los antiguos equilibrios, beneficiaron a algunas regiones –Córdoba, El Chocón– y afectaron a otras, cuyas producciones no se adaptaban al nuevo modelo económico: Tucumán o el Nordeste. Estas transformaciones agudizaron la conflictividad social, ya fuera porque pusieran en evidencia las condiciones de explotación, como ocurrió en las zonas modernas, o porque la crisis de la actividad económica central afectó de uno y otro modo a todos los sectores de una región. Healey agrega variables más específicas: la debilidad de las organizaciones e instituciones mediadoras, como los agentes estatales o las organizaciones sindicales, de implantación menos densa en zonas periféricas. Los estudiantes universitarios, que tenían sus propios motivos para la movilización, a menudo suministraron el impulso inicial para estas manifestaciones, mientras que los católicos vinculados al movimiento tercermundista operaron como dirigentes y activistas, a menudo más eficaces que los tradicionales de la izquierda.64 En todos los casos, muestra Healey, fue la acción represiva del gobierno militar primero, y la apertura electoral después, lo que vinculó estos movimientos sectoriales –cada uno con su peculiaridad– con propuestas políticas más generales.

Otra dimensión del problema se manifiesta en los asentamientos marginales urbanos, conocidos genéricamente como “villas de emergencia”. El fomentismo, que se desarrolló con facilidad, enfrentó problemas serios luego de 1966, debido a la abundancia de planes de erradicación de esos asentamientos. Por otro lado, los contactos con agencias estatales fueron múltiples, y tiñeron la gestión ante las autoridades de contenido político. Finalmente, esos asentamientos fueron uno de los campos de trabajo más valorados por militantes de distinto tipo, desde los sacerdortes tercermundistas hasta las organizaciones políticas. Se produjo así un proceso de politización de las demandas fomentistas, evidente en 1972, cuando la Juventud Peronista se implantó firmemente en un ámbito que suministraba militantes para la “política de calles”. Se trata de un proceso mal conocido, que Alicia Ziccardi ha estudiado en su tramo final, correspondiente al gobierno peronista.65

Juventud. En el análisis de la movilización social de esta década es recurrente el tema de la juventud, tanto por las características etarias de muchos de los activistas y partícipes –aunque no de todos– cuanto por la relación entre la contestación política y otras formas más comunes de contestación. Alejandro Cattaruzza se interroga –en una propuesta de investigación–66 por la relación entre ese fenómeno general de la cultura juvenil de masas, ligada en el mundo occidental a la constitución de la juventud como actor social, y sus específicas manifestaciones argentinas; en particular, con el activismo político que fue característico de los años sesenta y setenta. ¿Cómo procesan los jóvenes, qua jóvenes, los estímulos de la época? ¿Cómo se reúnen, en un espacio vasto y contradictorio, una pluralidad de motivos, prácticas y valores heterogéneos, provenientes tanto del campo cultural como del más estrictamente político? Para el autor, ellos son unificados por una serie de ideas genéricas comunes: el carácter injusto del “sistema”, que está fundado en la violencia y sólo puede modificarse mediante la acción colectiva; la imbricación de lo individual con lo colectivo y, finalmente, una manera de considerar las cuestiones, enfocándolas desde la periferia o desde abajo, y no desde el centro sistémico. En suma, se trata de lo que ha sido llamado un imaginario revolucionario. ¿Hasta dónde es específicamente juvenil? Probablemente el corte juvenil se manifieste principalmente en la libertad para combinar, en torno de ideas tan generales, elementos procedentes de las más diversas matrices ideológicas y políticas.

Con menos preocupaciones teóricas y más facilidad para la reconstrucción vivencial e impresionista, Sergio Pujol67 ha analizado el sector de la juventud más vinculado con la cultura alternativa, que al menos en forma analítica puede distinguirse del primordialmente politizado. Utiliza una manifestación cultural –el rock– para señalar etapas, diferencias y articulaciones problemáticas: el rock se transforma en rock nacional, y alrededor se desarrolla una jerga y un lenguaje específicamente juveniles. Pujol distingue tres etapas. La primera, entre 1955 y 1966, de emergencia del segmento juvenil, en el contexto de la modernización social y cultural. La segunda corresponde a su definición como grupo rebelde y contestatario, en parte como respuesta a la condena y persecución posterior a 1966, que crea el estereotipo del hippie. En esta época el rock nacional se constituye en un elemento identitario central. Desde 1973, junto con una efímera mayor libertad, producto del levantamiento de la censura, la politización se instala en el ámbito de la cultura contestataria, y las diferencias señaladas al principio se convierten en objeto de debate. Sus términos recuerdan al de otros debates culturales. ¿La cultura juvenil debe centrarse en un desarrollo estético autónomo o debe comprometerse en las luchas por la liberación (una palabra que resume las distintas formas de compromiso político)? La discusión es similar a la que se desarrolla en otros ámbitos de la creación artística, masiva o de elite. En este caso se discute si las letras deben contener un “mensaje”; cuál ha de ser la relación entre el creador –autor/intérprete– y la industria cultural; cuál ha de ser su relación con el público, pues –como en otros campos– se pretende eliminar las distancias y transformarla en una relación de pares.

Vanguardias artísticas. Una forma similar de politización se manifiesta en las vanguardias artísticas. El camino es parecido al recorrido por los escritores, señalado antes. El Instituto Di Tella combinó la apertura a las nuevas corrientes del arte internacional con el patrocinio de los grupos locales de vanguardia, y se convirtió en la expresión más acabada de la modernización cultural de los sesenta. John King68 ha señalado una tensión entre las manifestaciones artísticas no convencionales, que se desarrollaban en el campo de las artes visuales y del teatro, y los primeros ensayos de un arte de vanguardia vinculado con los problemas políticos. El Di Tella fue hostigado por el gobierno de Onganía, que vio allí reunidas las manifestaciones más perversas de la modernidad. Pero simultáneamente, una parte sustantiva de la vanguardia artística decidió profundizar su compromiso con el proceso político revolucionario que empezaba a anunciarse. Esto suponía encontrar nuevas formas de enlazar la creación artística con el compromiso político; pero en primer lugar, romper con las instituciones artísticas existentes, y sobre todo con el Di Tella, en el que ahora veían una manifestación de la sociedad burguesa y el imperialismo.

Longoni y Mestman han analizado en detalle la experiencia, breve, intensa y a la vez expresiva de las limitaciones del intento, ocurrida en 1968.69 La ruptura con el Di Tella y otras instituciones se hizo con métodos que a la vez potenciaban las experiencias artísticas disruptivas –como los happenings– y las enlazaba con las nuevas formas de la lucha contestataria. Propusieron realizar una obra de arte colectiva, de carácter violento, que habría de tener efectos políticos contundentes, pues como señala A. M. Giunta, la convicción acerca de la eficacia de su acción no era menor en este grupo.70 Sus resultados desilusionaron, pues de inmediato muchos de los involucrados decidieron buscar otras formas más eficientes de militancia. Longoni y Mestman subrayan precisamente que estos artistas no alcanzaron el delicado punto de equilibrio entre las exigencias de la práctica artística y las de la militancia política. En los años siguientes, a medida que la acción política se hacía más intensa, las intervenciones de los artistas, desentendidas de la sutileza vanguardista, profundizaron su dimensión de denuncia.71

Vanguardias académicas. Un proceso similar se produce en el campo académico universitario. La violenta intervención militar de 1966 (la “noche de los bastones largos”), que puso fin a un exitoso período de renovación académica y científica en las universidades, profundizó y radicalizó las tendencias a la politización y el compromiso político, que eran críticas de lo que denominaban “cientificismo”. Entre 1966 y 1973 la movilización de los universitarios –los estudiantes y algunos de sus profesores– fue tanto o más intensa que la del resto de la sociedad.

Lucas Rubinich72 estudió la experiencia de las “cátedras nacionales”, un conjunto de equipos docentes de orientación peronista, constituido desde 1967 en la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Para este autor, antes que de un grupo académico se trató de una formación cultural de vanguardia, que en lugar de legitimarse ante los científicos o académicos, buscaba como referente a los estudiantes. Estos jóvenes protagonizaban una rebelión pedagógica contra las formas autoritarias de la enseñanza, y una politización que los acercaba al peronismo o a alguna de las formas del marxismo. Estas “cátedras nacionales” abrevaron en los ensayistas y pensadores de extracción nacionalista, revisionista y peronista. También fue su guía el célebre texto de F. H. Cardoso y E. Faletto sobre la dependencia. Para Rubinich, en su opción por tales fuentes no pesaron criterios de validez académica o científica, sino la convicción de que en tales autores podían encontrar respuestas eficaces para la acción política. Porque para esta vanguardia cultural la ciencia se legitimaba por su eficacia política: antes que construir una nueva institución, se procuraba ligar de manera directa los saberes profesionales con la práctica política revolucionaria. Sin embargo, al igual que las vanguardias artísticas, esta politización no renegó de sus raíces académicas, hasta que la situación de 1973 –luego del triunfo de Cámpora– obligó a muchos de ellos a opciones políticas más contundentes.73

La radicalización política también se manifestó en otros grupos de profesionales universitarios, que de un modo u otro cuestionaron tanto el empleo de sus saberes como las estructuras profesionales en que los desarrollaban. La Asociación Psicoanalítica Argentina, quizá la más sólida de las organizaciones profesionales, sufrió en 1972 la escisión de los grupos Plataforma y Documento; B. Sarlo74 señala la confluencia de tensiones profesionales –fuertes en una institución rígidamente jerárquica, como la APA– con la convicción de muchos de sus miembros de que la promesa liberadora del psicoanálisis freudiano podía aportar al proceso de transformación social, si se removían los bloqueos puestos por una institución “de clase” como la APA.

Un eco de esta agitación en el universo terapéutico es registrada por Mauricio Chama en su estudio sobre el Hospital Neuropsiquiátrico Melchor Romero.75 Se trata de un trabajo ejemplar, que permite seguir en un ámbito microsocial el proceso de politización de esos años. Un grupo de psicólogos inicia, en una de las salas del Hospital, un Taller de Expresión Plástica que permite ensayar nuevas relaciones entre los internados y sus terapeutas. El grupo expande su experiencia y a la vez reflexiona sobre ella, a la luz de las corrientes críticas de la psiquiatría y las nuevas orientaciones del campo psicoanalítico. Lo que empieza a llamarse una “comunidad terapéutica”, con sus “grupos” y sus “asambleas”, constituye para Chama una experiencia de democracia participativa, en sintonía con muchas similares en esos años: en esos ámbitos reducidos pero visibles, se redefinen las relaciones entre pacientes y terapeutas. Desde 1970 se agrega otra práctica, la lectura colectiva de los diarios, que implica, en esta escala, el salto a la politización señalado para otros ámbitos. Finalmente crean un club, con lo que los pacientes logran una organización propia, separada de la institución, y editan un periódico, que incluye fuertes críticas a la organización del Hospital. Aquí se llega a lo que Chama llama “el límite de lo posible”: el experimento empieza a cuestionar la autoridad de la propia institución, que reacciona y pone fin a la experiencia. En 1973, en los días de Cámpora, un Frente de Trabajadores de Salud Mental –que organiza, de manera no jerárquica, a médicos, psicólogos, enfermeros y empleados– reclama un cambio de autoridades y “toma” las instalaciones; un pico de la movilización que antecede lo que fue el común final de todas estas experiencias.76

Mauricio Chama ha estudiado otro grupo de profesionales: los abogados, en el texto que se incluye en esta publicación (“Movilización y politización: abogados de Buenos Aires entre 1968 y 1973”). La Asociación Gremial de Abogados se funda y crece con la politización del final de los sesenta; la defensa de los presos políticos, en el contexto de la creciente represión, constituye una causa que vincula un saber profesional con valores universales. Progresivamente, a medida que la politización avanza y las opciones se hacen más categóricas, se manifiesta la tensión entre los criterios, formas de acción y principios provenientes del campo profesional y las nuevas exigencias que impone la militancia, lo que termina suprimiendo las diferencias entre estos abogados y otros miembros de las organizaciones a las que defienden.77

Católicos y eclesiásticos. Sometido a los sacudones internos derivados del Concilio Vaticano II y a las incitaciones ideológicas y políticas del país y el mundo, el universo católico se movilizó intensamente a fines de los sesenta. El activismo católico desbordó las organizaciones tradicionales, y diversos grupos de laicos, generalmente jóvenes, acompañados por sus asesores espirituales, se lanzaron a la búsqueda del “pueblo”, en las fábricas, las villas o las zonas rurales. En suma, se trató de una dimensión del más vasto movimiento social. Lo singular estuvo en el proceso de búsqueda de su propuesta política, un campo sobre el que contamos apenas con análisis parciales y sectoriales.

Beatriz Sarlo78 ha estudiado el “diálogo entre marxistas y cristianos” de principios de los años sesenta, y distingue un “momento filosófico” y otro “teológico y político”. En el filosófico inicial, ambas partes buscan traducir los principios del otro en sus propios términos; ambas doctrinas serían complementarias: una habla de la dimensión social y otra de la dimensión individual de la liberación. Desde 1966, encuentra Sarlo, se pasa a la segunda fase, potenciada por el mensaje del CELAM en Medellín de 1968. La opción por los pobres, la liberación en este mundo y la revolución son los nuevos términos del discurso católico. Merced a su encuentro con el marxismo, pero sin subordinarse a él, el catolicismo ha encontrado su lenguaje político: el de la denuncia. También, su instrumento: la violencia popular, legitimada por la previa violencia de las estructuras. Se trata de un punto importante, puesto que los sectores más tradicionales de la Iglesia harán hincapié en que la violencia es ajena a la tradición auténticamente católica.

Loris Zanatta79 encuentra en estas línea el trasvasamiento en nuevos moldes del viejo integrismo católico. Quienes adhieren al Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo consideran –como sus predecesores de los años treinta– que su misión es redimir a la sociedad de su pecado –un orden social injusto–, y adecuar el orden terrenal al revelado. Para Zanatta, este es el resultado de una singular lectura de las discusiones del Concilio: mientras que en Europa se acentúa la idea de la afirmación de la persona en el contexto de una sociedad pluralista y liberal, en América Latina se subraya la idea de la participación activa de la Iglesia en la construcción de una sociedad cristiana. Esto permite una transferencia de lealtades; quienes antes habían adherido a las consignas del catolicismo integral acerca de “instaurar a Cristo en todas las cosas”, pueden apoyar las nuevas posturas tercermundistas, con sólo renunciar, al menos transitoriamente, a la poderosa palanca del estado y los poderes establecidos y apelar a las fuerzas que la propia sociedad pueda movilizar. De este modo, el nuevo catolicismo hereda del viejo su espíritu de cruzada y su convicción acerca de los méritos intrínsecos de un cambio conducido por una violencia que llama redentora.80

Respecto de los Sacerdotes para el Tercer Mundo, José Pablo Martín81 ha destacado el pasaje de una posición inicial de denuncia, a una militancia política cada vez más definida. Fundado en 1967, reunió a sacerdotes involucrados en distintos tipos de servicio social y activismo, y llegó a congregar, según estima Martín, hasta el 10% del clero. Comenzaron con críticas y actos de protesta contra el gobierno de Onganía; en 1969 se definieron por el socialismo y la revolución; en 1970 apoyaron al peronismo revolucionario y desde 1972 muchos de ellos adhirieron al peronismo de Perón, en un proceso que fue acompañado de un creciente involucramiento en cuestiones públicas. Ello a costa de fuertes discusiones internas, que culminaron en la fractura, hacia 1973.82

Zanatta ha insistido en la necesidad de no perder de vista el conjunto de la institución eclesiástica que, amenazada por una grave división, ensayó estrategias de reconstrucción de la unidad y la jerarquía. El sector más tradicional, compuesto por la mayoría de los obispos y un sector del laicado que acentuaba el perfil espiritual de su militancia, condenaron duramente a los renovadores. El conflicto intraeclesial y el político más general se alimentaron recíprocamente, y fueron instalando en el interior de la Iglesia el clima de guerra civil que estallaría en 1976. Este clima se habría potenciado por otra división: la que enfrentó a los obispos renovadores con el clero castrense, el sector más afín con los militares, que a juicio de Zanatta constituyó la verdadera “Iglesia alternativa”.

Otros grupos empezaron actuando en el seno del laicado católico y terminaron apartándose, sumergidos en el torbellino de los setenta. Es el caso del formado alrededor de la revista Cristianismo y Revolución, que estudió Laura Lenci.83 Su fundador, Juan García Elorrio, era un ex seminarista, militante de distintos grupos juveniles católicos. La revista apareció en 1967;84 en los números iniciales se ocupó bastante de cuestiones relativas al cristianismo: el papel del laicado, el compromiso con el pueblo, las acciones de sacerdotes contra la jerarquía. Pero progresivamente los temas de la revolución fueron ganando espacio: Cuba, John William Cooke, el peronismo revolucionario. En octubre de 1968 el Che y Perón compartieron la tapa de la revista; desde entonces, señala Lenci, el horizonte de los lectores implícitos se expandió, abarcando a todos los grupos contestatarios. En 1970, luego de la muerte de García Elorrio, la revista acentuó su politización, involucrándose fuertemente con Montoneros –varios de sus fundadores habían militado en la revista–, y en la reivindicación de su acto inicial: el asesinato del general Aramburu. El tránsito de la crítica intelectual a las formas más radicalizadas de la política significó, en poco tiempo, el fin de la publicación, que dejó de aparecer en 1971, quizá porque sus redactores asumieron plenamente el compromiso revolucionario, quizá, como sostiene Lenci, porque no sabían adaptarse al escenario político abierto a partir del Gran Acuerdo Nacional.


e. Las organizaciones políticas y sus propuestas

De la izquierda a la nueva izquierda. La movilización social y la radicalización de signo revolucionario confluyeron en la formulación de propuestas políticas. Se trata de un proceso tan complejo como confuso, en el que las versiones militantes coexisten con la reflexión rigurosa. Uno de los ejes de la cuestión es la disgregación de los dos partidos que tradicionalmente reivindicaban la representación de la clase obrera –el Socialista y el Comunista– y la constitución de nuevos agrupamientos –la llamada nueva izquierda–, que de un modo u otro se definieron en relación con el peronismo.

Carlos Altamirano ha señalado las líneas generales de este pasaje.85 Desde 1955, en el campo de la izquierda cultural y política los sectores críticos cuestionan sus posiciones ante los trabajadores, cuya identidad peronista es inconmovible; se trata además del catalizador local de la crisis mundial del pensamiento marxista. Estos grupos de la nueva izquierda buscan dar una explicación diferente de las condiciones históricas del surgimiento peronista y demarcar un terreno para la intervención eficaz de nuevas construcciones políticas. Es característica su preocupación por reconstruir la historia del peronismo, pues allí se deposita la verdad acerca de su naturaleza; por otra parte las versiones encontradas de ese pasado fundamentan las divergencias entre las distintas facciones o sectas de la nueva izquierda.86 La historia contiene también la clave del futuro del peronismo, que de la mano de sus nuevos intérpretes devendría de alguna manera en socialismo. Tales seguridades provienen de la fe, aún intacta, que estos intelectuales tienen en el gran relato marxista, renovado respecto de la versión anquilosada del Partido Comunista pero sustancialmente fiel a los principios: su preocupación es encontrar el lugar preciso del peronismo en ese relato, cuyo actor fundamental sigue siendo la clase obrera. Altamirano señala que el marxismo brinda una segunda clave para explicar la defección o traición de los antiguos partidos de izquierda: sus militantes y dirigentes provienen históricamente de la “pequeña burguesía”, un sector social fuertemente culpabilizado en esa tradición, que en la Argentina ignoró el peronismo y se convirtió en la base de maniobra de los movimientos antipopulares. Se trata de una culpa redimible, si estos sectores se proponen reencontrarse con el pueblo incorporándose al peronismo.

Para explicar la transformación de la izquierda, María Cristina Tortti subrayó en varios trabajos la importancia de la Revolución Cubana, en su singular combinación con la cuestión peronista. Sobre todo, señaló los límites de los análisis circunscriptos a lo ideológico y cultural, comunes en este terreno, y destacó la importancia de la reconstrucción de las organizaciones políticas, su fragmentación y reagrupamientos: hacia 1969, cuando comienza el proceso de movilización social, los grupos políticos ya estaban listos para operar como referencia para el activismo social. Tortti ha estudiado los partidos Socialista y Comunista,87 que entre 1955 y 1962 experimentan esa fragmentación de modos diferentes. En el Comunista, la solidez organizativa y la relativa credibilidad de su propuesta política dejaron un espacio más reducido para los planteos disidentes, que sin embargo se tradujeron en el lento desgranamiento de quienes eran atraídos por la estrategia de la Revolución Cubana o por las ideas neomarxistas, particularmente las de Gramsci.88 En cambio, el Partido Socialista estalló en muchos pedazos; contra el sector antiperonista intransigente, dominante hasta 1955, se formó una coalición de izquierda, pro cubana y con apertura hacia el peronismo, que incluía a dirigentes veteranos pero con una fuerte presencia de los jóvenes. Entre los sectores innovadores de uno y otro partido hubo lugares de encuentro –la revista Che, publicada hacia 1960, o el apoyo de la candidatura senatorial del veterano dirigente socialista Alfredo Palacios en 1961, que se impuso con la bandera de Cuba– pero esa coincidencia constituyó un episodio transitorio, pues la fragmentación y recomposición de los grupos socialistas se profundizó, por las distintas alternativas que surgían del acercamiento al peronismo.89

El panorama de los grupos políticos de izquierda es mucho más complejo, sobre todo si se agrega toda la familia trotzkista,90 pero la bibliografía consistente es escasa. H. Tarcus, J. Cernadas y R. Pittaluga han realizado un balance de la historiografía referida a los partidos de izquierda; junto con un relevamiento amplio se encuentra la constatación de esa pobreza y una propuesta amplia para la reconstrucción historiográfica.91 Horacio Tarcus ha escrito una sólida monografía sobre dos intelectuales que han tenido influencia en el campo de la izquierda de los sesenta y setenta: Silvio Frondizi y Milcíades Peña.92 El texto de Tarcus, de sólida erudición, sobresale dentro de una producción más política que académica, donde las certidumbres a priori son mucho más importantes que el trabajo de investigación. Para Tarcus, se trata de dos casos atípicos: ni “intelectuales orgánicos” de un partido ni “intelectuales comprometidos” independientes; Frondizi y Peña no pertenecen a la vieja izquierda –son fuertemente críticos de esas organizaciones– ni se embanderan con los planteos de la nueva “izquierda nacional”, a la que critican acerbamente. Ninguna de las líneas políticas de los setenta los ha reivindicado como propios, y sin embargo produjeron análisis originales y profundos, que influyeron tanto entre los militantes como en el campo académico.

El peronismo revolucionario. Otro de los ejes de constitución de organizaciones políticas fue el peronismo revolucionario, el sector que desde el peronismo evolucionó hacia posiciones de izquierda o revolucionarias.93 A diferencia de los partidos políticos de izquierda, se trata de un sujeto cuya continuidad y linealidad ha sido más a menudo postulada que demostrada: ¿Se trata de una evolución propia de sectores peronistas o de su progresiva captación por grupos provenientes de la izquierda? ¿Su motor principal está en el contacto con otras matrices ideológicas o en la elaboración de sucesivas experiencias de confrontación?

Quienes ponen el acento en lo ideológico remiten a la figura de John William Cooke. Para R. Gillespie,94 fue el único ideólogo significativo del peronismo revolucionario. Aunque fue importante su actuación durante la “resistencia”, entre 1955 y 1959, su aporte principal residió en la propuesta de adaptar a la Argentina la experiencia de la Revolución Cubana y estimular la convergencia entre peronismo y guevarismo. Desde 1960 Cooke adoptó el marxismo, pero Gillespie señala dos marcas fuertes provenientes del peronismo, que permitieron la aclimatación de una ideología habitualmente considerada como extraña: la fe en un movimiento revolucionario policlasista, que incluyera a sectores de la burguesía nacional, progresista y antiimperialista, y su matriz nacionalista, que subordinaba los análisis clasistas a la “cuestión nacional”. De la experiencia cubana proviene la convicción de Cooke de que la lucha armada, y en particular el foquismo, constituían la única vía para la revolución en América Latina. Aunque tuvo contacto con muchos militantes –incluyendo los fundadores de algunas de las organizaciones armadas peronistas– antes de su muerte, en 1968, su influencia fue limitada. Desde entonces, sus escritos se difundieron ampliamente –se dice que fue el autor más leído después de Perón– y su prestigio fue notorio en todo el campo del peronismo revolucionario.95

Respecto de los grupos y militantes de ese campo, los estudios existentes son poco convincentes, y en general están sesgados por las experiencias o convicciones políticas de sus autores. Algunos han tratado de demostrar una continuidad entre las acciones de resistencia posteriores a 1955, a las que se hizo referencia más arriba, y las de los grupos constituidos luego de 1966.96 Un texto característico de este enfoque97 trata de mostrar cómo un conjunto de organizaciones y militantes contribuyeron, cada uno a su modo y a veces de manera contradictoria, a la constitución de un peronismo revolucionario que aparece plenamente formado en 1970, con la constitución de las Fuerzas Armadas Peronistas. El punto central de este tránsito es la constitución, entre 1963 y 1965, del Movimiento Revolucionario Peronista. El MRP se nutre con veteranos de la “resistencia” pero utiliza un nuevo lenguaje, en el que se advierte la influencia de Cooke y en general de Cuba. Los adversarios dentro del peronismo empiezan a ser calificados con tono duro e intransigente: la “burocracia sindical”, traidora a Perón; en la misma clave, se empieza a hablar de organizar la acción violenta, y se intenta una primera y chapucera experiencia. Tanto D. James como Gillespie98 –que tratan la cuestión marginalmente– han visto en este Movimiento un episodio tardío del peronismo “duro”, que desde 1955 se opone a los “blandos” o “conciliadores”. A juicio de ambos, el arco de coincidencias entre ambas alas era mucho mayor que el de sus divergencias, que los duros planteaban principalmente en términos morales. Estos sectores pudieron crecer y hacer oír su voz sólo cuando fueron convocados y apoyados por Perón, que los usó como parte de su lucha contra las direcciones sindicales. Gillespie admite que el MRP contribuyó a la supervivencia en la mitología peronista de la figura revolucionaria de Perón –quien adoptaba ese lenguaje cuando deseaba movilizarlos–, pero al igual que James señala la radical novedad del contexto que se abre en 1968, la renovación del elenco de militantes y la dificultad para establecer, en cuanto a las organizaciones y a los dirigentes, una continuidad que en cambio es más fácil de advertir en la táctica y el lenguaje político.


f. Los partidos armados

A lo largo de la década del sesenta, y más intensamente luego del Cordobazo, distintos grupos políticos de la izquierda revolucionaria incorporaron la acción armada violenta como recurso principal. De las varias denominaciones posibles, la más pertinente parece la que usa Carlos Altamirano: “partidos armados”, para dar cuenta de su doble dimensión, política y militar, y de la tensión que ella implicaba. Se trató de un fenómeno general en Latinoamérica, donde el ejemplo cubano fue decisivo, tanto por su concepción general de la toma del poder para acelerar los cambios revolucionarios, como en particular por una táctica violenta: el “foco”, que inspiró los primeros movimientos guerrilleros, como el del Ejército Guerrillero del Pueblo.99 Desde 1970 surgieron muchas organizaciones armadas, algunas de existencia efímera, y hubo un proceso de divisiones y fusiones.100 Finalmente, dos de ellas predominaron entre el conjunto, y absorbieron a las restantes: el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y Montoneros.101 

Ejército Revolucionario del Pueblo. Fue el brazo armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores, que resultó de la fusión y división de distintas agrupaciones trotzkistas y otra genéricamente antiimperialista, con base en el noroeste argentino. En 1970, después de algunos ensayos anteriores, decidieron pasar a la lucha armada y constituir el ERP. En 1973, electo el gobierno peronista, tomaron una segunda decisión importante: continuar con la lucha armada. Sus acciones fueron predominantemente urbanas, y orientadas a la clase obrera; en 1975 intentaron establecer un foco en Tucumán, una zona de agricultura azucarera; en 1976 la organización había sido aniquilada por el Ejército.

La bibliografía existente sobre el ERP ha sido revisada recientemente por Roberto Pittaluga.102 Dos libros, escritos por antiguos militantes o personas cercanas a la organización, tienen mucha información valiosa;103 no obstante, debe recordarse que su preocupación principal –como por otra parte la de la mayoría de quienes han escrito sobre los partidos armados– es realizar una crítica política: explicar por qué fracasaron, qué hicieron mal. Sus temas son el trotzkismo, el militarismo, la inserción en la clase obrera y las masas. Para Julio Santucho, hermano del principal dirigente del ERP, Roberto Santucho, el problema fue el militarismo del PRT, y consecuentemente el abandono de la acción de masas, un error que habrían empezado a enmendar poco antes de su final, con la constitución del Frente Antiimperialista para el Socialismo (FAS), que aspiró a presentarse en las elecciones de octubre de 1973. Luis Mattini, que fue uno de sus principales dirigentes, retoma el tema de la maduración trunca: en 1975 el ERP se propuso abandonar el “lastre” de su trotzkismo inicial y llegar a ser el partido marxista leninista del proletariado. Fracasó por sus errores: escasa formación ideológica, errónea caracterización de la situación social, sobrevaloración de la guerra revolucionaria y escasa valoración de las posibilidades de la coyuntura democrática de 1973. Pese a esas deficiencias, constata el fuerte crecimiento de la organización luego de 1973 y el avance en la relación entre el partido y la clase obrera, al punto de –afirma– haberse constituido en la principal fuerza de izquierda.

María Seoane, una destacada periodista, ha escrito una biografía de Roberto Santucho donde se propone cruzar su historia personal con la de la organización.104 El libro se apoya en una buena base documental y en numerosas entrevistas, que le permiten reconstruir la imagen de un dirigente que oscila entre la vacilación y la omnipotencia. La historia personal aclara mucho sobre uno de los orígenes del PRT: el núcleo indigenista y antiimperialista del que provenía Santucho. Pero la intención de explicar está pospuesta por la de realizar una crítica política a la acción del ERP, una experiencia que desde el principio es presentada al lector como destinada al fracaso. Seoane elige el ángulo gramsciano: la construcción de la contrahegemonía, en una sociedad compleja como la argentina, no puede descartar las numerosas “trincheras” del orden social, que debieron ser tomadas una a una, ni desaprovechar las posibilidades que brindaba la democracia. Hay así una crítica al vanguardismo, al voluntarismo, a la omnipotencia, pero no una explicación acerca de la relación entre la organización y el movimiento social, en el que el PRT supo insertarse con bastante éxito.

Pablo Pozzi ha escrito varios trabajos sobre el ERP, basados principalmente en numerosos testimonios orales.105 Lo más interesante es su preocupación por ampliar el marco de preguntas, más allá de lo que suelen hacer las historias partisanas: la vida cotidiana de los militantes, la cuestión del género en la organización, la relación con la cultura popular. Al respecto, encuentra en el ERP un estilo partidario nutrido en tradiciones y formas de vida propias del noroeste tradicional; a la vez, una cultura organizacional que establece fuertes jerarquías basadas en los tipos de actividad y en las diferencias de género. Su tesis principal sostiene que el ERP estableció sólidos vínculos con el movimiento obrero que, más allá de la fuerte implantación del peronismo, veía con simpatía una organización guerrillera que combatía con medios adecuados la violencia institucional. Esta tesis no está bien fundamentada. Pozzi reproduce sus entrevistas –su fuente principal–, con poco trabajo de interpretación, y probablemente seleccionando aquellas partes que coinciden con sus opiniones. Por otra parte, no ha colocado el fenómeno del ERP en un contexto más amplio, que le permitiría discernir cuáles de sus rasgos son propios y cuáles compartidos.106

Montoneros. La organización nació en junio de 1970, como “partido armado” sin referencia a un grupo político previo, y su acto fundador fue el secuestro y asesinato del ex presidente general Aramburu. Inicialmente coexitían con otras organizaciones armadas peronistas, como las Fuerzas Armadas Peronistas.107 Reclamándose los intérpretes de las ideas de Perón, Montoneros creció muy rápidamente dentro del peronismo; incorporaron otros grupos armados peronistas y en 1973 se fusionaron con uno originariamente guevarista, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que amplió el espectro político e ideológico de la organización. A la vez, llegaron a dirigir una importante organización de superficie, la Juventud Peronista Regionales, en la que confluyeron militantes sociales de distinto tipo. Llegaron a tener participación importante en la vida pública y en las disputas en el interior del peronismo; en 1974 rompieron con Perón y poco después pasaron a la clandestinidad; si bien la represión los desmanteló, la organización se mantuvo en el exilio.

La explicación de Montoneros, su éxito, sus propósitos, su trayectoria, implica desafíos todavía mayores que los que plantea el ERP. Como en aquel caso, buena parte de lo que se ha escrito son justificaciones o críticas a posteriori, a las que se hará referencia en las secciones finales de este texto. Carlos Altamirano ha trazado, en un ensayo luminoso,108 las líneas de una interpretación interesante, que merecerían ser desarrolladas. Encuentra el origen de Montoneros en la convergencia de dos corrientes, que desde orígenes diversos se acercan al peronismo: el marxismo revolucionario y la militancia católica. La combinación de estos dos elementos, en un producto nuevo, hace a la singularidad de Montoneros, donde se sintetizan de manera original elementos afines pero distintos: por ejemplo, el mesianismo católico y la concepción teleológica de la historia propia del marxismo, la idea de revolución como conjunción de elementos objetivos y de acción subjetiva, o la idea del “hombre nuevo”, con precedentes en el cristianismo y en Trotski. El segundo rasgo que según Altamirano los singulariza es su decisión, ya definida en el acto fundador, de insertarse en la dicotomía peronismo y antiperonismo; mientras que los grupos con raíces en la izquierda ven al peronismo como una de las figuraciones de la clase obrera, Montoneros asume la identidad entre peronismo y pueblo, así como la del antiperonismo con los enemigos del pueblo. Esto los conecta naturalmente, aunque por caminos diferentes de aquellos de los marxistas, con la revolución y el socialismo “nacional”, indisolublemente unido a la vuelta de Perón, como fruto de la victoria del pueblo. Con los enemigos del pueblo, Montoneros adopta una posición intransigente, también de raigambre católica: no se trata de suprimir la antinomia mediante la pacificación nacional sino de conseguir la victoria de uno de sus polos.

Montoneros afirmó que expresaba el pensamiento de Perón, y durante mucho tiempo no fueron desmentidos por el líder exiliado, de modo que para muchos ellos eran legítimamente la síntesis entre peronismo y revolución. Eso les permitió crecer aceleradamente, captar la adhesión de muchos jóvenes que buscaban el peronismo, y tener mucho más éxito que otros partidos armados peronistas en la conformación de una organización de superficie. ¿Hasta qué punto los dirigentes de Montoneros creían que ellos expresaban el pensamiento de Perón? A menudo esta cuestión ha sido planteada en términos simples: o bien tenían fe ciega, y fueron engañados, o bien eran hipócritas. Para Altamirano, la cuestión es más compleja: quien decide adoptar una “máscara” toma también valores, símbolos, discursos, y termina atrapado por la figura de la que creía haberse apropiado.

Silvia Sigal y Eliseo Verón109 también explicaron la relación entre la Juventud Peronista y Perón en términos que le permitieran eludir la cuestión de la sinceridad y las creencias, centrándose en un elemento objetivo: los discursos de ambos y su relación en el ámbito público. Para ellos, el nudo del problema está en la singularidad discursiva del peronismo: Perón, único “enunciador primario”, es la expresión de la patria y el pueblo. Presta su voz a un movimiento que acepta integrarse en el marco político de la democracia representativa, pero repudia sus supuestos, en particular el del pluralismo. Al desvalorizar y vaciar de sentido la escena política, puede convivir con otros partidos políticos, a los que quita toda entidad. Tampoco hay un partido que cumpla la función de mediador entre el líder y su movimiento, como ocurre en el caso del fascismo u otros totalitarismos, de modo que todo se reduce a su palabra.

Luego de 1955, con Perón en el exilio, esa palabra se torna distante y surge un espacio para “enunciadores secundarios”, como la Juventud Peronista y Montoneros, que hablan en nombre de Perón, lo citan, lo interpretan y realizan una “lectura estratégica” de la palabra de Perón: seleccionan lo que juzgan sustantivo y relegan todo lo que no concuerda a la esfera de las tácticas de Perón. JP/Montoneros instalaron la oposición peronismo y antiperonismo dentro del movimiento, y denunciaron a sus competidores como traidores y enemigos del pueblo. Así, en la estrategia de Montoneros, la lucha por el poder dentro del movimiento fue ocupando un lugar central.

El drama se desencadena con la vuelta de Perón al país, la recuperación de su posición de enunciador primario y la emisión de afirmaciones que, de manera cada vez más categórica, desmienten la “lectura estratégica”. Frente a esta nueva situación –y aquí se ingresa en la parte más cautivante del estudio de Sigal y Verón– la Juventud ensaya diversas tácticas distractivas: negar que Perón haya dicho lo que dijo, interpretarlo, atribuírselo a su entorno, contraponer el Perón actual con el verdadero Perón, el histórico. Sin embargo, la situación no tiene salida. Al aceptar inicialmente la posición de Perón como enunciador primario, la Juventud no puede salir de ese laberinto. A la vez, al negar Perón la posibilidad de opciones y pluralidad dentro del peronismo, tampoco puede definir el conflicto interno en favor de alguno de los contendientes. Las opciones que el discurso no puede resolver, sólo pueden dirimirse por la violencia: tal el sentido de la consigna “Perón o muerte”, con la que los autores completan su explicación, que así remite, desde otro ángulo, a la cuestión de los orígenes discursivos de la violencia política.

Tulio Halperin Donghi110 ha puntualizado los puntos débiles de este cautivante análisis, sin duda, derivados de la decisión inicial de circunscribir la mirada a un objeto –los discursos– que en su opinión no admite ser recortado de las “condiciones de producción”, es decir de la historia. Respecto de la conclusión, Halperin señala que Perón optó con toda claridad por los enemigos internos de la Juventud, y para su aniquilamiento aprobó el uso de la violencia clandestina y terrorista, que hasta entonces era recurso exclusivo de JP/Montoneros. Por otra parte, en 1974 la Juventud quedó liberada de su compromiso con el enunciador primario, una circunstancia que en realidad puso en evidencia su debilidad; ello explica su reticencia a asumir la decisión contraria a sus posiciones que Perón había tomado, cuyas consecuencias fueron momentáneamente neutralizadas con la decisión, costosa en el mediano plazo, de pasar a la clandestinidad.

Richard Gillespie111 es autor del único libro de corte académico dedicado a historiar en su integridad la organización Montoneros. Es una obra consistente, fundada sobre todo en una amplia base documental proveniente de la propia organización, y que pese a sus limitaciones y antigüedad es hasta ahora irremplazable. Gillespie encuentra que Montoneros está signado por el origen de sus miembros, que vienen del campo del nacionalismo católico, una hipótesis razonable respecto del grupo fundador, pero que deja de lado a otros grupos importantes, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias, de tendencia guevarista, que se sumaron en 1973. La etapa entre 1970 y 1973 se caracteriza por el convencimiento sincero sobre la voluntad revolucionaria de Perón; su proyecto –que Gillespie juzga poco claro–, consiste en una combinación de desarrollo nacional, justicia social y poder popular, tareas que serían emprendidas por una alianza nacional, policlasista, enfrentada con el imperialismo y la oligarquía. Gillespie hace luego un pormenorizado estudio de la etapa de existencia legal, entre 1973 y 1974, la construcción de la organización de masas JP, y el desarrollo inicial de enfrentamiento interno del peronismo. En setiembre de 1974 Montoneros pasa a la ilegalidad; para Gillespie, en otra opinión controvertida, se inicia la etapa de mayor crecimiento: en su cenit Montoneros, que se militariza plenamente, habría llegado a convertirse en una alternativa militar respetable, aunque simultáneamente la represión diezmara su frente de masas. La última parte de la historia, luego de 1976, es la más novedosa, pues Gillespie saca buen partido de la documentación de la propia organización: ésta se traslada al exterior, y desde allí organiza tres catastróficas “contraofensivas”, que ocasionan el aniquilamiento de la mayoría de sus cuadros.

El libro de Gillespie, apoyado en documentación de la organización, explora sólo una dimensión del partido armado, la de sus cuadros directivos, y acepta que detrás de ellos hay un ejército sólidamente alineado; otros trabajos han comenzado a explorar un campo todavía abierto: el de la militancia de base, sus varios orígenes, sus diferentes tendencias, sus críticas y distancias respecto de la dirección y, en general, las características de un mundo complejo y variado. Por otra parte, y pese a la solidez académica, Gillespie también está interesado en realizar una crítica política de Montoneros: por qué no alcanzaron los objetivos que se propusieron. ¿Cuáles eran esos objetivos? El autor acepta sin críticas las declaraciones de los protagonistas: así, confirma que confiaron ingenuamente en la voluntad revolucionaria de Perón, y en el potencial revolucionario de la doctrina peronista. Su opción por la vía armada, y en particular por los asesinatos selectivos, no habría sido principalmente una decisión deliberada de la dirección: fue la consecuencia inevitable de una larga historia previa, signada por la violencia o, como se decía en la época, una respuesta a la “violencia de arriba”; la afirmación es difícil de sostener, pues ya el acto fundador de Montoneros fue un asesinato. La malandanza de Montoneros se inició cuando, abandonando los planteos iniciales, emprendieron el camino del militarismo, un desvío que los apartó de la senda que Gillespie considera verdadera: la de la lucha de clases; esto los condujo al elitismo, el vanguardismo y finalmente al ejercicio de una violencia terrorista indiscriminada. Así, Gillespie puede pasar de la expresión de una simpatía inicial hacia estos combatientes por los derechos del pueblo, al repudio de un grupo de sangrientos terroristas.


g. Interpretaciones de la violencia política

El mayor problema de Gillespie –común a la mayoría de quienes han estudiado estos partidos armados–, es no poder alcanzar una dilucidación más amplia de la violencia política, una cuestión que debe ser colocada en el centro de cualquier explicación. En su análisis del texto de Gillespie, Celia Szustermann112 ha hecho importantes puntualizaciones, que atañen no sólo a este autor. Para ubicar a Montoneros, Gillespie utiliza, de manera a veces confusa y contradictoria, tres polaridades: lucha guerrillera vs. terrorismo anti estatal; terrorismo de izquierda vs. terrorismo de derecha; terrorismo anti estatal vs. terrorismo estatal. Respecto de la primera, sostiene que la diferencia entre la lucha armada, en la que inscribe el accionar inicial de Montoneros, y el terrorismo pasa por la discriminación de los blancos y la predictibilidad de las acciones. Montoneros habría comenzando con una cuidadosa selección de sus blancos legítimos –Aramburu, militares y policías– y progresivamente habría caído en el terrorismo. Respecto de la predictibilidad, sus víctimas son los “enemigos del pueblo”, una lista elaborada a partir de la propia definición de esa antinomia. Szustermann señala que, si se tiene en cuenta quienes fueron las víctimas, desde el principio fue bastante difícil de establecer la línea entre guerra legítima y terrorismo; al final, las razones de algunas muertes resultaban enigmáticas, y quienes querían justificar a Montoneros comenzaron a apelar al “por algo habrá sido”. Sobre la segunda cuestión, la diferencia entre el terrorismo de izquierda y el de derecha, no hay en Gillespie consideraciones claras; sostiene que los blancos de la Triple A eran más indiscriminados que los de Montoneros, pues estos se limitaban a atacar a los agentes del imperialismo, la oligarquía y la represión: otra vez, un conjunto potencialmente extenso e ilimitado. Esa falta de precisiones acerca de lo que implica la elección de la muerte del otro como herramienta política se acentúa al distinguir el terrorismo anti estatal del estatal: éste le resulta “lógico”, pues entiende que para el estado el enemigo debía ser combatido en todos los frentes. En suma, señala Szustermann, Gillespie está argumentando con los razonamientos y valores de los combatientes de las fragorosas jornadas de los setenta.

Algo parecido ocurre con Juan Carlos Marín, un reconocido sociólogo, quien publicó en 1979 la primera versión de su investigación sobre la violencia armada en los setenta.113 Es presentada como la continuación lógica del trabajo del grupo CICSO anteriormente comentado, Lucha de calles, lucha de clases, pues la lucha de clases se expresó primero como conflictividad urbana y luego como lucha armada, y como aquella, es un buen ejemplo de una manera de enfocar estas cuestiones. El libro se basa en un registro minucioso de los hechos violentos entre 1973 y 1976; despojado de toda contaminación significante, el hecho armado puro es clasificado según un registro que incluye, por ejemplo, 261 tipos de objetivos (v.g. “oficiales militares superiores en retiro, atacados en su casa”), 99 tipos de jerarquía de las bajas, y 51 tipos de atribución del hecho. Los datos de esta encuesta, que podrían ser útiles para otras investigaciones, sólo aparecen resumidos en algunos cuadros, que funcionan como prueba de una explicación algo esquemática y apriorística. El marco explicativo de Marín incluye las lecturas de Clausewitz, Weber y Foucault, pero subsumidos en Marx, Engels y Lenin. Según Marín, esa vasta gama de hechos armados puede atribuirse, en definitiva, a dos actores: la burguesía y el proletariado. La hegemonía burguesa está basada, en última instancia, en la estrategia de guerra, y así ha de ocurrir inevitablemente con la de sus oponentes. Las divisiones políticas –cuidadosamente registradas en el relevamiento– son expresiones aparentes de las clases, y los enfrentamientos armados son una forma de la lucha de clases. Es cierto –admite– que las masas no se alinearon donde correspondía ni participaron en este combate, limitado a los aparatos armados, pero eso se explica por la manipulación a que las sometió la burguesía y la incapacidad de los revolucionarios para hacer frente a esas manipulaciones.

En 1982 apareció un ensayo de Peter Waldmann donde intenta una explicación global de la violencia.114 Escrito sobre la base de la escasa bibliografía disponible por entonces, combina ingenuidades con algunas brillantes intuiciones. Para Waldmann, la explicación no debe buscarse en la macro estructura –como lo hace Marín– ni en la historia interna del grupo de activistas, como Gillespie, sino en un nivel medio, que conecte procesos sociales y políticos. Sobre todo, es importante invertir la pregunta habitual: no se trata de saber por qué apareció la violencia sino por qué no apareció antes. La sociedad argentina tenía un estilo de funcionamiento en el que el empleo de la violencia en política ya era normal; ¿cuándo se debilitan los controles normativos e institucionales que la frenan? La pregunta es buena, pero la primera respuesta, débil: la responsable es la “anomia”, es decir el debilitamiento de pautas y valores tradicionales, que se habría operado en las décadas del cincuenta y sesenta, y que puede registrarse a través de indicadores tales como el aumento de la criminalidad y del número de divorcios, y la disminución de las vocaciones religiosas. La segunda explicación es más consistente: los factores de poder y las corporaciones incluyeron habitualmente la violencia dentro de su repertorio de instrumentos, y si las consecuencias no fueron explosivas, se debió a la diversidad de líneas de conflicto sociales, que impidió la polarización de la violencia sectorial. El gobierno militar de Onganía quitó entidad a las mediaciones corporativas y alentó una fuerte polarización; como resultado, un conjunto de sectores propietarios o profesionales, carentes de otros canales de expresión para su disconformidad, terminaron tolerando y aplaudiendo el accionar inicial de la guerrilla. Eso le suministró a las organizaciones armadas la base necesaria para despegar. El resto de la explicación es más conocida: la radicalización interna de los grupos, la incidencia de Perón y del Cordobazo, la liberalización del GAN y su aliento a la guerrilla, que se juzga triunfadora, y finalmente la formación de una subcultura guerrillera. Waldmann concluye con una respuesta categórica a un interrogante que en su momento desveló a los militantes y hoy inquieta a los investigadores: bajo ninguna circunstancia ese movimiento guerrillero podría haber arraigado en la clase obrera.

María Matilde Ollier y Claudia Hilb escribieron sendos textos poco después de 1983, y otros, más elaborados, a fines de los noventa: el tránsito, las permanencias y modificaciones en sus puntos de vista son interesantes. Los textos iniciales contenían tanto explicaciones como críticas contundentes a la violencia política y a la opción hecha por las organizaciones armadas, formuladas a partir de los valores democráticos. Para Hilb,115 la nueva izquierda (en la que incluye los partidos armados) se explica por una historia previa de progresivo deterioro de los valores democráticos, a la que estos grupos dan una respuesta radical: la política es sólo engaño, la guerra es la única forma posible de hacer política y el pueblo se identifica con la revolución, si no como sujeto, al menos como objeto legitimante de su vanguardia armada (nótese que Hilb atribuye a la discursividad de la nueva izquierda aquello que Marín afirma en sede científica). Las organizaciones, que así instrumentan a quienes deben guiar, se construyen sobre una lógica fundada en la disciplina y el autoritarismo. Para Hilb la restauración democrática de 1973 –así conceptualiza el período de gobierno peronista– constituye un hito importante, pues las organizaciones, en mayor o menor medida, deciden ignorar la nueva legitimidad política, considerando que en cualquier caso, la democracia es un engaño.

Ollier116 se pregunta en qué momento y por qué, a partir de una movilización social amplia y variada, se impone la lógica de la guerra, y compara dos organizaciones armadas peronistas, emparentadas pero diferentes, surgidas casi en el mismo momento. Las Fuerzas Armadas Peronistas provienen del peronismo revolucionario (ver más arriba), se caracterizan por el énfasis en la proletarización de sus cuadros, por la importancia que asignan a la cuestión social, por la confianza en la clase obrera y en su capacidad para elaborar una alternativa propia; tales fueron las consignas del Peronismo de Base, su agrupación política. Montoneros en cambio nació como organización militar; de su origen católico trajo el misticismo, la idea de cruzada y de muerte heroica. La militarización fue el rasgo principal de esa organización, inclusive cuando conformó una vasta organización de superficie, la JP Regionales, en la que confluyeron diversos grupos militantes, con experiencias y expectativas variadas; Montoneros se propuso establecer una rígida dirección sobre ese movimiento, e integró a sus cuadros dirigentes en la organización armada. Renunciando a un trabajo sistemático con las bases obreras, se insertó firmemente en el peronismo por el camino de la declarada adhesión total a Perón, con un éxito tal que los ratificó en la línea inicialmente seguida. En suma, fue el éxito inicial de la variable militar, más allá de sus eventuales y dudosos resultados a mediano plazo, lo que definió la temprana inclinación de estas organizaciones hacia la acción armada.

Posteriormente Ollier estudió, sobre la base de entrevistas a “sobrevivientes”, el proceso de formación de la identidad política de quienes optaron por la vía armada.117 Mediante el cruce de los ámbitos privados, público y político, puede incorporar a las historias individuales la experiencia social previa, absorbida a través de la experiencia familiar, la universitaria y otras del espacio público. Así, constata en las etapas juveniles de estos militantes la recepción de un clima de ideas de orígenes múltiples –de izquierda, católicos o genéricamente progresistas–, pero con rasgos comunes, simples y movilizantes: la proyección de una sociedad mejor, la constatación de una opresora injusticia social, y la percepción de la liberación como el camino superador. En la coyuntura creada por la dictadura militar de 1966, los partidos de izquierda pudieron resignificar esos contenidos, organizarlos conforme a teorías y darles una expresión radicalizada. La radicalización ideológica fue común a muchos, pero sólo algunos la transformaron en compromiso político militante; aquí el componente personal resultó decisivo. Del estudio de las experiencias de estos militantes en sus organizaciones, Ollier concluye que la convivencia entre los ideales iniciales, libertarios e igualitarios, y las exigencias de la militancia fue difícil: la subordinación exigida de lo privado a lo político, de lo individual a lo colectivo, el pasaje de la lucha política a la lucha militar, y sobre todo, la cuestión de los medios y los fines. Entre los “sobrevivientes” que entrevistó –un grupo por definición no representativo del conjunto– constata que, a diferencia de lo que suele plantearse en términos generales, ellos no perdieron de vista la política, ni colocaron la revolución por encima de todo ni creyeron que siempre el fin justificaba los medios. Eso lleva a Ollier a proponer una hipótesis novedosa, aunque difícil de demostrar: además de la represión militar, hubo en las organizaciones una resistencia interna, traducida en rupturas, abandonos o propuestas de alternativas; esta resistencia configuró una derrota interna, política e ideológica, de las organizaciones, que acompañó a la militar.

También Hilb ha hecho recientemente un esfuerzo de comprensión, planteado como de introspección.118 En un texto que oscila entre la explicación y la autocrítica, se pregunta por la responsabilidad política y moral de los militantes en el desencadenamiento del terror. Sobre la magnitud de esa responsabilidad, distingue con H. Arendt entre la violencia reactiva y la instrumental, que en la Argentina correspondió respectivamente a las movilizaciones iniciadas con el Cordobazo, y a la acción de las organizaciones armadas. Se trata de un giro sobre una de las preguntas clásicas: cómo explicar, o eventualmente justificar, la relación entre la movilización social inicial y su expresión política violenta y terrorista. Hilb trata de explicar cómo los militantes, inicialmente embarcados en experiencias libertarias y justicieras, concluyeron encuadrados en organizaciones que ejecutaban la más instrumental de las violencias, a través de prácticas militaristas y categóricamente anti políticas. Encuentra en Sartre una respuesta posible: buscaban mantener y repetir la maravillosa y enajenante emoción de la acción inicial, y concluyen disolviéndose en el grupo, cuya organización y disciplina permite la repetición de aquella experiencia, aunque a costa de incorporar en su interior la disciplina, la jerarquía y la violencia. Finalmente, se pregunta por otra cuestión central en este debate: ¿hay diferencias en términos morales entre el terrorismo de las organizaciones y el del estado represor? Su respuesta es abierta: el estado fue cínico y brutal; los militantes creyeron sinceramente en fines superiores, pero aceptaron la absorción de sus valores y su voluntad en una organización que también ella se comportó de manera cínica y brutal.

Recientemente César Tcach ha hecho una síntesis de las cuestiones en discusión acerca de la violencia, integrando los argumentos circulantes en cinco hipótesis, cuyos méritos y límites respectivos señala con agudeza.119 Denomina a la primera serie argumental “la lógica del partisano”: desde 1930 la intervención de los militares fue imponiendo en la política la lógica de la guerra, que los militantes no pudieron eludir; sin embargo, tampoco intentaron hacerlo cuando se dio la ocasión, con la apertura democrática de 1973. La segunda se refiere a la primacía de las estrategias: las organizaciones armadas postularon desde el comienzo que la política era un engaño, que sólo cabía una estrategia violenta para la toma del poder, y que el fin justificaba los medios; esta interpretación no incluye algunos intentos, fracasados pero interesantes, de aprovechar la vía política, como el Frente para el Socialismo o el Partido Auténtico. La tercera hipótesis se refiere al espíritu de cruzada, aportado a las organizaciones por la tradición católica, que para Tcach ha sido sobrestimado, pues sólo alcanza a explicar algunas circunstancias. La cuarta hipótesis es la “doctrina Ezeiza”: la violencia se desmadra cuando Perón pone en movimiento fuerzas represivas que transforman lo que era una lucha política en una guerra de aparatos; tal explicación parece exculpar demasiado a las organizaciones armadas, pero en cambio pone en evidencia la inconsecuencia democrática de las elites políticas. Denomina a la quinta hipótesis, la más atractiva, “la lógica del Golem”. El militarismo fue uno de los varios elementos en un cuadro de lucha social e ideológica complejo; pero como el Golem, desarrolló poderosos mecanismos internos de reproducción y crecimiento, sometiendo gradualmente a otras formas de activismo a la disciplina y la jerarquía militar.


h. La coyuntura política, 1971-1976

Desde 1971, el desarrollo de la violencia se entrelazó de manera cada vez más inextricable con la compleja coyuntura política. A principios de 1971 el presidente, general Lanusse, propuso una salida electoral, el Gran Acuerdo Nacional, y convocó a las organizaciones empresarias, la CGT y los partidos políticos. Radicales, peronistas y otras fuerzas convergieron en una suerte de coalición, La Hora del Pueblo, para participar en la salida electoral ofrecida. Lanusse quería comprometer a Perón en esa alternativa, y también en el repudio a la violencia política: esto implicaba para Perón repudiar a un importante grupo que lo reconocía como líder, y al que hasta entonces había avalado y aún apoyado. Perón participó en todos los frentes de negociación pero rechazó el acuerdo con el gobierno; sin embargo, admitió su rehabilitación política y su reincorporación al Ejército, e implícitamente, también aceptó no ser el candidato presidencial. La alternativa electoral dividió al sector contestatario: Montoneros y otros grupos armados peronistas aceptaron participar en las elecciones, mientras que las organizaciones armadas de izquierda se mantuvieron al margen.

Las elecciones se celebraron en marzo de 1973 y se impuso el candidato designado por Perón, Héctor Cámpora, que concitó el apoyo de toda la llamada Tendencia Revolucionaria. Los sentidos de la jornada electoral de marzo de 1973 fueron y siguen siendo muchos y variados, como se dirá enseguida. Cámpora gobernó unos meses, y durante ellos la movilización social previa siguió desplegándose ampliamente.120 En junio retornó al país Perón; la gran manifestación montada para recibirlo en Ezeiza concluyó en un enfrentamiento armado, con numerosos muertos, entre lo que ya eran las dos facciones del peronismo. Casi de inmediato, Cámpora fue desplazado; mediante una nueva elección, lo remplazó el propio Perón, acompañado por su esposa Isabel. Durante su breve gobierno –nueve meses– debió enfrentar la disidencia de Montoneros, que culminó con una estrepitosa ruptura, y la guerra apenas más sorda de las organizaciones sindicales al Pacto Social, en el que Perón confiaba para restablecer el estado y la economía.121

Luego de su muerte, bajo la presidencia de Isabel, todos los acuerdos que Perón había logrado soldar se rompieron. Desde el gobierno se inició una guerra sucia contra las organizaciones revolucionarias, a cargo de la Triple A, montada por José López Rega; fue respondida con actos de terrorismo por Montoneros, que ya había vuelto a la clandestinidad.122 Durante 1975, cientos de personas murieron acribilladas en las calles. El Pacto Social se rompió y se restableció la puja corporativa con su secuela de inflación. Isabel y López Rega intentaron un viraje fundamental en su política, combinando neoliberalismo económico con represión, en lo que era un anticipo de lo que harían los militares en el año siguiente, pero fracasaron por la fuerte resistencia de los sindicatos y el poco entusiasmo de los militares para respaldarlos. A fines de 1975 el Ejército comenzó a actuar en Tucumán para reprimir al ERP, ensayando los métodos que desplegaría luego. En marzo de 1976, cuando se produjo el golpe de estado, el gobierno constitucional era impotente para controlar la violencia y los enfrentamientos sectoriales.

Tales los hechos salientes de cinco años dramáticos, donde la violencia llegó hasta el borde de la guerra civil, para entrar en 1976 en otra etapa, caracterizada por el terrorismo clandestino del estado y la aniquilación de toda disidencia. El relato parece claro, pero las diferencias entre los autores acerca de cuáles son los hilos principales de este entramado, y cuáles los subsidiarios, son enormes, y no siempre explicitadas. El significado de las elecciones de marzo de 1973 sirve para mostrar la cantidad de interpretaciones cruzadas (omitimos las de quienes simpatizarán con el terrorismo estatal clandestino). Para unos, fue el final del largo ciclo de proscripción del peronismo, iniciado en 1955, y el momento del restablecimiento de la legalidad y la legitimidad. A esa línea otros agregan un segundo elemento, fuertemente valorativo: las elecciones marcan el momento en que la movilización revolucionaria, justificada cuando se enfrentaba a la dictadura, perdió su legitimidad. Puede agregarse un tercer elemento, más explicativo: con el proceso electoral comenzó la neutralización de los elementos revolucionarios de la sociedad, que empiezan a ser reabsorbidos por las distintas organizaciones políticas, y sobre todo por Perón.

Para otros, marzo de 1973 es el momento de apogeo de la movilización revolucionaria, en el que habrían empalmado su accionar los actores sociales y sus representantes políticos, los partidos armados; este ciclo de apogeo transcurre desde la fundación de la JP Regionales, patrocinada por Montoneros, a mediados de 1972, hasta el episodio de Ezeiza y la inmediata renuncia de Cámpora. En un sentido completamente contrario, para muchos actores y analistas 1973 marca la hora del orden, una tarea para la que Perón es plebiscitado. Quienes dudan de esto, consideran que 1973 es la hora de la verdad: la confrontación entre el proyecto de reconstrucción estatal de Perón y la dura realidad de las exigencias y luchas corporativas. Otros ubican esa hora de la verdad en la inevitable confrontación entre Perón y los sectores juveniles. Un paso más lo dan quienes ubican allí el comienzo de la confrontación por la sucesión de un Perón cuya muerte se adivina. Quienes así piensan, no dudan de que esa confrontación será violenta, una presunción confirmada apenas un poco después por el episodio de Ezeiza.

Cada una de estas perspectivas supone asignar a la violencia un lugar, central o secundario en el proceso político, y a la vez implica una atribución de responsabilidades. Para Samuel Amaral,123 1973 es el final de una historia de proscripción e ilegitimidad, y el momento del restablecimiento de la legalidad y la legitimidad; no se pregunta en cambio por los residuos y corolarios de esa historia, que terminaron de desplegarse luego de 1973, como la violencia. La clave estuvo en el mutuo reconocimiento entre Perón y quienes durante dieciocho años fueron sus enemigos. Los últimos en hacerlo fueron los militares, que en 1970 descubrieron en Perón un posible dique para la movilización revolucionaria.124 Perón logró evitar el acuerdo explícito con los militares, pero en cambio se reconcilió con los políticos y con la democracia representativa. ¿Reconoció realmente la legitimidad del “otro”? Su manera de resolver la querella interna del peronismo le hace pensar a Amaral que Perón no ha renunciado a su convicción de ser el dueño de la palabra.

Para Gonzalo de Amézola125 la reconciliación entre Perón y sus enemigos fue el resultado de un juego más complejo, en el que las organizaciones armadas fueron sólo uno de los datos. El presidente Lanusse tenía un frente interno militar complejo, que lo limitaba. Los partidos políticos coincidían con él, tanto en la apertura política como en una modificación de las reglas electorales, pero cada uno de ellos afrontaba en su interior una disidencia, proclive a simpatizar con la movilización revolucionaria. Lanusse apostó primero a un objetivo de máxima: ser el presidente de una transición apoyada por las fuerzas políticas; al fracasar, optó por la salida de mínima: unir fuerzas con Perón para enfrentar a la guerrilla. Perón rechazó este acuerdo, pero implícitamente lo aceptó y terminó convertido en el protagonista principal del segundo GAN. Así, la guerrilla había unido a dos actores que se detestaban recíprocamente.

Para Ricardo Sidicaro, en su ensayo biográfico sobre Perón,126 la conflictividad de estos años no remite a una crisis social abierta sino a la cuestión de la jefatura del peronismo: con la muerte de Perón en perspectiva, fue una “guerra de sucesión”. Sidicaro parte aquí de su modo de ejercer la conducción en los setenta, bajo condiciones novedosas. Hasta 1960 aproximadamente, Perón fue quien articuló los distintos tipos de resistencia; con los años, los dirigentes locales se fueron afirmando, y tendieron a convertir a Perón en un jubilado. En los setenta aparecieron los nuevos militantes peronistas: soldados y capitanes que necesitaban un general; allí reapareció Perón, con su discurso actualizado para las circunstancias, pero siempre firme en su papel de jefe indiscutido que acoge a todos. Para conservar la unidad de conducción, Perón debió mantener en estado de solución las estructuras del movimiento y no permitir el desarrollo de ninguna alternativa. Sidicaro señala que esta hábil construcción tenía un punto débil: la sucesión. En un razonamiento que corre paralelo al de Sigal y Verón, concluye que la violencia política –cuyo punto neurálgico estaba dentro del peronismo– resultó la única manera de resolver la cuestión de la herencia vacante.

Laura Lenci127 estudia la compleja coyuntura electoral de 1973 y en particular la perspectiva de la Tendencia Revolucionaria. Con el llamado a elecciones, la acción armada quedó privada de la legitimidad que hasta entonces le confería su lucha contra un gobierno ilegal y represivo. La Tendencia debió optar entre su legitimidad revolucionaria inicial y la nueva, de base electoral en un régimen democrático. ¿La lucha armada era un fin, o sólo un medio para lograr el retorno de Perón? La respuesta de la Tendencia fue ambigua: prefirieron sacar provecho de ambos campos. Aprovecharon la coyuntura electoral para expandir la organización militar y ampliar la base social; a la vez rehusaron asumir compromisos con el estado y sus autoridades. Frente a ellos, Perón se encontró ante el mismo dilema: apostó al restablecimiento del orden estatal, pero no descartó los mecanismos extra legales para resolver el conflicto que le planteaba la Tendencia. En suma: en 1973 nadie podía ignorar la nueva legalidad, pero nadie estaba dispuesto a entregar las armas.

A diferencia de estos planteos, donde se privilegian el conflicto y los actores políticos, otros autores recurren a un enfoque que enlaza lo político con lo macro social: la crisis de dominación plantea a los sectores propietarios la necesidad de romper su alianza con los militares y acordar con el peronismo, para reabsorber la crisis social, trasladarla al escenario político y domesticarla.128 Para Marcelo Cavarozzi129 –se señaló– la idea de la reabsorción es aplicable a la acción de Perón, de los partidos y la CGT y hasta a la de las organizaciones armadas, que a su manera utilizaron con fines políticos la movilización social. El proyecto de Perón, clave de esta reabsorción, articulaba el Pacto Social, el acuerdo político a través del Congreso y también una reubicación de las Fuerzas Armadas.130 Este proyecto fue exitoso en un punto: la movilización social se desarticuló; sus cuadros se desmovilizaron o fueron captados por las organizaciones armadas, o perecieron en los combates de 1974 y 1975. En el resto, el fracaso de este proyecto fue total. Cavarozzi lo atribuye principalmente a las intenciones de los actores y en parte a la debilidad de las instituciones. Los distintos actores, corporativos y políticos, renunciaron a políticas de largo plazo y privilegiaron la defensa de sus posiciones y de sus objetivos de corto plazo: los actores corporativos, por un lado, obraron de acuerdo con una pauta ya consolidada de relación con el estado; los actores políticos lo hicieron por las urgencias que planteaba la escasa institucionalización del peronismo y la inminencia de la guerra por la sucesión, una competencia que incluyó también a Montoneros. Por otra parte, la resolución de los sucesivos conflictos se logró a costa del estallido de los canales de mediación institucional que deberían haberlos contenido. Este proceso se desarrolló en espiral: cuanto más débiles eran las mediaciones, más se acentuó el comportamiento “dramático” de los actores. Finalmente, luego de haber dilapidado su legitimidad, el gobierno constitucional había creado las condiciones para el regreso triunfal de las Fuerzas Armadas.

Es llamativo el lugar pasivo e instrumental que en estas interpretaciones se asigna a los actores sociales. En esa línea, Liliana De Riz131 subsume la movilización social en las organizaciones armadas, y a éstas en el conflicto que tiene por centro a Perón, primero en su disputa con Lanusse y luego en la confrontación por la conducción del movimiento. Para De Riz, los distintos actores asignan poca importancia al conflicto social. Tanto Perón como los jóvenes lo interpretan en términos de conflicto o trasvasamiento generacional –más o menos acelerado, según las opiniones– o de eliminación de un cuerpo extraño enquistado en el seno del movimiento.

Juan Carlos Torre132 vuelve a colocar en el centro de un relato al sindicalismo. Dentro del movimiento general de protesta de estos años, individualiza la acción sindical, la separa de la de las organizaciones armadas –aunque señala los nexos específicos, cuando corresponde– y la reintroduce en el contexto más clásico de la lucha de clases. Torre subraya primero la radical inconformidad del movimiento obrero peronista en 1973: jaqueado por la movilización antiburocrática, excluido por la Juventud del manejo de la campaña electoral, poco interesado en un Pacto Social que lo carga de responsabilidades, lo obliga a hacerse cargo de los reclamos de las bases y le prohibe apelar a su estrategia más conocida, presionar y negociar. Por otra parte, desde el 25 de mayo de 1973 los reclamos sindicales se profundizan, estimulados por las promesas del retorno de Perón y por la expansión de los movimientos antiburocráticos, que al principio se limitaban a las ciudades del interior. Con el Pacto Social los gremialistas admiten, a regañadientes, no reclamar por salarios, pero pronto aparece entre los trabajadores el reclamo por cuestiones que para la dirección sindical son más graves, como el control obrero en el lugar de trabajo. Las fábricas estaban en estado de rebeldía, y los trabajadores se hallaban insubordinados frente a los supervisores o a los dirigentes tradicionales. En ese agitado año, se llegó al climax de la movilización social –un tema ausente en la mayoría de los relatos comentados– y surgieron nuevos cuadros de dirigentes, que necesariamente buscaron un referente político. Allí es donde Montoneros pudo hacer pie en las fábricas, a través de la Juventud Trabajadora Peronista, mientras que otras organizaciones de izquierda, armadas o no, proletarizaron sus cuadros y avanzaron con éxito en su implantación en las fábricas.

En ese contexto, Perón buscó el apoyo de los dirigentes sindicales históricos, les restituyó su lugar simbólico, fortaleció su autoridad reformando la ley de Asociaciones Profesionales y utilizando los resortes estatales para derrotar a los contestatarios. Los necesitaba para hacer funcionar el Pacto Social y contener las presiones y los reclamos. Este acuerdo, sostenido con dificultad –ese fue el tema del último discurso de Perón, el 12 de junio de 1974– se rompió luego de su muerte. La eliminación del sindicalismo alternativo se aceleró, recurriendo a la Triple A, una organización parapolicial montada por López Rega. Pero simultáneamente, caducado el Pacto Social, cada parte retomó sus formas de presión. El sindicalismo, apartado de las decisiones de gobierno, y fuertemente agredido por López Rega, volvió a aplicar las viejas tácticas vandoristas, más eficaces porque se nutrían de la fuerte combatividad de los trabajadores. En un episodio que para Torre es altamente significativo, los sindicatos organizaron a mediados de 1975 una huelga general contra un gobierno peronista. Por entonces las organizaciones armadas, totalmente instaladas en la clandestinidad, se introducían sponte sua en los conflictos sindicales, utilizaban los métodos terroristas contra patronos y gerentes y convertían a las fábricas en campos de batalla. De ese modo, Torre conduce su análisis a las vísperas mismas del golpe de estado de 1976, colocando en el centro de su relato a los sindicatos, y no a los partidos armados, como era habitual. Unos y otros serán los primeros blancos de la dictadura que se instale en marzo de 1976.



DESDE 1976

Durante los años de la última dictadura militar, autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, culminó el ciclo de la violencia política: el estado utilizó de manera clandestina sus instrumentos represivos, contra un blanco que excedió ampliamente a los partidos armados, ya en proceso de extinción. La aventura de la Guerra de Malvinas inició la crisis del régimen militar, al cabo del cual se constituyó, por primera vez, un régimen democrático basado en los principios liberales y republicanos. Desde entonces, la sociedad y las autoridades han encarado, de distintas maneras, la cuestión del pasado violento y sus responsabilidades. Uno de sus aspectos más salientes fue el enjuiciamiento y condena de los máximos responsables de la violencia pasada. Muchos de los militares en actividad no aceptaron la extensión de los juicios y se alzaron en sucesivas ocasiones, hasta 1990, contra las autoridades constitucionales. En un debate animado principalmente por las asociaciones defensoras de los derechos humanos, muchas de las cuales se habían constituido durante la misma dictadura, se discutió cuánto más allá debía avanzar la justicia y cuáles eran los límites de la responsabilidad. A la vez, se desarrolló un complejo proceso de reconstrucción de lo pasado, un trabajo de la memoria aún en pleno desarrollo. Tales serán los temas de esta segunda parte.


La dictadura, 1976-1983

De los gobiernos militares del siglo XX, el Proceso (así lo llamaremos en lo sucesivo) fue el que más a fondo llegó en la transformación y remodelación de la sociedad y sus instituciones; puede debatirse hasta qué punto esas transformaciones correspondieron al proyecto previo de sus dirigentes, que por otra parte abundaba en diferencias y contradicciones. Pero sin duda, la Argentina fue otro país después de esos años.133 Por otra parte, el Proceso se caracterizó por el recurso al terrorismo estatal clandestino, en una escala nunca vista. Por algún motivo, quienes estudiaron estos años han tenido dificultades para integrar ambos rasgos en una sola mirada. Los que se han ocupado del terrorismo estatal tendieron a plantearlo en términos universales, y en muchos casos lo ligaron con otras experiencias, como el Holocausto. A su vez, quienes estudiaron el gobierno militar y los efectos de sus políticas aplicaron modelos de análisis provenientes de las ciencias sociales, sin encontrar en general el modo de insertar adecuadamente en esa explicación la función del terror estatal.134


a. El estado, la sociedad, la economía y sus actores

La síntesis más completa sobre estos años es el libro de Marcos Novaro y Vicente Palermo,135 una obra extensa, que integra de manera inteligente los mejores aportes sobre el tema y agrega algunas perspectivas novedosas, sobre todo en la cuestión de la reacción de la sociedad frente al terrorismo estatal. Este tema es desarrollado en un extenso capítulo, que sin embargo no se articula cabalmente con el resto del texto, dedicado principalmente al análisis interno del régimen militar y de sus relaciones con los restantes actores políticos. Los autores subrayan la capacidad destructiva del régimen, y la profunda transformación operada en la sociedad, así como la discrepancia entre estos logros y lo que habían sido sus “metas programáticas”; en suma: los militares pusieron fin a una época, pero fueron incapaces de fundar otra nueva.

En su análisis del régimen político, estos autores retoman un camino explorado inicialmente por Hugo Quiroga,136 quien atenúa la excepcionalidad del régimen de 1976. Desde 1930 habría existido en la Argentina un sistema político que fue una síntesis contradictoria de regímenes democráticos y semi democráticos, donde se combinaban gobiernos militares y civiles. Como lo hicieron en ocasiones anteriores, los militares, que se instituyeron como gobierno soberano, más allá de cualquier limitación jurídica, buscaron legitimarse en una red de partidos políticos. Retomando una conceptualización de J. Linz, Quiroga encuentra entre ellos a partidos desleales al régimen democrático, prestos a apoyar a los militares, y partidos semi leales, que oscilaron entre dialogar con los gobernantes y mantener sus principios democráticos; la distinción le parece extensible al conjunto de la ciudadanía. El régimen militar recorrió en esos años varias etapas, impulsado en parte por la dinámica interna de las Fuerzas Armadas, oscilantes entre la unidad contra el enemigo y la competencia facciosa; en parte, también, por la dinámica del diálogo con los partidos y otros actores de la sociedad; y en parte, finalmente, por el grado de reacción y enfrentamiento de la sociedad y sus actores. El régimen tuvo así una etapa inicial de vigor fundacional y amplia legitimación; luego, una etapa de deslegitimación, que se inicia a fines de 1979, con tensiones internas crecientes y primeros distanciamientos de los actores sociales más afines; desde fines de 1980 comienza la etapa del agotamiento, el abandono de los proyectos refundacionales y la aparición de voces políticas que reclaman la institucionalización. En 1982, con el alocado y fracasado proyecto bélico de Malvinas, comienza la descomposición del régimen.

Respecto de los partidos políticos, pieza clave en esta dinámica, César Tcach137 propone una conceptualización algo distinta: habría una oposición desde dentro del régimen –los partidos amigos– y otra desde fuera, donde se ubican los partidos tradicionales. La imagen de Quiroga no es benigna respecto de una dirigencia demasiado comprometida con el régimen militar y sus disputas facciosas. Tcach subraya la perduración de estos partidos, más allá de los proyectos refundacionales de los militares: identidades políticas fuertemente arraigadas hacían “rentable” para los dirigentes invertir tiempo y esfuerzos en mantener sus estructuras. Mantenerlos vivos fue la tarea de las elites partidarias; sus miembros no fueron ni héroes de la resistencia ni tampoco colaboracionistas: combinaron el diálogo con la insistencia en una salida política, una propuesta que cobró cuerpo a medida que el régimen militar se deterioraba. Para Tcach, en los años de dictadura los partidos profundizaron y desarrollaron un nuevo modo de comportamiento, lanzado en 1972 con La Hora del Pueblo: el reconocimiento recíproco, que fue una de las bases de la construcción democrática posterior.138

En la línea de Quiroga, Gerardo Munck ha propuesto un modelo de análisis para interpretar el período del Proceso.139 Basándose ampliamente en G. O’Donnell, define al régimen militar como un caso de autoritarismo burocrático, caracterizado por la exclusión del movimiento obrero previamente movilizado. El modelo, donde se distinguen momentos políticos fluidos y estructurantes, combina la acción de la elite política, las instituciones por ella creadas y la oposición, en este caso la clase obrera. Munck hace una comparación con los militares brasileños y chilenos y se pregunta cuáles son las condiciones para que uno de estos regímenes pueda institucionalizarse. La burocracia militar autoritaria admite la existencia de intereses sociales previos, y hasta puede promover el surgimiento de otros –como ocurrió, por ejemplo, con los nuevos grupos económicos– pero no puede generar mecanismos de mediación y representación de esos intereses. Ese es su talón de Aquiles: la institucionalización, a la que el régimen aspira, implica abrir los canales de la representación, pero la naturaleza autoritaria del régimen –encarnada en los sectores “duros”– no lo puede admitir. Sobre estos elementos, Munck propone una periodización que resulta en muchos aspectos similar a la de Quiroga. El cuerpo central de este libro lo constituye el modelo analítico; la investigación histórica –extensa, aunque basada sólo en fuentes secundarias– se ubica en las notas. El terrorismo de estado tiene un lugar poco relevante; en cambio, el autor privilegia la oposición del movimiento obrero.

Sobre el mundo obrero, la primera imagen, según la cual habría habido una supresión total de la resistencia, ha sido corregida. Ricardo Falcón140 subrayó la resistencia sindical a la represión estatal, y también al revanchismo de los sectores propietarios. Se trató de una resistencia molecular pero importante, concentrada en la defensa del salario y el empleo, o las “conquistas históricas”. Plantearon a las autoridades y a las patronales un problema, sobre el que gira el argumento de Munck: la represión eliminaba a los interlocutores y negociadores, y potenciaba el conflicto. Sobre este punto, Pablo Pozzi141 ha presentado una versión algo magnificada de la resistencia laboral, que Falcón redimensiona: la represión tuvo amplio éxito en el cercenamiento de la actividad sindical y la combatividad obrera; más a largo plazo, las políticas económicas remodelaron profundamente la clase obrera, reduciendo el sector ocupado, y muy particularmente el industrial. Álvaro Abós, por su parte,142 ha estudiado el efecto de los cambios en la legislación laboral y siguió el complejo camino transitado en esos años por la dirigencia gremial, entre el diálogo y la suave confrontación.

Los análisis generales citados subrayan la importancia del conflicto en el seno del gobierno militar: entre las tres Fuerzas Armadas, que inicialmente se repartieron responsabilidades y cargos, y dentro del Ejército, donde se enfrentaron “duros” y “negociadores”. Esa lucha, cada vez más profunda, constituyó una de las razones que hicieron fracasar los proyectos de institucionalización del régimen militar, y profundizaron un deterioro de todo el sistema jurídico del estado, de consecuencias prolongadas, estudiado por Enrique Groisman.143 Lo atribuye en primera instancia a la duplicación de las líneas jerárquicas, la del estado y la de cada una de las Fuerzas Armadas. Más en general, al predominio de un criterio decisionista, por el cual el poder político fue asumiendo facultades omnímodas, sin límites jurídicos ni fácticos. La confusión de los procedimientos derivó en arbitrariedades a menudo innecesarias. Toda la normativa se caracterizó por el amplio margen de discrecionalidad en su aplicación y por la ausencia de motivación o justificación explícita. Los efectos se derramaron en cascada por toda la administración: impunidad de los funcionarios, deterioro del principio de responsabilidad y en general un autoritarismo descentralizado que condujo al estado llamado “diurno” o legal, a una situación de anarquía jurídica que poco lo diferenciaba del estado terrorista “nocturno” o clandestino.

La política económica del Proceso, y particularmente la del primer ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, muestra otro costado de la profunda reestructuración de la Argentina. El establishment económico apoyó a los militares con un discurso neoliberal, por entonces en boga en el mundo. Adolfo Canitrot144 ha explicado cómo ese discurso resultó en ese momento adecuado para los militares, entre quienes hasta entonces habían predominado otras ideas. La apertura económica y la reforma financiera habrían de corregir las debilidades del sistema político, transformando al mercado en el gran instrumento disciplinador de los actores corporativos desbordados, que el estado era incapaz de controlar. La economía urbana e industrial, con su colusiva concurrencia de empresarios protegidos y trabajadores abroquelados en sus sindicatos, era identificada como una de las fuentes del desorden, potenciado por la política populista y el estado providente. Los conflictos allí incubados eran responsables de la falta de orden y de autoridad, que culminaba en el fenómeno de la subversión. Si bien el principal destinatario de estas medidas era el sector trabajador, los propios empresarios y la sociedad toda debían ser disciplinados.

Tulio Halperin Donghi145 ha señalado que de ese disciplinamiento se auto excluyó la corporación militar, que usó ampliamente, en beneficio propio, de las empresas estatales o las obras públicas; también, que el programa de Martínez de Hoz encontró allí un límite, pues por razones de seguridad no se quiso profundizar excesivamente el problema de la desocupación. Jorge Schvarzer146 señaló otro costado de la cuestión: los beneficiarios de esta reestructuración fueron un conjunto reducido de grandes grupos económicos, muchos de ellos constituidos en ese momento, que crecieron por su capacidad para operar fluidamente en el mercado financiero recientemente abierto y también por su acceso a contratos con las empresas estatales que comenzaban su proceso de privatización. Por otra parte, el endeudamiento estatal, que por entonces comenzó a crecer, con su secuela de dependencia de nuevos préstamos externos e injerencia del FMI, tornó irreversibles los cambios.

En esta vasta transformación hubo ganadores y perdedores: por un lado, los comúnmente conocidos como la “patria financiera” y la “patria contratista”; por otro, los sectores asalariados, y también vastas capas del empresariado nacional, particularmente el industrial. Azpiazu y otros señalan, por su parte, que la profunda reestructuración iniciada en 1976 modificó la composición del sector oligopólico: retrocedieron los capitales nacionales y extranjeros que se especializaban en una actividad mientras se consolidaron los núcleos empresarios que controlaban empresas industriales y no industriales, en actividades variadas.147


b. La represión

Desde 1976 las Fuerzas Armadas se hicieron cargo de manera plena de la represión, desarmando el aparato de la Triple A.148 Sobre las Fuerzas Armadas, sujeto principal de esta historia, existe una buena obra de síntesis, escrita por el militar y sociólogo español Prudencio García,149 quien ha revisado lo publicado en el tema, para responder a una pregunta: ¿cómo las Fuerzas Armadas argentinas llegaron a ese extremo de degradación? A las explicaciones de largo plazo, coincidentes con las comentadas en partes anteriores de este texto, agrega algunas más específicas sobre el último período. Ellas son el progresivo involucramiento de las Fuerzas Armadas en funciones policiales –y la correspondiente militarización de la Policía–, y la generalización del uso de la tortura. Las misiones militares francesas habían enseñado que la tortura era un método aceptable para obtener información rápidamente; desde 1971, la lucha contra las organizaciones armadas aceleró su utilización. Por otra parte, su extensión sin límite, más allá de las necesidades operativas, y todas las prácticas aberrantes que conllevó, deben vincularse con cuestiones morales y culturales: el mesianismo militar, un cierto fanatismo al que contribuyó la Iglesia católica, y sobre todo la percepción del “otro” como un enemigo absoluto, colocado más allá de las normas morales. Ese camino de degradación moral tiene para García otros jalones: el establecimiento de un “pacto de sangre” entre los represores, la apelación a la idea de “obediencia debida” aplicada a esas prácticas, y finalmente la apelación a la noción de “guerra sucia”, y al “honor militar” para defender de manera corporativa y sin fisuras a los responsables.

En términos técnicos, no hubo tal guerra: las organizaciones guerrilleras tenían un reducido número de combatientes, y prácticamente habían sido derrotadas y aniquiladas en 1976. La magnificación del enemigo formó parte de la justificación de la acción represiva, y para los militares funcionó como un “mito de orígenes” de la guerra. En sucesivas versiones fueron aumentando el número de supuestos combatientes, y del lado de las organizaciones armadas hubo una operación similar.150 En el caso de los militares, esa convicción, y la manera como afrontaron el desafío, tuvo mucho que ver con las heridas a su orgullo sufridas entre 1973 y 1975, que ha tematizado Rosendo Fraga, así como con el deseo de vengar los golpes recibidos en la persona de sus integrantes. Todo ello conformó un complejo de humillación y revanchismo que los llevó a percibir cualquier conflicto social en términos de guerra y a justificar el exterminio de los considerados enemigos.151

Sobre el método de la represión, el documento básico es el elaborado en 1984 por la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP), cuyas conclusiones fueron publicadas ese mismo año en una obra de amplísima circulación: Nunca más.152 Allí se registró la desaparición fehaciente de 8.960 personas y la existencia de trescientos cuarenta centros clandestinos de detención. En esta obra se afirmó la existencia de un plan sistemático para la represión, fundado en la desaparición de personas.153 El plan incluía distintas etapas, a cargo de diferentes grupos: detención y desaparición (ni las fuerzas de seguridad ni la Justicia daban cuenta del caso), tortura, detención en un campo clandestino, muerte y eliminación de cadáveres; también incluía aspectos colaterales, como el saqueo de los bienes de las víctimas o la privación de identidad de niños nacidos en cautiverio o secuestrados con sus padres. La documentación reunida por la CONADEP es abundante, y sirvió de base para el juicio a los miembros de las juntas militares154 y luego para otros procesos judiciales. En muchos sentidos, este informe definió un paradigma de interpretación.

Posteriormente, la documentación testimonial se amplió, tanto por obra de las organizaciones de derechos humanos como de centros de investigación, como Memoria Abierta. La narrativa fue desarrollada en numerosas obras periodísticas o de investigación. La más impactante entre la primeras fue el libro de Martin Andersen, quien sugirió una relación entre el jefe montonero Mario Firmenich y organismos de inteligencia militar, que se habría traducido en la sistemática captura de militantes de la organización armada. Eduardo Luis Duhalde trabajó con casos reunidos por el Centro de Estudios Legales y Sociales, para definir el “estado terrorista”. Sobre los campos de concentración, Pilar Calveiro ensayó una conceptualización de su lógica, no plenamente lograda; Victoria Álvarez consideró el tema desde el punto de vista de la situación de la mujer, y Andrés Di Tella realizó una versión impresionista. Patricia Marchak reconstruyó, sobre la base de un centenar de entrevistas originales, el proceso completo de la “guerra sucia”.155 En otro registro, Miguel Bonasso escribió, a partir del testimonio de Jaime Dri, una obra de semi ficción, de fuerte impacto.156 Hay también versiones sobre el tema de origen militar, y entre ellas, algunas críticas.157

No hay coincidencias sobre el número total de detenidos desaparecidos. La CONADEP, que certificó en su momento algo menos de nueve mil casos, aseguró que debieron ser muchos más; posteriormente, la Secretaría de Estado de Derechos Humanos, que continuó la investigación, elevó el número a trece mil. Los Juicios por la Verdad, desarrollados en la provincia de Buenos Aires, y los trabajos del Equipo de Antropología Forense ampliaron el conocimiento del tema. Entre las organizaciones de derechos humanos se habló de treinta mil víctimas, una cifra de fuerte valor simbólico, que obturó discusiones más precisas. Sobre las víctimas, las referencias más certeras se refieren a los militantes de las organizaciones armadas; Gillespie resume el destino de los Montoneros y de los militantes de la JP en la etapa inicial de la represión, entre 1976 y 1978, y luego el de las víctimas de la “contraofensiva” de 1979. La represión fue muy dura en el sector de los militantes sindicales, y se ha constatado la colaboración activa de los directivos de las empresas. También fue muy dura en las universidades, y en general en el ámbito educativo. Aunque numéricamente menos importante, fue significativa la desaparición de religiosos.158

La definición del perfil político e ideológico de las víctimas ha dado lugar a intensas discusiones, particularmente en el campo de los defensores de los derechos humanos. El informe de la CONADEP presentó a los desaparecidos en términos despojados de connotaciones políticas; la experiencia armada estaba fuertemente cuestionada y además, la irracionalidad y desmesura de la represión –tal la percepción que se quería construir en 1984– resultaba magnificada por la inocencia de las víctimas. En el mismo sentido, se usó frecuentemente la expresión “genocidio”, como parte de una asimilación entre este caso de terrorismo de estado y el Holocausto, en un sentido que ha ayudado poco a la comprensión de este fenómeno específico. Desde mediados de la década de 1990 se desarrolló una nueva mirada sobre las víctimas, presentadas ahora en su faz de militantes, como paradigmáticamente lo hizo el libro de Anguita y Caparrós La Voluntad, cuya aparición entre 1999 y 1998 coincidió con la de otros intentos reivindicatorios de la experiencia armada. Este nuevo enfoque de la militancia puso de relieve la inadecuación de la caracterización en términos de genocidio; Silvia Sigal señaló que tal expresión, que alude al aniquilamiento de un pueblo en cuanto tal, ocultaba la naturaleza esencialmente política de la represión y de las víctimas elegidas.159

Esa ambigüedad está también presente en el discurso militar, construido sobre una versión exacerbada de la antinomia nación/enemigos de la nación. Según Sigal y Santi, se admite allí la existencia de una ideología subversiva amenazante, cuyos portadores son en cambio descalificados y excluidos del rango de personas; las autoras señalan también que ese discurso se desdobla en dos versiones: una, dirigida a la población, pone el acento en la excepcionalidad de la situación y el propósito compartido de restaurar la democracia; la otra, destinada al frente interno, mucho más exitosa, coloca el orden y la lucha antisubversiva como objetivos comunes de un vigoroso “nosotros” militar. Paula Canelo señaló la articulación de esos dos discursos; su eficacia inicial se fue perdiendo, a medida que las Fuerzas Armadas admitían sus éxitos, se aflojaban los lazos del frente interno y surgían las divisiones provocadas por las alternativas de la salida política. En un sentido similar Cheresky advierte que, más allá de cualquier necesidad funcional de la represión, la desaparición de personas estaba en el centro mismo del régimen, al que le daba identidad; cuando ese objetivo perdió credibilidad, el régimen se disgregó.160


c. La sociedad

Para Cheresky, tal definición de la subversión y la “guerra sucia”, amplia y ambigua a la vez, fue en cierta medida aceptada por la sociedad por dos razones concurrentes: la eficacia del poder militar para obstruir la construcción de un discurso público alternativo, y las débiles bases que en la cultura política argentina tenía la matriz humanista que podría haberla contrarrestado. El primero de esos puntos de vista es ampliamente desarrollado por Juan Corradi, en textos lúcidos e incitantes;161 el “proceso de terror”, que originó una “cultura del miedo” combinó sanciones físicas con prácticas discursivas, potenciando la eficacia de ambas. Para este autor debe distinguirse entre las víctimas, que sólo recibieron la parte represiva de la acción militar, y el blanco social a quien iba dirigido el discurso amedrentador. Particularmente eficaz fue la presencia de un “poder escondido” que determinó la culpabilidad de manera imprevisible y que logró que su interlocutor social se volviera a la vez obediente y potencialmente reproductor del método punitivo. En un ensayo escrito hacia el fin del Proceso, O’Donnell propuso que esa corriente de orden represivo, originada en el poder, encontró un receptor propicio en amplios sectores de la sociedad, que asumieron los objetivos de orden y jerarquía, así como su dimensión punitiva; en esos años advirtió el surgimiento y la expansión de un sector de kappos, dispuestos a reproducir en su esfera privada las líneas de los gobernantes. En la línea del segundo argumento de Cheresky, para O’Donnell la cultura política argentina, y en especial su veta autoritaria e integrista, explica este éxito de un discurso del poder que encontró una zona de reconocimiento en la sociedad. 162

Hugo Vezzetti163 ofrece una visión compleja y comprensiva del problema de las responsabilidades. La sociedad, que produjo y admitió la dictadura, sacó a relucir una de sus facetas, autoritaria, represiva y desdeñosa de los controles morales, arraigada en una cultura política previa, pero exacerbada por las “figuras de la guerra” de los años anteriores. Además de cooperadores y corresponsables, la dictadura encontró también un conjunto más amplio de auténticos demandantes de orden y seguridad, convencidos de que la represión se dirigía a un “otro” absolutamente ajeno: el enemigo subversivo. Sin embargo, no logró conformar una sociedad obediente, sino acomodaticia y subordinada, desentendida de los problemas ciudadanos pero que no abandonaba su tradicional preocupación por los intereses corporativos.

Pocos son hasta ahora los estudios más específicos y fundados sobre el comportamiento de los distintos sectores de la sociedad. Un ejemplo destacado lo constituye la investigación que Michiel Baud realizo para determinar la responsabilidad de Jorge Zorreguieta, secretario de Agricultura durante el ministerio de J. A. Martínez de Hoz.164 Se trata de un caso representativo de una amplia capa de funcionarios civiles de la dictadura y también de representantes y directivos de grandes corporaciones, como en este caso la Sociedad Rural.165 Baud concluye que Zorreguieta no estuvo personalmente implicado en el terrorismo de estado, pero con seguridad conocía su existencia, de modo que le cabe la responsabilidad del “participante”, menor que la de los “autores” pero mayor que la de los “espectadores”; a la vez señala todas las dificultades que existen para traducir esta constatación en un juicio moral. El punto es interesante, no tanto por la resolución que le da Baud –quien compara las actitudes condenatorias de los holandeses con la tolerancia aplicada a cuestiones internas, como la de colaboración con el nazismo– cuanto porque expone una encrucijada común en los trabajos referidos a este tema: la tensión entre la explicación y el juicio.

En materia de responsabilidades, otro grupo significativo es la Iglesia católica. En un trabajo precursor, Emilio Mignone señaló la estrecha relación de un sector importante de la jerarquía eclesiástica y las Fuerzas Armadas: su apoyo público, su convalidación del modus operandi, su participación en algunas de las tareas de la represión.166 Loris Zanatta ubica este período de la Iglesia argentina en el contexto más amplio de la larga crisis iniciada con el Concilio Vaticano II, recuerda la afinidad entre el nacional catolicismo eclesiástico y la doctrina militar y analiza el comportamiento de algunos miembros de la jerarquía eclesiástica. Martín Obregón subraya diferencias y períodos; ha distinguido entre un núcleo de obispos tradicionalista, muy afín con los militares, un sector progresista, que sufrió duros golpes con la represión, y una mayoría conservadora, de posición oscilante, que inicialmente adhirió al proyecto militar pero que desde 1979 comenzó a girar hacia posiciones más afines con la defensa de los derechos humanos, un tema que suscitó fuertes discusiones en la Iglesia.167

También hay trabajos sobre la conducta de los medios de comunicación. Muchos aceptaron las pautas impuestas para la información por la dictadura (cosa no difícil de explicar, dada la magnitud de los intereses empresarios en juego) mientras que otros asumieron la defensa entusiasta del régimen, como Editorial Atlántida; también se ha señalado la imbricación de intereses entre funcionarios y dueños de los medios, así como el triste destino de aquellos periodistas sospechosos de no acatar las normas.168

En cambio, prácticamente no hay estudios sobre el comportamiento de la sociedad argentina, más allá de sus grupos corporativos, durante los años de la represión, que vayan más allá del ensayo. La información disponible proviene de entrevistas, realizadas de manera poco sistemática y más bien orientada a recoger testimonios de las víctimas de la represión, lo que sesga su contenido. Está por hacerse el relevamiento de la prensa periódica, que probablemente nos de una imagen más matizada de la vida social.

Marcos Novaro y Vicente Palermo han ensayado una síntesis de lo conocido sobre la vida social del período, combinando la exploración de todo el material disponible con el planteo de preguntas que apuntan a respuestas no lineales; en suma, nos dicen, la sociedad vivió en esos años entre la seguridad y el temor. Entre la dificultad para informarse de una represión que ocultaba sus huellas, y el deseo de no enterarse de situaciones que serían intolerables, se dibuja una zona gris, en la que la cuestión de las responsabilidades es más problemática. En la línea de O’Donnell, exploran los micro espacios a donde llega la política represiva: los ámbitos laborales, los establecimientos educacionales, la lectura, la familia. A la vez, contabilizan todos los espacios alternativos que se fueron abriendo: algunos en la prensa –como el Herald o la revista Humor–, o en publicaciones culturales, espacios académicos o de investigación. El Mundial de Fútbol de 1978 –entre la fiesta oficial y la popular– resumió muchas actitudes contradictorias en términos lógicos, entre la reivindicación estatal y el nacionalismo popular. Es agudo el análisis que hacen del impacto de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1979, que además de fortalecer la acción de las organizaciones defensoras de derechos humanos, estimuló una corriente de solidaridad con el gobierno, entre quienes buscaban una transacción que permitiera a los militares una retirada honrosa. Luego, van siguiendo con precisión todo el proceso de apertura de la sociedad, que comienza en el ámbito cultural y se va politizando gradualmente.169


d. Los derechos humanos

El punto decisivo respecto de la manera como la sociedad argentina encaró el tema de la represión se encuentra en la conformación y crecimiento de un conjunto de organizaciones de derechos humanos, cuya huella puede verse no sólo en este aspecto especifico sino en toda la cultura política conformada con posterioridad a la dictadura. Casi desde su origen, estas organizaciones definieron la manera como el proceso militar sería juzgado por la sociedad, y colocaron las cuestiones valorativas en el centro de cualquier discusión.170

Hugo Quiroga ha caracterizado tres etapas en la historia de estas organizaciones en el contexto general de la política del Proceso.171 En la primera, entre 1976 y 1978, las organizaciones surgieron huérfanas de apoyo de los partidos políticos o de la Iglesia; en un “contexto desolado”, encarnaron la conciencia ética de la sociedad y, con grandes costos, lograron abrir un espacio público previamente inexistente. En la segunda etapa, entre 1978 y 1981, los partidos políticos recuperaron su voz pública, negociaron una salida política e incorporaron los derechos humanos a su programa de demandas, aunque sin dejar de reconocer el papel positivo de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la subversión. Ese contexto ambiguo resultó reforzado por la indiferencia del grueso de la sociedad ante la cuestión. En este período, la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la publicación de su informe a principios de 1980, y la concesión del premio Nobel de la Paz a Adolfo Pérez Esquivel, dirigente de una de las principales organizaciones, consolidó la existencia de éstas. La tercera etapa, entre 1981 y 1983 se inició con la relativa apertura política bajo la presidencia del general Viola; proliferaron entonces en instituciones políticas y religiosas las declaraciones sobre los derechos humanos y comenzó a establecerse la caracterización de “la dictadura” en referencia al gobierno militar. Las organizaciones pudieron entonces profundizar su acción pública, y mucho más luego de la derrota militar en Malvinas, que desencadenó la crisis del régimen.

En la primera etapa se fundaron las asociaciones de afectados por la desaparición de hijos, parientes o amigos, que se sumaron a otras establecidas antes de 1976. Entre estas últimas, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, vinculada al Partido Comunista, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, de 1975, que reunía a personas notables del campo político progresista, el Servicio de Paz y Justicia, que presidió Adolfo Pérez Esquivel, afín con el movimiento católico progresista, y la Comisión Argentina de Derechos Humanos, de 1975, instalada en el exterior en 1976. Entre las primeras, Madres de Plaza de Mayo, cuya primera marcha tuvo lugar en abril de 1977, Abuelas de Plaza de Mayo, de 1977, Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas, y el Centro de Estudios Legales y Sociales, fundado por Emilio Mignone y un grupo de abogados en 1979. E. Jelin ha destacado la solidaridad básica, y a la vez la diferencia de estrategias de estas organizaciones; sus reclamos se unificaron en 1980 tras la consigna “aparición con vida”, que al oponerse a cualquier cierre de la cuestión, combinaba la carga emotiva, la significación política y el valor estratégico.172

Madres de Plaza de Mayo es la más significativa y famosa entre estas organizaciones, y la que mayor repercusión ha alcanzado en el exterior. Michiel Baud reseñó el amplio movimiento de apoyo que suscitó en Holanda. Existen muchos libros dedicados a su historia, en general basados en entrevistas a sus dirigentes y activistas, y signados por el tono de epopeya, que deberían ser complementado con enfoques más amplios.173 En ese sentido, Temma Kaplan las ha colocado dentro de un conjunto de movimientos desarrollados en varios continentes –aquí estudia el caso de Chile y el de España–, unidos no sólo por el común propósito de enfrentar la injusticia y defender los derechos, sino por el desarrollo de una táctica –ganar la calle y “montar un espectáculo”– conducente a crear un nuevo espacio público de debate.174

La visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1979 marcó un punto de inflexión en la existencia de estas organizaciones. Mark Falcoff estudió la política norteamericana durante esos años, el impulso del presidente Carter a esta cuestión, y la inflexión, marcada ya en 1980 y profundizada desde 1981 por el presidente Reagan. Los pormenores de la visita de la Comisión están bien reconstruidos en Guest y Feitlowitz; sus repercusiones internas –sumadas al premio Nobel otorgado a Adolfo Pérez Esquivel– son analizadas por Novaro y Palermo, mientras que Quiroga explica el cuadro más general de repercusiones políticas y sociales; entre ellas, el cambio de posición de la Iglesia, y sobre todo su documento “Iglesia y Comunidad nacional”, de 1981, son analizados por Zanatta y Obregón.175

Desde 1981 el movimiento de derechos humanos ganó el espacio público e impuso una imagen de unidad, a través de las “marchas por la vida”.176 Por entonces comenzaron a hacerse sentir las voces de los partidos políticos, a través de la Multipartidaria, de la CGT y de un amplio movimiento cultural cuyas manifestaciones pueden ser leídas también en clave contestataria;177 la revista Humor fue el termómetro de esta apertura.

La situación cambió bruscamente el 2 de abril de 1982, con la invasión a Malvinas. Rosana Guber señaló el enraizamiento de este reclamo en la matriz cultural e ideología nacionalista, sólidamente arraigada en el sentido común.178 Ello explica la adhesión muy amplia que recibió esta medida, y la imposibilidad de que se escucharan voces críticas; Madres de Plaza de Mayo condicionó su apoyo a la satisfacción de su reivindicación histórica, pero no dejó de indicar su coincidencia.179 Luego, el desastroso desarrollo de la guerra transformó la euforia generalizada en crítica unánime, y la derrota desencadenó el derrumbe del régimen militar y el comienzo de la transición democrática.180 La Guerra de Malvinas tiene relaciones complejas, y no completamente dilucidadas, con el problema de los derechos humanos. A la adhesión inicial generalizada, que incluyó hasta a exiliados argentinos en el exterior perseguidos por la dictadura, siguió, luego de la derrota, la asociación entre víctimas de la dictadura y víctimas de la guerra; la figura del capitán Astiz, de destacada, aunque poco gloriosa, participación en uno de los episodios de la guerra sirvió de puente entre ambas situaciones. Sin embargo, esta asociación no llegó a desarrollarse, pues quienes orientaron el debate público en el período de la transición democrática prefirieron no dilucidar la cuestión acerca de las opiniones suscitadas por el conflicto de Malvinas. Se enfatizó en cambio el repudio al régimen militar, uniendo en el mismo rechazo a quienes se habían opuesto a la guerra y quienes, simplemente, achacaban la derrota a la mala conducción militar. Esta tensión y confusión se prolongó en el trato dado a los ex combatientes. El tema es analizado por Federico Lorenz.181

Durante la transición, el movimiento de derechos humanos fue el gran protagonista de la vida pública, a través de manifestaciones masivas, que expresaban un nuevo sentir: la unanimidad de la ciudadanía contra el régimen. Por entonces, las organizaciones adoptaron como consigna la demanda de justicia: “juicio y castigo a todos los culpables”, un juicio que se llevaría adelante a través de una comisión bicameral. Tal formulación se enfrentaba categóricamente con la pretensión de los militares de justificar lo hecho, admitir “excesos”, inevitables en una “guerra sucia” y dar por cerrada la historia; todo se ello plasmó en dos documentos que definieron una línea de interpretación a la que los militares adhirieron sin fisuras hasta 1995.182 La mayoría de los partidos políticos fue reacia a hacerse cargo de la consigna de las organizaciones de derechos humanos, y el candidato presidencial del Partido Justicialista, I. Luder, declaró que tales leyes debían ser aceptadas. Una excepción fue Raúl Alfonsín, precandidato presidencial por la UCR, quien en términos generales adoptó con entusiasmo las consignas de las organizaciones de derechos humanos, aunque propuso una instrumentación donde se hacían patentes sus diferencias.183 Sin embargo, considerado en conjunto, las organizaciones de derechos humanos tuvieron un papel fundamental en la conformación del nuevo escenario político, particularmente por la incorporación de los valores de la libertad y el pluralismo, y en general la dimensión ética de la política, que hasta entonces habían tenido una presencia poco significativa.

Por entonces, la realidad de lo que había sido la represión se manifestó públicamente, a partir del descubrimiento de un conjunto de cadáveres enterrados anónimamente. Inés González Bombal analizó lo que se ha llamado “el show del horror”, cuando los medios masivos, especialmente las revistas y las radios, compitieron por revelar los aspectos más horripilantes, y subrayó la dosis de escapismo y trivialización que había en ello. Hubo por entonces un repudio general a los militares, que combinaba diversos componentes, incluyendo el de quienes los acusaban de no haber hecho bien su trabajo. Pero el tema de los derechos humanos sólo interesó a un sector circunscripto.184 Por entonces, esta súbita toma de conciencia derivó en una caracterización de los desaparecidos como “víctimas inocentes”, cuya militancia política y social no era mencionada. Simultáneamente, se conformó una imagen heroica de la sociedad; ajena a la masacre, había resistido a la dictadura y había sido víctima de la tenaza de los “dos demonios”: la subversión y el terrorismo de estado.185 Sobre esa imagen, que informa el documento liminar de la CONADEP, se desarrollarán después de 1984 los nuevos combates por la memoria.


La democracia, 1983-2003


a. El estado y la sociedad: las víctimas y los culpables

Después de 1983 se desarrolló un largo e inconcluso proceso relativo a qué hacer con los crímenes cometidos durante los años de la dictadura militar. El gobierno constitucional electo en 1983, presidido por el doctor Raúl Alfonsín, constituyó una comisión para investigar la desaparición forzada de personas (CONADEP), y enjuició a los miembros de las Juntas militares que gobernaron durante esos años, así como a algunos de los jefes de las organizaciones armadas. Los jefes militares fueron juzgados por un tribunal penal y condenados con penas diversas, confirmadas por la Corte Suprema de Justicia; con posterioridad, se acusó y encausó a otros militares vinculados con la represión, muchos de ellos en actividad. Entre estos se suscitó un movimiento de resistencia, que eclosionó en la Semana Santa de 1987, encabezado por el grupo conocido como “carapintadas”; el gobierno, que ya había promovido la sanción de la ley de Punto Final que ponía un plazo para la apertura de nuevos juicios, impulsó la de Obediencia Debida, que exculpaba a aquellos que pudieran demostrar que habían actuado bajo órdenes, aunque excluyó el caso de rapto, desaparición y venta de niños, así como los de apropiación de bienes de las víctimas. Las organizaciones de derechos humanos en general se manifestaron insatisfechas con lo hecho, y repudiaron la ley de Obediencia Debida. A la vez, la inquietud y tensión militar no cedió durante el gobierno de Alfonsín, mezclándose el problema de los juicios con cuestiones internas del Ejército. Al comenzar su gobierno, el presidente Menem indultó a los enjuiciados y condenados por las últimas cuestiones internas; poco después, sofocó con energía el último alzamiento militar y de inmediato indultó a los miembros de las juntas que habían sido condenados.

Pero en 1994 la Justicia reinició su acción, acusando y condenando a varios jefes militares prominentes por la sustracción de niños nacidos en cautiverio. Un año después, un oficial de Marina confesó su participación en vuelos en los que se arrojaba al mar a prisioneros de la Escuela de Mecánica de la Armada: era la primera revelación de esa índole proveniente del lado militar, que hasta entonces había estado abroquelado.186 Casi simultáneamente, el Comandante en Jefe del Ejército, general Balza, realizó una severa crítica de la actuación del Ejército durante la represión, que fue acompañada, aunque de manera mucho más moderada, por los jefes de las otras fuerzas.187 A la vez, las organizaciones de derechos humanos volvieron a manifestarse activamente, agregándose una muy activa, HIJOS (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio), formada por hijos de desaparecidos. En 2003 el presidente Kirchner impulsó la anulación de la ley de Obediencia Debida y realizó algunos gestos significativos de condena de la represión y de reivindicación de los militantes de los setenta. En suma, la cuestión sigue abierta. El tema, que no está cerrado, despierta pasiones que sesgan las interpretaciones. Los indultos del presidente Menem produjeron rechazo amplio pero a la vez resignada aceptación, mientras que lo hecho durante el gobierno de Alfonsín ha suscitado la crítica de las organizaciones de derechos humanos y de la oposición peronista, que alternativamente lo atacó en nombre de los derechos o de la necesaria pacificación.

El texto de Carlos Acuña y Catalina Smulovitz188 es útil para poner orden en este debate. Caracteriza esta historia en términos de actores racionales, objetivos de máxima de cada uno de ellos, negociaciones y una resultante que no satisface plenamente a nadie, pero que contempla en algún punto los intereses de cada uno. Las organizaciones de derechos humanos aspiraron al juicio y castigo de todos los culpables; los militares, a “dar vuelta la página”, en los términos de la fallida ley de autoamnistía; el gobierno de Alfonsín apuntó a una solución intermedia: el tratamiento judicial, el establecimiento de niveles de responsabilidad (los que ordenaron, los que obedecieron y los que se excedieron) y el autoprocesamiento de los militares; para esto se reformó la ley penal, que permitió la intervención de la Justicia federal luego de que los militares desecharon la posibilidad del autoprocesamiento.189 La Justicia se agregó como un nuevo actor: luego de la condena de los máximos responsables –con criterios que las organizaciones de derechos humanos consideraron benignos– dejó abierto el camino para nuevos juicios, y desde entonces, los impulsó o no, según las coyunturas políticas. Ante la ofensiva judicial, surgió en el Ejército un grupo, los “carapintadas”, que reclamó una “solución política” –mucho de eso lo obtuvo con la ley de Obediencia Debida de 1987– y a la vez inició una lucha interna por la conducción del Ejército, que duró hasta la represión realizada en 1990. No hubo un vencedor pleno: el resultado, considerada la situación hacia 1990, incluyó al menos algo de todos los objetivos: el establecimiento de un comportamiento criminal del estado, la condena judicial de los responsables máximos, la institución de la posibilidad de la investigación y condena militar, la pacificación del frente militar y su subordinación al poder civil.

Para Hugo Quiroga,190 estos veinte años pueden explicarse en términos de la exasperante tensión en torno de los derechos humanos entre la justicia y la política: en ese atolladero “el castigo era tan improbable como ineludible”. Finalmente, se llegó a un “pacto postergado”, no explícito al principio y concretado en 1995, cuando el general Balza realizó la profunda crítica del Ejército. Allí enjuició tanto los métodos como los fines, y negó legitimidad absoluta a la obediencia debida; pero, señala Quiroga, la autocrítica llegó cuando sólo cabía la condena moral. Significativamente, también comenzó a romperse el “pacto de silencio” de los militares. En suma, la solución a la que se llega se encuadra en el “realismo político”, y se ubica en un punto intermedio entre el indulto menemista –poco realista porque dañaba la credibilidad institucional y política– y el reclamo ilimitado de justicia, que sólo logró el abroquelamiento militar.

La perspectiva militar del problema fue estudiada por Ernesto López en varios trabajos, donde analiza el laborioso proceso de imposición de la autoridad civil, del que el Juicio a las Juntas fue sólo una parte.191 La dificultad de esa imposición surge de un serio problema de origen: la ausencia de un pacto político referido a qué hacer con los militares. La transición fue gobernada por la opinión, movilizada por las organizaciones de derechos humanos, sobre la que se encabalgó Alfonsín; sin embargo éste fracasó en el manejo de la situación: sus propuestas no satisficieron plenamente a la opinión, y la desilusionaron progresivamente. Así, la oposición peronista, libre de compromisos, tuvo ocasión de atacarlo con el reclamo de soluciones radicales a la cuestión de los derechos, y simultáneamente con la asunción, menos pública, de los reclamos de los militares golpeados. Esa división del frente político y la debilidad presidencial consiguiente le permitió a los militares resistir la imposición del poder civil.

Según López, Alfonsín no habría comprendido el sentimiento militar –la convicción de sus cuadros de que habían desarrollado una “guerra justa”– y la humillación a que los sometió abrió el camino a un grupo interno extremista: los “carapintadas”. El éxito de ese grupo de oficiales intermedios se relaciona con una “crisis de identidad”, debido en primer lugar al fracaso en la Guerra de Malvinas, y luego a la exposición pública de los procedimientos de la “guerra sucia”. En ese contexto, los oficiales jóvenes se enfrentaron simultáneamente con el poder civil, resistiendo los enjuiciamientos, y con la conducción militar, a la que culparon de los fracasos, y ambos conflictos se desarrollaron entrelazadamente hasta 1990. Alfonsín fracasó ante ellos, mientras que Menem, combinando indulto con represión, pudo establecer contundentemente la primacía del poder civil sobre las Fuerzas Armadas, aunque no clausuró de manera definitiva la cuestión de los juicios, que se reabrió en 1994.192

La perspectiva de este proceso desde el punto de vista de la justicia y la ley es subrayada por Hugo Vezzetti.193 Establecer judicialmente que la dictadura constituyó un estado criminal se convirtió en un hito: juzgar y castigar a los culpables principales constituyó un hecho excepcional, en América Latina y en el mundo. No hubo en ello nada de natural e inevitable: como E. López, Vezzetti subraya la ausencia de un pacto originario de los partidos políticos, y la proclividad de sus dirigentes a acordar “salidas” con los militares, de modo que Alfonsín inició ese camino con el solo apoyo de la opinión pública. A la vez, resistencias, presiones, remesones de los militares y sus agentes crearon una situación de final incierto. Los efectos de la política inicial de Alfonsín fueron notables. A partir del Nunca más y del Juicio a las Juntas pudo definirse un nuevo pacto entre la sociedad y el estado: según él, la autoridad civil se funda en la ley, un principio en cierto sentido obvio, pero que no era muy fuerte en la cultura política argentina, más democrática y autoritaria que liberal.

Por otra parte, el juicio definió un criterio para la reconstrucción del estado, basada en la majestad de la ley, potenciada por su teatralización: lo que Vezzetti denomina “la escena de la ley”. Todo el procedimiento del juicio, los actos y la escenificación, reforzaron ese sentido profundo: el desfile de los criminales ante el estrado, la confrontación de distintas versiones de lo sucedido ante un tribunal encargado de establecer la verdad, y sobre todo, el efecto disuasivo de la ley: para quienes la infringen hay castigo. Estos efectos son para Vezzetti más importantes que los actos políticos posteriores, la ley de Obediencia Debida y la amnistía. De acuerdo con otras versiones de esta historia, estas disposiciones de los gobiernos deben ser interpretadas como claudicación y derrota, y su significado habría de ser a la larga más importante que el juicio. Vezzetti acepta que afectaron la credibilidad en la democracia, pero no el sentido primero del juicio, según el cual la ley se contrapone de manera absoluta al horror.194

Para las organizaciones de derechos humanos, la etapa democrática planteó un conjunto de problemas nuevos. Las exigencias de índole absoluta, que fueron efectivas en la confrontación con los militares, aparecieron desafiadas por la situación en que un gobierno quería hacerse cargo del problema, pero no en los exactos términos propuestos por las organizaciones de derechos humanos. Hubo diferencias y hasta divisiones, reflejadas en muchos de los textos y trabajos referidos a este proceso.195

Temma Kaplan realiza una versión equilibrada, y a la vez propone un ángulo novedoso para valorar la actuación de las organizaciones de derechos humanos en el nuevo contexto democrático.196 Esas organizaciones coincidieron en trabajar para mantener la memoria del horror, evitar su banalización y conseguir que los culpables fueran juzgados. Difirieron respecto de la acción de la CONADEP y del Juicio a las Juntas pero compartieron el rechazo a la ley de Obediencia Debida y a la amnistía. La principal organización, Madres de Plaza de Mayo, se dividió a principio de 1986, surgiendo Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora. Tres cuestiones específicas marcaron la división. La primera, las reparaciones ofrecidas por el estado a las víctimas, que las madres más radicales consideraron una suerte de soborno para obtener el olvido. Luego, la instauración de monumentos y placas conmemorativas fue cuestionada como una forma de aceptación de la muerte de los desaparecidos; el Parque de la Memoria en 1999 y el proyectado Museo de la ESMA fueron otras ocasiones para confrontar opiniones.197 Finalmente, la exhumación de los cuerpos fue considerada en el mismo sentido, y también como una forma de desviar la atención, que debía concentrarse en los asesinos y no en las víctimas. El grupo de Madres de Plaza de Mayo encabezado por Hebe de Bonafini se concentró en posiciones y consignas políticas duras y radicalizadas y adoptó un estilo de conducción fuertemente centralizado, adecuado para la acción política, mientras que el grupo de Madres Línea Fundadora adoptó una organización más horizontal y buscó nuevas maneras de actuar sobre la opinión, por ejemplo impulsando a los jóvenes a reconstruir su propia memoria. Desde 1995, el movimiento de los derechos humanos recibió un nuevo impulso con la formación de HIJOS, que generó una forma de acción novedosa y eficaz: el “escrache” o demostración, entre festiva y violenta, ante el domicilio de alguno de los ejecutores de la represión, que eran denunciados ante la opinión pública.198

Para Kaplan, allí está la clave de estos movimientos: preocupados por mantener viva la memoria, encuentran nuevas maneras de presentarse y hacer política, donde el espectáculo, la demostración, es muy importante. Las Madres, desde sus orígenes, hicieron un espectáculo de ellas mismas: a las rondas le agregaron sucesivamente diferentes fechas conmemorativas, así como un ritual característico; similares propósitos tuvieron los “escraches” de HIJOS: en ese sentido, estas organizaciones prefirieron las demostraciones a los monumentos. Por esa vía, hicieron una doble contribución, a la democracia y a la memoria. Respecto de la primera, sumaron a los escenarios representativos una arena pública de participación directa y activa, en la que lograron éxitos importantes y se convirtieron en actores ineludibles. Respecto de la memoria, contribuyeron a hacer visible lo invisible, y a evitar el olvido.


b. La memoria

Junto con las tradicionales exigencias de verdad y justicia, la cuestión de la memoria se ha instalado en el centro de los debates sobre el “pasado que duele”. Patricia Valdez habla de “una situación propicia” para “la vuelta de la memoria”, vinculando el interés académico en la cuestión y el desarrollo en Occidente de movimientos sociales de recuperación de pasados traumáticos, con la formulación de nuevas estrategias de las organizaciones de derechos humanos, preocupadas por la preservación del recuerdo, su transmisión y, en definitiva, la construcción de la memoria. Esta nueva preocupación, cuyo origen ubica hacia 1995, ha coincidido con una actitud más favorable en distintas instancias gubernamentales, que apoyaron iniciativas relativas tanto a la memoria cuanto a la profundización de la vía judicial, una situación que se ha potenciado desde 2003, por acción del presidente Kirchner. Esa renovada predisposición dividió nuevamente las aguas en las organizaciones de derechos humanos, pues un grupo de ellas, lideradas por Madres de Plaza de Mayo y su presidenta Hebe de Bonafini, rechazaron cualquier acción conjunta con el estado, aún cuando más recientemente aceptaron la interlocución con el presidente Kirchner.199

La cuestión de la memoria constituye un campo amplio, de contornos imprecisos, donde las cuestiones cívicas y las académicas se confunden mucho más fácilmente que en otros terrenos y donde, sobre todo, las evidencias del saber riguroso son permanentemente confrontadas con las convicciones. Al respecto, conviene distinguir cuatro cuestiones: la difusión pública de las memorias y recuerdos de quienes participaron en los años en cuestión, así como la representación de esos episodios en distinto tipo de creaciones de ficción; los estudios académicos sobre los modos de constitución de la memoria; las propuestas políticas acerca de cómo debe conformarse la memoria pública y, finalmente, los estudios acerca de cómo se ha conformado la memoria social, incluidos como parte de una explicación más general del proceso político e ideológico. Una quinta cuestión incluye los trabajos historiográficos que portan una carga considerable de propuestas políticas de construcción de memoria, que han sido mencionados en secciones anteriores.

Sobre el primer punto, cabe distinguir entre las memorias de militantes y partícipes y las obras ficcionales que se refieren a esos episodios, aunque entre ambos hay una zona de superposición no menor. Ambas son materia prima para el trabajo del historiador, y son también instrumentos de intervención política en la construcción social de la memoria.200 

Respecto de los estudios académicos, ha habido en la última década una verdadera explosión del tema, registrable en un gran número de trabajos en curso, organización de jornadas específicas, cursos e inclusive enteros programas de posgrado referidos a la memoria en general, y en particular a la memoria de los años del dolor. Esto entronca con un fuerte desarrollo académico internacional, y la existencia de referentes teóricos significativos. Respecto de los resultados, se trata por ahora de un campo en proceso de constitución. Hay muchísimos trabajos, sobre todo de investigadores jóvenes, que sólo de manera gradual están empezando a alcanzar el nivel de publicaciones significativas.

En términos generales, y con algunas excepciones, esos trabajos están sometidos a una doble tensión. Por un lado, suelen buscar una confirmación por la vía de la investigación de opiniones fundadas en convicciones políticas y ciudadanas. Se trata de un terreno dominado por el “tono elevado” y la corrección política. Por otro, muchos trabajos parecen limitarse a la confirmación, en un caso específico, de los modelos de análisis y hasta de las conclusiones desarrolladas con referencia a otros contextos y situaciones por aquellos que constituyen sus referencias teóricas. No es un problema privativo de esta porción del campo académico, pero aquí resulta más notable, sobre todo si se potencia con el problema anterior.201

El conjunto de trabajos más destacado en esta temática es el que viene publicando Elizabeth Jelin en la serie Memorias de la represión.202 Muchos provienen de un vasto proyecto de alcance sudamericano, dirigido por Jelin y Carlos Iván Degregori, destinado a la formación de jóvenes investigadores y también de intelectuales con capacidad para intervenir en los debates públicos. Se trata de monografías en las que se cruzan los análisis de las prácticas sociales y de la constitución de lo simbólico: las luchas por la identidad, y la formación de identidades colectivas en torno de un episodio conflictivo.203 Entre el más de medio centenar de monografías publicadas hasta ahora hay, naturalmente, disparidades; a veces se aprecia alguno de los problemas arriba mencionados, y hasta ambos.

Muchas de las referidas a la Argentina han sido ya mencionadas. La de Claudia Feld sobre las imágenes fílmicas del juicio a los comandantes es sobresaliente; estudia el destino de la documentación fílmica del célebre juicio, y relaciona sus usos con las cambiantes políticas con los derechos humanos y con los militares; también estudia los diferentes lenguajes privilegiados en cada ocasión, desde el estrictamente jurídico a otro más orientado a destacar el horror. Otro trabajo interesante es el de Federico Lorenz sobre los diversos significados de la conmemoración del aniversario del golpe de 1976; se trata de un trabajo de final abierto que muestra, a través de un caso, tanto la más reciente repolitización del pasado cuanto las opciones diferentes asumidas por los militantes de los derechos humanos. María Cecilia Mombello presenta distintos aspectos de la lucha por los derechos humanos en Neuquén. Ludmila da Silva Catela estudia a través de un episodio en Jujuy, el “apagón de Ledesma”, la confrontación de versiones y el cruce entre la visión surgida de los vecinos y las provenientes del ámbito nacional.204

Un aspecto importante de esta contribución académica es la recopilación de materiales y la organización de archivos, particularmente los que recogen los perecederos testimonios de los protagonistas. En la sección Archivos de esta publicación se incluye una información sistemática, entre la que cabe destacar el importante proyecto de Memoria Abierta. Pero además, muchos investigadores, con distinto grado de información, se han lanzado a la empresa de recuperar esas huellas del pasado, en el marco de lo que se ha llamado “historia oral”. Bajo este rótulo se encuadran dos grupos de trabajos diferentes: quienes utilizan los testimonios orales y producen fuentes, para luego tratarlas con las técnicas rigurosas de la disciplina, y quienes se limitan a recopilar testimonio orales y consideran que ellos en sí constituyen un trabajo histórico. Esta segunda tarea, sin duda útil para los historiadores, puede llevar a considerar al lector desprevenido que la “verdad” histórica está en el testimonio de quienes fueron los actores, una presunción en general peligrosa, pero mucho más cuando se trata de esta materia tan delicada, el pasado reciente, donde tan difícil es trabajar la materia histórica sin que ésta sea subsumida en la memoria de sus protagonistas.

Con respecto a la construcción de la memoria pública, los agentes y las iniciativas se han multiplicado. Las organizaciones de derechos humanos, como se señaló antes, han diversificado su accionar, preocupándose por la incorporación de las nuevas generaciones. Los grupos militantes desarrollan su propio debate, que tiene el interés de enlazar los años del proceso con los inmediatamente anteriores.205 Desde distintos ámbitos del estado han surgido iniciativas referidas a la memoria, como la creación de sitios de memoria o el establecimiento de conmemoraciones, asociando a estas organizaciones tanto en la discusión como en la gestión. En la provincia de Buenos Aires, la Comisión Provincial por la Memoria desarrolla una actividad intensa y variada: jornadas de discusión, con perfil académico en algunos casos, actividades con docentes y alumnos, la organización de un archivo y la publicación de una revista, Puentes, con fuerte capacidad de intervención pública, que sobresale por su seriedad y amplitud de criterios.

A lo largo de los veinte años de democracia ha habido algunos cambios significativos acerca de lo que debe ser recordado. Los primeros tiempos estuvieron dominados por la contraposición memoria-olvido, que hoy resulta claramente insuficiente. En términos teóricos, es conocido que hay memoria distintas y que cada memoria incluye su porción de recuerdo selectivo y de olvido. En términos políticos, son comunes las discusiones acerca de los términos que se han de emplear: por ejemplo si se ha de hablar de víctimas o de militantes, de culpables o de responsables, de genocidio o de masacre. En suma, esta claro que dentro del campo de lo políticamente correcto caben distintas memorias, que están en proceso permanente.206 En muchos casos estas diferentes versiones aparecen informando los trabajos académicos, sin que los autores hagan mención de esa toma de posición, o quizá sin que sean conscientes de ella. Son trabajos que se instalan en una zona intermedia entre lo académico y lo público, y probablemente constituyen el grueso de la producción en curso.

En algunos casos, esta situación de conflicto en torno a la memoria pública es ella misma el objeto de trabajos académicos. En relación con el Parque de la Memoria, Virginia Vecchioli estudió las discusiones acerca de cómo definir a las “víctimas del terrorismo de estado” cuyo nombre habría de incluirse en el monumento; tras la discusión por los criterios técnicos aparecen allí manifiestos distintos criterios acerca de lo ocurrido en los “años que duelen”.207 Federico Lorenz estudió el caso conocido como “la noche de los lápices”, cuando fue secuestrado un grupo de jóvenes escolares, supuestamente por protestar contra la supresión del boleto escolar.208 Durante mucho tiempo, fue un caso emblemático sobre los horrores de la represión, ensañada con víctimas inocentes, una imagen coincidente con la elaborada a partir de Nunca más; en ese sentido, el día del secuestro es conmemorado en las escuelas de la provincia. Desde 1997, las agrupaciones políticas han comenzado a reivindicar la militancia de los jóvenes, pertenecientes a grupos de apoyo de organizaciones armadas, secuestrados por participar activamente en la oposición a la dictadura. Consecuentemente, la explicación del tema fue modificándose en un sentido que Lorenz juzga positivo, no sólo en términos de historiador sino también de ciudadano: en lugar de una versión maniquea de la historia, se apunta ahora a una comprensión más compleja, que permitiría un desarrollo más profundo de los valores vinculados con los derechos humanos y la democracia.209

Todas estas entradas al tema de la memoria han de permitir, en algún momento, una cabal historización del pasado reciente. El aporte más consistente en este sentido es el libro de Hugo Vezzetti Pasado y presente. Guerra, dictadura y sociedad en la Argentina.210 Su propósito declarado es registrar un cierto estado de la memoria y el pensamiento, confrontados con un relato que él juzga autorizado acerca de lo que pasó: cómo fueron las cosas y cómo se las recuerda. El “cómo fueron” marca la limitación de este trabajo: Vezzetti confronta la memoria social con su propia versión de ese pasado. Pero esa versión, sostenida por la mejor bibliografía, tiene méritos singulares: ubicar al Proceso en su historia, mostrar su excepcionalidad en el contexto de un ciclo de violencia política socialmente legitimada muy amplio, señalar las raíces del horror en prácticas establecidas de la sociedad y mostrar toda la gama de reacciones de la sociedad y sus actores ante el Proceso, entre el extremo de la plena aceptación y el otro, del pleno rechazo.

Sobre ese marco, Vezzetti diseña las principales configuraciones de las memorias en conflicto y subraya la centralidad del complejo Nunca más, Juicio a las Juntas. Destaca la importancia del “No”: su carácter fundador de una memoria que no es ideológica ni facciosa, a partir del categórico rechazo del horror que habría de servir de fundamento principal a la construcción de la democracia; los avatares de este régimen político, severamente cuestionado desde fines de 2001, no habrían afectado ese carácter de ancla moral del complejo. Luego, analiza dos figuras discursivas: la de “víctima”, o “desaparecido”, sin filiación política, y la “teoría de los dos demonios”, que además de facilitar el procesamiento de la cúpula militar, sirvió para exculpar a la sociedad argentina de cualquier vinculación con el drama de aquellos años, limitado al enfrentamiento de dos aparatos armados.

Tal fórmula fue cuestionada fuertemente por las organizaciones de derechos humanos, al igual que toda la política en la materia del presidente Alfonsín, señalando que equiparaba la disidencia política armada con el terrorismo de estado. La crítica se profundizó a medida que la política presidencial debía ceder ante la resistencia de la corporación militar. Desde entonces, el consenso del Nunca más fue reemplazado por una escisión de la memoria en distintas variantes, que conservan sus lazos con la configuración originaria. Hay textos que desarrollan la perspectiva del Nunca más, tratando de adecuarla a la comprensión de las nuevas generaciones: se destaca el costado juvenil de la disidencia política, y sus aspiraciones idealistas, pero se elude la cuestión de su militancia. En el otro extremo, han surgido versiones militantes, que subrayan el compromiso y la heroicidad de las “víctimas” y refirman sin modificaciones las creencias que los impulsaban en los años setenta.211 Un tercer grupo lo constituyen los trabajos que miran los años de militancia y represión desde el punto de vista de los militantes de base, de acuerdo con lo que los historiadores llaman la “mirada desde abajo”; hay en ellos una fuerte dosis de empatía y a la vez una restricción en la capacidad explicativa, en tanto se omite la consideración de quienes, por el tipo de organizaciones involucradas, son responsables de las decisiones importantes.212



CONCLUSIONES


¿El fin de la violencia política?

Tanto en la Argentina como en otros países que vivieron experiencias similares, la violencia política retrocedió y ha perdido legitimidad. ¿Es realmente así? ¿estamos hablando de algo que sólo es parte del “pasado que duele” o también de un futuro potencial? Examinemos sus principales componentes.

Desde 1983 la afirmación de la democracia liberal y republicana ha arrinconado un conjunto de rasgos fuertes, muy tradicionales de nuestra cultura política: el autoritarismo, la exhaltación de la homogeneidad cultural e ideológica, la intransigencia y el faccionalismo. Muchos de ellos congeniaron con la democracia, pero no con su versión liberal. La violencia anidó en esa matriz cultural de largo plazo. No puede asegurarse que haya desaparecido: así lo prueban los recurrentes, aunque esporádicos, brotes de nacionalismo integral en el actual discurso político.

También ha declinado la ilusión revolucionaria, esa convicción en la capacidad de la voluntad humana para construir rápidamente un mundo mejor, que justificó, para unos y otros, el recurso a la violencia. Ha habido momentos de ilusión y encantamiento, pero se canalizaron hacia la construcción de un escenario no violento, fundado en la democracia y los derechos humanos. Hoy predomina más bien la idea de una realidad opaca, donde no es fácil distinguir con claridad el bien y el mal, y menos aún, discernir sus causas y operar sobre ellas. Un largo camino de pequeñas mejoras parciales parece ser lo más prometedor que puede ofrecernos un futuro incierto. Pero la experiencia histórica indica que las pasiones reaparecen cíclicamente. Hoy, la idea de la violencia redentora sólo es expresada por nostálgicos de lo no vivido. No conviene, sin embargo, ignorar este revival.

Una de las raíces de la violencia política fue la conflictividad social, no canalizada en espacios de confrontación democráticos, y que finalmente desbordó los canales de la negociación corporativa construidos por el estado. La conflictividad social es menor que hace treinta años: las dramáticas transformaciones de la sociedad y la economía han reducido la capacidad de lucha de los actores corporativos más débiles. Ha surgido en cambio un nuevo tipo de conflictividad, que arraiga en los excluidos, los desocupados. Ciertamente, y más allá de los discursos de los dirigentes, los suyos no son reclamos que cuestionen el orden social y que postulen otro. Se trata de un reclamo al estado, por el reparto de lo poco que éste puede dar: su violencia es una cuestión de orden público. Pero su reclamo discurre por fuera de las instancias de negociación que la institucionalidad democrática aspiraba a construir: un torrente que corre por el exterior de la ciudadela, pero que puede eventualmente llegar a socavar sus muros.

Distintos actores del juego político violento han retrocedido o están neutralizados. Los partidos de izquierda juegan la política democrática, donde obtienen votos exiguos. La Iglesia se ha colocado fuera del centro de la política, y se limita a cuidar sus intereses específicos. Las Fuerzas Armadas han quedado subordinadas al poder político y padecen, como otros actores estatales, la penuria de recursos. Han realizado un callado pero profundo examen de sus ideas y supuestos. ¿Hasta donde ha llegado ese cambio? No lo sabemos.

El cambio más importante, y a la vez el más específico, dentro de un cuadro que tiene mucho de común con otros casos vecinos, se encuentra en el peronismo. De un modo u otro, durante cuatro décadas la violencia política estuvo ligada al peronismo. En sus orígenes el movimiento peronista produjo una nueva síntesis de aquella matriz política autoritaria e intolerante a la que se hizo referencia más arriba. Desde 1955, la proscripción del peronismo fue el principal caldo de cultivo para los grupos propensos al uso de la violencia política, ya sea para transformarse en vanguardia de un movimiento popular huérfano de jefatura, ya para combatir dentro de él a potenciales competidores, ya para reprimirlo globalmente o para combatir en él las corrientes juzgadas peligrosas. Pero desde 1983 el peronismo se ha incorporado al juego democrático, y ha operado una transformación profunda de su organización –de movimiento a partido–, sus prácticas y su discursividad. No sólo no es más el “hecho maldito del país burgués”; hoy es el basamento mismo del actual sistema político. Es difícil asociarlo con perspectiva alguna de resurgimiento de la violencia, salvo por algo: el peronismo sigue teniendo una capacidad infinita para albergar en su seno cualquier tendencia política e ideológica. Si una alternativa violenta resurgiera en la Argentina, con seguridad hallaría su lugar dentro del peronismo.

En suma, ninguno de los factores que fueron importantes para la conformación de la violencia política están hoy activos; pero ninguno puede ser completamente descartado. Su desactivación permanente tendrá que ver con la eficiencia de los mecanismos que la sociedad ha construido para excluir o acotar el recurso a la violencia. Éstos son el estado, el estado de derecho y la democracia republicana.

En nuestro ensayo hemos señalado los pasos del crecimiento deformado, la destrucción y la casi licuación del estado argentino, en relación sobre todo con el desmadre del conflicto corporativo. Las secuelas de ese proceso se manifiestan hoy de manera más visible en términos de ineficiencia y de corrupción. La violencia delictiva, que está hoy en el centro de las preocupaciones ciudadanas, tiene una de sus raíces en el deterioro de la sociedad, el empobrecimiento y la retirada del estado de tareas irrenunciables, como la educación y la salud; la otra se encuentra, más simplemente, en la corrupción de la institución estatal. Es difícil imaginar un régimen político que funcione, que convenza por su eficiencia, que gane su legitimidad por su funcionamiento, que avente la tentación violenta, sin una mejora sustantiva en el funcionamiento del estado.

La cuestión del estado de derecho, del gobierno de la ley, es un aspecto específico de ese cuadro más general. Aunque la noción es vieja como el mismo pensamiento político de la modernidad, en la Argentina se trata en realidad de una noción joven, novedosa y hasta poco conocida. La dictadura militar corroyó esta noción hasta el hueso, pero trabajó sobre una realidad largamente corrupta, pues ni los anteriores gobiernos autoritarios ni en general los de origen democrático, convencidos de la soberanía de la voluntad popular, hicieron mucho por defender lo que se juzgaba una cuestión meramente formal. Sabemos por experiencia que entre declarar la adhesión a este principio básico y ajustar a él todas las conductas sociales hay un largo trecho, máxime si toda la experiencia asociada con los derechos humanos –la alternativa a la barbarie violenta– ha puesto el acento precisamente en los derechos y no en los deberes anejos al respeto de la ley.

La democracia republicana es la gran construcción de los últimos veinte años, la herramienta capaz de ofrecer para los conflictos de la sociedad un ámbito de expresión y de negociación civilizada que excluya la violencia. Su colapso en los años sesenta fue uno de los factores decisivos en la eclosión de la violencia. Su construcción, a partir de 1983, sigue siendo la principal fuente de esperanzas e ilusiones de la sociedad, el “arca de la alianza” del nuevo pacto político. Por eso mismo, sus deficiencias, bien conocidas, deben preocuparnos y llamarnos a la reflexión: nada ha sido conquistado definitivamente. Las instituciones republicanas no terminan de asentarse, doblegadas permanentemente por un presidencialismo que ya no se legitima en liderazgos carismáticos sino en las urgencias de la crisis. El sistema de partidos funciona hoy mucho peor que en la década de 1980, y cada partido carece de sólida entidad. La clase política, que ilusionó en los ochenta, se convirtió en el principal objeto de escarnio durante la última crisis.

Pero lo más importante es la creciente dificultad en la conformación de la ciudadanía. Hay algo de paradójico en una sociedad que cuando era democrática, en términos de movilidad e integración, no pudo construir un régimen político democrático, y ahora parece haberlo logrado, precisamente cuando está escindida, polarizada y segmentada. Es difícil imaginar que surjan los ciudadanos educados, activos, calificados, que requiere un régimen político tan complejo como la democracia, con un enorme sector que se reparte entre la pobreza y la indigencia. En el mediano plazo, el mayor problema para esta democracia ha de ser probablemente la carencia de ciudadanos. Es posible que, si el estado se reconstruye, esto de lugar a una de esas “tiranías benévolas” que Tocqueville veía en el horizonte de la democracia francesa de mediados del siglo XIX. Pero también es posible que, si esos mecanismos fallan, la crisis de esta democracia recree las condiciones que posibilitaron la espiral de la violencia política.

En suma, sería un error dar por definitivamente terminado el ciclo de la violencia política. El “pasado que duele” forma aún parte del futuro posible, aunque quizá no probable. Su estudio es algo más que una cuestión académica: el futuro de esta comunidad política, trabajosamente construida desde 1983, se juega al menos en parte en una cabal comprensión de esa porción del pasado. Memoria, historia y política siguen estrechamente enlazadas. Y sin embargo, para avanzar hay que desenlazarlas.


¿Qué estudiar del pasado reciente?


Un balance de la producción historiográfica sobre la Argentina se parece un poco a un mapa antiguo: algunas partes están dibujadas con cuidado, otras, mucho mayores, se resuelven con algunas grandes líneas, y en muchas otras, a falta de información precisa, y el mapa se completa con dibujos fantasiosos. Algo de esto se habrá notado en este balance historiográfico referido a la violencia política. Particularmente, el notorio desequilibrio entre la primera sección, anterior a 1976, donde existe un número siquiera respetable de trabajos historiográficos, y la segunda, donde en el mejor de los casos el vacío es llenado con interpretaciones un poco más generales: grandes esquemas hipotéticos a la espera de la investigación minuciosa que los llene de contenido, los confirme o matice. Señalaré cuatro campos en los que me parece útil concentrar la investigación futura.

En los temas de la primera parte hay materia para nuevos estudios. Vale la pena reconsiderar temas clásicos como el de la Fuerzas Armadas, la Iglesia, los movimientos político ideológicos y demás, a la luz de esta pregunta sobre la violencia política. Inclusive uno de los supuestos de este ensayo debe ser cuestionado: aquel que establece una línea de separación entre la violencia política del siglo XX y la del siglo XIX. Las raíces coloniales del autoritarismo y la violencia han sido un tópico de historiadores y ensayistas; hoy, muchos han comenzado a investigar de manera sistemática la perduración de la violencia propia de las guerras civiles bajo el régimen de la Constitución de 1853, buscando allí tradiciones y raíces de la política del siglo XX.

El momento clave para comprender la violencia política reciente se encuentra en los años sesenta y setenta, cuando alcanza la legitimación social y se instala en el centro de las prácticas políticas. En este ensayo hemos insistido en que no se puede comprender la última dictadura y el terrorismo clandestino de estado sin considerar esos años anteriores a 1976. Los historiadores de la generación mayor han producido algunas obras excelentes, pero en general han tenido comprensibles problemas para acercarse a este tema, que hoy atrae a infinidad de jóvenes historiadores. Uno de los aspectos más interesantes del actual movimiento historiográfico es la cantidad de investigaciones en curso sobre distintos aspectos de estos años. Quizá por ser jóvenes, todavía se manifiestan en ellos problemas de experticia, que naturalmente se resolverán. Más importante es el problema del velo ideológico: hay en muchas de estas aproximaciones más práctica militante que interés y rigor historiográfico; no faltan las versiones épicas, incluyendo aquí una suerte de épica de la democracia, que descalifica de raíz estas formas de expresión política. Pero a la vez, las instituciones del campo académico, con sus mecanismos de control y crítica, sin duda operarán eficazmente para encauzar estas investigaciones dentro del campo historiográfico. No dudo de que en esta área el avance está asegurado.

En cambio, sobre la etapa posterior a 1976 casi todo está por hacerse. Lo poco que sabemos proviene de los trabajos de los científicos sociales, indispensables para abrir el camino, pero insuficientes para las exigencias del conocimiento histórico. Por otra parte, las investigaciones están mucho más teñidas aún por el velo de la militancia, en este caso más vinculada con la causa de los derechos humanos. Este punto de partida –perfectamente comprensible, y en general virtuoso– ha concentrado la atención sobre los aspectos más excepcionales del régimen –la masacre, para decirlo sintéticamente– y sobre su dimensión ética –la perversa violación de los derechos humanos–, por lo cual sabemos muy poco de buena parte de la realidad, aquella de la vida que continúa, la de quienes supieron o se interesaron poco por estos aspectos del régimen, o los que le prestaron algún tipo de aquiescencia pasiva. Dicho de otro modo, está por hacerse la historia social y cultural de los años de la dictadura, aquella que surgiría por ejemplo, de un relevamiento sistemático de las revistas de actualidad, las que dan cuenta de la agenda social, los temas de interés cotidiano. Ha de ser una historia con menos blancos y negros que los que plantea la versión militante, pero precisamente en las zonas grises estará su capacidad explicativa. Luego vendrá la pregunta acerca de cómo se conecta esta historia más cotidiana, o la historia de aquellos procesos menos tocados por la política, con la historia excepcional del Proceso.

El cuarto campo está en pleno desarrollo, pero quizá requiera una clarificación conceptual. Se trata de la construcción de la memoria del pasado reciente, el modo como la sociedad procesó, procesa y seguirá procesando esta experiencia (que, insisto, debe incluir en una sola mirada el período 1968-1983). Se trata de un objeto en continuo desenvolvimiento: el trabajo de la memoria continúa, se siguen publicando testimonios, se escribe ficción y ensayo, se filman documentales y películas, se organizan muestras plásticas, se crean museos. El interés social sobre este pasado que duele es fluctuante: hoy –o quizás ya ayer– hemos tenido un episodio de reavivamiento, pero no sabemos cuánto va a durar. Todo ello requiere una reflexión y una explicación acerca de los modos de procesamiento de la memoria. Un monitoreo continuo, y un esfuerzo sostenido para realizar balances provisorios. Se trata de trabajar con un objeto en pleno desarrollo, lo que priva al historiador de lo que suele ser su principal ventaja comparativa: conocer el final de la historia.


¿Cómo estudiarlo?

Dos advertencias, ya adelantadas en el ensayo, parecen pertinentes para quienes encaran los estudios de memoria, tan en boga hoy.

Una parte de ese estudio consiste en producir sus fuentes: la “historia oral” es una técnica, bastante sofisticada, de construcción de fuentes. Esas y otras fuentes acerca de la memoria –un libro de memorias, una novela, una película, los periódicos, la documentación, las estadísticas– son los materiales con los que se inicia una investigación histórica, y no la investigación histórica misma. Recopilar esos testimonios es una tarea valiosa y urgente, puesto que los testigos tienen su vida limitada, y todos los emprendimientos que se hagan para construir esos testimonios son valiosísimos. Pero no puede ignorarse que existe una brecha entre la producción de una fuente y la investigación, y que, por ejemplo, los supuestos con que el entrevistador interroga al testigo no son neutros.

Por otra parte, los estudios de la memoria han estado vinculados, por razones históricas y políticas, con los emprendimientos relativos a las políticas de la memoria. Pero son dos cosas distintas: una cosa es estudiar el procesamiento de la memoria; otra, proponer cómo debería ser la memoria de una sociedad, de acuerdo con unos determinados valores, tan discutibles como cualquier conjunto de valores. Hay una confusión institucional: muchos emprendimientos para el rescate de la memoria están patrocinados por instituciones que tienen un determinado propósito acerca de cómo debe ser la memoria, lo que introduce un sesgo importante, y quizá hasta una performación de los testimonios. Hay también, usualmente, una confusión personal: muchos investigadores emprenden este camino preocupados por operar sobre la realidad, por construir una memoria que consideran correcta. Esa distinción diríase que es intrínseca a la doble figura del historiador y el ciudadano, pero como en otros casos, una buena investigación requiere colocar al ciudadano en segundo plano. O al menos, tener clara la diferencia.

Historizar el pasado, incorporar los conocimientos provenientes de la memoria como un insumo más de la reconstrucción histórica, tratar el pasado reciente con las mismas reglas del oficio con que se tratan otras materias: tal la propuesta de los historiadores profesionales para deslindar, dentro de lo posible, los campos. Se dirá que no es posible, y es cierto hasta un punto. Pero hay toda una tradición de rigor personal, casi artesanal, que constituye la base del oficio del historiador; por ejemplo: empeñarse en probar una hipótesis contraria a la que se le aparece como mas evidente. Hay también un control riguroso ejercido por el campo profesional.

Historizar el pasado se refiere, también, a la relación de la historia con el conjunto de las ciencias sociales, que también se ocupan del pasado, pero no exactamente de la misma manera. Se ha visto en este ensayo que casi todo lo que pensamos acerca del pasado reciente proviene de ese campo de estudios. No es una novedad: desde hace al menos cien años los historiadores estamos en deuda con ellos, por su capacidad de conceptualización, por la rapidez con que formulan hipótesis explicativas. El trabajo de los historiadores es más lento, por la exigencia de agotar la prueba, de aportar matices o distinciones que, quizá, puedan parecer inútiles, pero que a la larga ayuda a la formulación de nuevas matrices interpretativas. Por una cosa u otra, el trabajo de los historiadores es más lento. Pero un conocimiento cabal del pasado reciente requiere ir más allá de las respuestas generales hasta ahora disponibles.

Ya sea por el lado de “enfriar” los temas, o por el de matizar las grandes hipótesis, la versión de los historiadores ha de ser, necesariamente, más gris. Quizá podría decirse que la historia es la ciencia del claroscuro, de los matices. Un tema de debate, relativo a la cuestión del pasado reciente, su memoria y las políticas de la memoria, es el de la posible pérdida de la capacidad de formación de actitudes valorativas que el olvido acarrea. Desde este punto de vista, la disciplina histórica suele convertirse en una rama del civismo. Hay combates por la memoria, y para quienes están implicados en ellos, toda vacilación, duda o matiz implica una debilidad, todo intento de comprensión acarrea el peligro de la justificación.

Vale sobre esto una observación coyuntural y otra más general. En la Argentina de 2004, los paladines de la memoria ya están firmemente establecidos en la lid, y difícilmente retrocedan. Hay numerosas instituciones que se ocupan de ello, combinando militancia con profesión. Hay abundancia de fondos institucionales disponibles para esas encomiables acciones ciudadanas. Quizás hasta podría argumentarse que en ese mercado hay una cierta tendencia oligopólica, una tendencia de las organizaciones más asentadas a considerarse dueñas del pasado y su interpretación, y que no estaría mal algo de transparencia, de apertura a otras voces y otros enfoques. Pero no hay dudas de que el flanco está bien cubierto. Puede permitirse a la pequeña corporación de los historiadores que use sus grises.

Ojalá los escuchen. Hablando ahora como ciudadano, creo que uno de los problemas que enfrenta nuestra construcción democrática es haber comenzado con una alta dosis de blancos y de negros, de “sociedad civil” inocente y virtuosa y de “dictadura y sus personeros” responsables de todos los males. El planteo de Nunca más, tan virtuoso en muchos aspectos, tuvo sus consecuencias no queridas. Las cosas son bastante más complicadas, las responsabilidades mucho más difíciles de deslindar, y enfrentar los problemas reales con la única herramienta de la ilusión, del deber ser, sólo ayuda a generar, por reacción, actitudes cínicas. Hay un punto, quizá ideal, donde la corrección política y la probidad historiográfica han de encontrarse. Esa es nuestra tarea de historiadores del pasado reciente.




NOTAS

1. Ana Barletta realizó la recopilación bibliográfica. Agradezco particularmente los comentarios de Federico Lorenz. Puede encontrarse un desarrollo más extenso de las cuestiones históricas en mi libro Breve historia contemporánea de la Argentina. Segunda edición. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2001.

2. Un libro clásico pero vigente, sobre las políticas económicas en el período: Richard Mallon y Juan Sourrouille. La política económica en una sociedad conflictiva. El caso argentino. Buenos Aires: Amorrortu, 1973. El de Pablo Gerchunoff y Lucas Llach. El ciclo de la ilusión y el desencanto. Un siglo de políticas económicas argentinas. Buenos Aires: Ariel, 1998. No sólo cubre los años posteriores a 1973 sino que está escrito en lenguaje más accesible para el lector no especializado. Alfredo Pucciarelli aplica al análisis de esta cuestión categorías marxistas, de manera más comprensiva que en los textos de los años setenta: Alfredo Raúl Pucciarelli. “Dilemas irresueltos de la historia reciente de la sociedad argentina” en Alfredo Pucciarelli (ed.). La primacía de la política. Lanusse, Perón y la nueva izquierda en tiempos del GAN. Buenos Aires: Eudeba, 1999, pp. 23-56. Una mirada original y provocadora sobre esta cuestión (y sobre muchas otras) en Tulio Halperin Donghi. La larga agonía de la Argentina peronista. Buenos Aires: Ariel, 1994. Se ha publicado un debate sobre este libro, en el que participan José Nun, Silvia Sigal, Marcelo Cavarozzi y Luis Alberto Romero. Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”. Buenos Aires: núm. 12, 1995. Más recientemente, puede verse Luis Alberto Romero. “El estado y las corporaciones, 1920-1976”. Roberto Di Stefano, Hilda Sabato, Luis Alberto Romero y José Luis Moreno. De las cofradías a las organizaciones de la sociedad civil. Historia de la iniciativa asociativa en la Argentina, 1776-1990. Buenos Aires: Gadis, 2002.

3. Ambos autores se diferencian de quienes, con una inserción más fuerte en el peronismo, señalaban que tal contradicción se operaba entre el “imperio” y la “nación”, una diferencia teórica de fuertes consecuencias políticas.

4. Mónica Peralta Ramos. Etapas de acumulación y alianzas de clases en la Argentina (1930-1970). Buenos Aires: Siglo XXI Argentina, 1972. Hay una versión posterior, pero ésta es la que se leyó en esos años.

5. Juan Carlos Portantiero. “Clases dominantes y crisis política en la Argentina actual”. Oscar Braun (comp.). El capitalismo argentino en crisis. Buenos Aires: Siglo XXI Argentina, 1973. El trabajo tuvo versiones posteriores, entre ellas una aparecida en la Revista Mexicana de Sociología. Núm. 2, 1977. Su explicación enlaza con la de un trabajo referido a un período anterior, publicado inicialmente en 1969: Miguel Murmis y Juan Carlos Portantiero. Estudios sobre los orígenes del peronismo. Buenos Aires: Siglo XXI Argentina, 1971.

6. Guillermo O’Donnell. “Estado y alianzas en la Argentina, 1955-1966”. Desarrollo Económico. Núm. 64, Buenos Aires: enero-marzo de 1977.

7. Guillermo O’Donnell. El estado burocrático autoritario, 1966-1973. Buenos Aires: Editorial de Belgrano, 1982.

8. Marcelo Cavarozzi caracterizó este tipo de estado como de “modelo estadocéntrico”. Marcelo Cavarozzi. Autoritarismo y democracia (1955-1996). La transición del estado al mercado en la Argentina. Buenos Aires: Eudeba, 2002.

9. Susana Belmartino y Carlos Bloch. El sector salud en la Argentina. Actores, conflictos de intereses y modelos organizativos, 1960-1985. Buenos Aires: Organización Panamericana de la Salud, s/f.

10. María Seoane. El burgués maldito. Buenos Aires: Planeta, 1998. Se trata de un excelente libro periodístico, pero no hay cita de fuentes, lo que limita su utilidad para el historiador.

11. Referencias generales sobre el sindicalismo en: Santiago Senen González. El sindicalismo después de Perón. Buenos Aires: Galerna, 1971. Rubén Rotondaro. Realidad y cambio en el sindicalismo. Buenos Aires: Pleamar, 1971. Dos interpretaciones en Marcelo Cavarozzi. Sindicatos y política en Argentina. Buenos Aires: Cedes, 1984 y Juan Carlos Torre. Los sindicatos en el gobierno, 1973-1976. Buenos Aires: CEAL 1983. 2da ed., ampliada: El gigante invertebrado. Los sindicatos en el gobierno, 1973-1976. Buenos Aires: Siglo XXI Argentina, 2004.

12. Daniel James. Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina, 1946-1976. Buenos Aires: Sudamericana, 1990. Sobre la influencia de este libro: Hernán Camarero. “Una reconstrucción historiográfica: La clase trabajadora argentina, 1955-1959”. Taller. Revista de sociedad, cultura y política. Buenos Aires: núm. 2, 1996.

13. Sobre la etapa de la “resistencia”, los principales documentos están reunidos en: Roberto Baschetti. Documentos de la Resistencia Peronista, (1955-1970). Buenos Aires: Puntosur, 1988. Un texto de época, reeditado con una larga introducción: Rodolfo Ortega Peña, Eduardo Luis Duhalde. Felipe Vallese. Proceso al sistema. A 40 años, la lectura del crimen: los saberes en pugna. Buenos Aires: Editorial Punto Crítico, 2002. Una visión de conjunto del período en Samuel Amaral y Mariano Ben Plotkin (comps.). Perón: del exilio al poder. Buenos Aires: Cántaro, 1993. En particular: Samuel Amaral. “El avión negro: retórica y práctica de la violencia”. Sobre la acción sindical, puede verse: Patricia Berrotarrán y Pablo Pozzi (comps.). Estudios inconformistas sobre la clase obrera argentina, 1946-1976. Buenos Aires: Letra Buena, 1994. Sobre el episodio más importante de este período hay una buena monografía: Ernesto Salas. La Resistencia peronista: la toma del frigorífico Lisandro de la Torre. Buenos Aires: CEAL, 1990.

14. Dos visiones críticas del vandorismo, contemporáneas y escritas desde distintas perspectivas, en Miguel Gazzera. Peronismo: Autocrítica y perspectivas. Buenos Aires: Descartes, 1970, y Roberto Carri. Sindicatos y poder en Argentina. Buenos Aires: Sudestada, 1967. Gazzera fue un sindicalista que acompañó a Vandor; Carri, un sociólogo que integró la Juventud Peronista y Montoneros. Sobre Vandor, un estudio que incluye buena bibliografía: Álvaro Abós. Augusto T. Vandor. Colección Los nombres del poder. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1999. Una explicación de índole sociológica: Rubén H. Zorrilla. El liderazgo sindical argentino. Buenos Aires: Siglo Veinte, 1983.

15. Rodolfo J. Walsh. ¿Quién mató a Rosendo? Buenos Aires: Tiempo Contemporáneo, 1969. Se trata de una investigación periodística referida al asesinato de un joven e importante dirigente metalúrgico de Avellaneda, Rosendo García, en un confuso hecho acaecido en 1966, en el que también murieron tres militantes metalúrgicos adversarios de la conducción sindical.

16. Así lo ha destacado Carlos Altamirano, quien subrayó que Frondizi no juzgaba necesario discutir o consensuar sus propuestas en el Congreso o el debate público. Carlos Altamirano. Arturo Frondizi o el hombre de ideas como político. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1998.

17. Guillermo O’Donnell. “Un juego imposible: competición y coaliciones entre partidos políticos de Argentina entre 1955 y 1966”. Modernización y autoritarismo. Buenos Aires: Paidós, 1972.

18. A principios de los años setenta se discutió la hipótesis de que la inestabilidad política argentina se debía a la ausencia de un partido conservador que representara adecuadamente los intereses de la clase propietaria. Una síntesis de esa discusión en Oscar Cornblit. “La opción conservadora en la política argentina”. Desarrollo Económico. Buenos Aires: núm. 56, enero-marzo de 1975.

19. Por ejemplo, Liliana De Riz. “Política y partidos: ejercicio de análisis comparado. Argentina, Chile, Brasil y Uruguay”. Desarrollo Económico. Buenos Aires: núm. 100, enero-marzo de 1986.

20. Catalina Smulovitz. Oposición y gobierno: los años de Frondizi. Buenos Aires: CEAL, 1988. “Crónica de un final anunciado: las elecciones de marzo de 1962”. Desarrollo Económico. Buenos Aires: núm. 109, abril-junio de 1988. “En la búsqueda de la fórmula perdida: Argentina 1955-1966”. Desarrollo Económico. Buenos Aires: núm. 121, abril-junio 1991. “La eficacia como crítica y utopía. Notas sobre la caída de Illia”. Desarrollo Económico. Buenos Aires: núm.131, octubre-diciembre de 1993. En una perspectiva similar, Eugenio Kvaternik. Crisis sin salvataje. La crisis político-militar de 1962-1963. Buenos Aires: Ediciones del Ides, 1987.

21. Tulio Halperin Donghi. La larga agonía de la Argentina peronista. Buenos Aires: Ariel, 1994. Tulio Halperin Donghi. Argentina en el callejón. Buenos Aires: Ariel, 1995. Tulio Halperin Donghi. Vida y muerte de la República verdadera (1910-1930). Biblioteca del Pensamiento Argentino IV. Buenos Aires: Ariel, 2000. Tulio Halperin Donghi. “El lugar del peronismo en la tradición política argentina”. Samuel Amaral y Mariano Ben Plotkin (comps.). Perón: del exilio al poder. Buenos Aires: Cántaro, 1993.

22. José Nun. “América Latina: la crisis hegemónica y el golpe militar”. Desarrollo Económico. Buenos Aires: núm. 22-23, julio-diciembre de 1966. Con la misma perspectiva generalizadora, otros autores ubicaron a las clases medias en el bando civilista.

23. Robert A. Potash. El ejército y la política en la Argentina. 1945-1962. De Perón a Frondizi. Buenos Aires: Sudamericana, 1981. El ejército y la política en la Argentina. 1962-1973. De la caída de Frondizi a la restauración peronista. 2 volúmenes. Buenos Aires: Sudamericana, 1994.

24. Alain Rouquié. Poder militar y sociedad política en la Argentina. 2 volúmenes. Buenos Aires: Emecé, 1981-1982.

25. O’Donnell. El estado burocrático autoritario. Buenos Aires: Editorial de Belgrano, 1982.

26. Sobre la Doctrina de la Seguridad Nacional: Alicia García. La Doctrina de la Seguridad Nacional, 1958-1983. 2 volúmenes. Buenos Aires: CEAL, 1991. Ernesto López. Seguridad Nacional y sedición militar. Buenos Aires: Legasa, 1987. Salvador María Losada. Inseguridad y desnacionalización. La “Doctrina” de la Seguridad Nacional. Buenos Aires: COGTAL, 1985. Una amplia revisión en Prudencio García. El drama de la autonomía militar. Argentina bajo las juntas militares. Madrid: Alianza, 1995.

27. Beatriz Sarlo. La batalla de las ideas (1943-1973). Biblioteca del Pensamiento Argentino VII. Buenos Aires: Ariel Historia, 2001.

28. Claudia Gilman. Entre la pluma y el fusil. Debates y dilemas del escritor revolucionario en América Latina. Buenos Aires: Siglo XXI Argentina, 2003.

29. Un caso de escritor argentino caracterísitico de esta evolución es el de Rodolfo J. Walsh. Sobre su trayectoria: Roberto Baschetti (comp.). Rodolfo Walsh, vivo. Buenos Aires: Ediciones de La Flor, 1994. Mariano Mestman. “Semanario CGT. Rodolfo Walsh: periodismo y clase obrera”. Causas y Azares, núm. 6. Buenos Aires: primavera 1997.

30. Oscar Terán. Nuestros años sesentas. La formación de la nueva izquierda intelectual en la Argentina, 1956-1966. Buenos Aires: Puntosur, 1991.

31. La complicada relación, de acercamiento y crítica, de la izquierda con el peronismo luego de 1955 fue analizada por Carlos Altamirano. Peronismo y cultura de izquierda. Buenos Aires: Temas Grupo Editorial, 2001.

32. Sobre la influencia de Gramsci en la izquierda latinoamericana: José A. Aricó. La cola del diablo. Itinerario de Gramsci en América Latina. Buenos Aires: Puntosur, 1988.

33. Sobre el tema de los intelectuales, y su trayectoria desde la época del primer peronismo, también puede verse Federico Neiburg. Los intelectuales y la invención del peronismo. Buenos Aires: Alianza Editorial, 1998.

34. Silvia Sigal. Intelectuales y poder en Argentina. La década del sesenta. Buenos Aires: Siglo XXI Argentina, 2002.

35. Roberto Di Stefano y Loris Zanatta. Historia de la Iglesia Argentina. Buenos Aires: Mondadori, 2000; contiene un buen ensayo bibliográfico. Loris Zanatta. Del estado liberal a la nación católica. Iglesia y Ejército en los orígenes del peronismo 1930-1943. Bernal: Unqui, 1996. Loris Zanatta. Perón y el mito de la Nación Católica. Iglesia y Ejército en los orígenes del peronismo 1943-1946. Buenos Aires: Sudamericana, 1999.

36. Una visión general en David Rock et al. La derecha argentina. Nacionalistas, neoliberales, militares y clericales. Buenos Aires: Javier Vergara Editor, 2001; incluye trabajos de Sandra McGee Deutsch, María Ester Rapalo, Ronald H. Dolkart, Daniel Lvovich, Richard J. Walter, Leonardo Senkman y Paul Lewis. Floreal Forni. “Catolicismo y peronismo III (1955-1969); del aggiornamiento a las vísperas”. Unidos. Núm. 18, abril de 1988; se trata de un ensayo polémico, que es una intervención en el debate, escrito por un académico.

37. Sobre la influencia del conflicto entre el estado peronista y la Iglesia, y su impacto en los sectores ligados a la resistencia: Marta Cichero. Cartas peligrosas. La apasionada discusión entre J. D. Perón y el padre H. Benítez sobre la violencia política. Buenos Aires: Planeta, 1992.

38. Los militantes de Tacuara tomaron rumbos distintos. Su jefe, Alberto Ezcurra Uriburu, se ordenó sacerdote y acompañó a monseñor Tortolo, el obispo más cercano a la dictadura militar de 1976. El segndo jefe, José Joe Baxter, luego de un periplo por Vietnam, Argelia y Cuba, se incorporó al ERP. Hubo tantos de ellos en Montoneros como en los grupos de la derecha peronista y la Triple A. Daniel Gutman. Tacuara. Historia de la primera guerrilla urbana argentina. Buenos Aires: Javier Vergara, 2003. Se trata de un libro periodístico, muy útil.

39. Útiles cronologías del período en Andrew Graham-Yoll. Tiempo de tragedia (Cronología de la “Revolución Argentina”). Buenos Aires: De la Flor, 1972, y del mismo autor Tiempo de violencia. Cronología del “Gran Acuerdo Nacional”. Buenos Aires: Granica Editor, 1973. Una crónica general, de índole periodística: Oscar Anzorena. Tiempos de violencia y utopía, 1966-1973. Buenos Aires: Contrapunto, 1988. La mejor recopilación documental sobre el peronismo ha sido realizada por Roberto Baschetti en 3 volúmenes: Documentos de la Resistencia Peronista, (1955-1970). Buenos Aires: Puntosur, 1988. Documentos (1970-1973). De la guerrilla peronista al gobierno popular. La Plata: La Campana, 1995. Documentos (1973-1976). De Cámpora a la ruptura. La Plata, La Campana, 1996.

40. Marcelo Cavarozzi. Autoritarismo y democracia. (1955-1996). La transición del estado al mercado en la Argentina. Buenos Aires: Eudeba, 2002 (la primera versión de este trabajo es de 1983).

41. Carlos Altamirano. Bajo el signo de las masas (1943-1973). Biblioteca del Pensamiento Argentino, VI. Buenos Aires: Ariel Historia, 2001.

42. Cristina Tortti. “Protesta social y nueva izquierda durante el Gran Acuerdo Nacional”. Alfredo Pucciarelli. La primacía de la política. Lanusse, Perón y la nueva izquierda en tiempos del GAN. Buenos Aires: Eudeba, 1999.

43. Carlos Altamirano se ha preguntado cuál era ese sentido originario del Cordobazo, antes de que sucesos e interpretaciones posteriores lo convirtieran en lo que fue desde 1972. “Memoria del ’69”. Peronismo y cultura de izquierda. Buenos Aires: Temas Grupo Editorial, 2001.

44. Buenas revisiones bibliográficas en: Mónica Gordillo. “El Cordobazo en la producción historiográfica”. Estudios. Núm. 4, Córdoba, 1994; el número está dedicado a “El Cordobazo, la Universidad, la Memoria”. Horacio Tarcus. “Un mayo caliente: el Cordobazo”. Todo es Historia. Núm. 382, Buenos Aires: mayo de 1999. También es útil Juan Hernández. “El Cordobazo y sus interpretaciones”. El Rodaballo. Núm. 10, Buenos Aires: verano 2000. Información de interés en Ana Longoni. “Los intelectuales en el Cordobazo”. Todo es Historia. Núm. 382, Buenos Aires: mayo de 1999.

45. Juan Carlos Agulla. Diagnóstico social de una crisis. Córdoba, mayo de 1969. Buenos Aires: Editel, 1969. El texto fue publicado el 31 de julio, dos meses después de los sucesos.

46. Francisco Delich. Crisis y protesta social: Córdoba, mayo de 1969. Buenos Aires: Siglo XXI Argentina, 1970.

47. Hubo en ese campo distintas lecturas instrumentales sobre el Cordobazo, destinadas a dar fundamento a sus respectivas estrategias políticas: la insurrección, el clasismo, el foquismo, la formación del partido de vanguardia. Jaime Petras. “Córdoba y la revolución socialista”. Los Libros. Núm. 21, Buenos Aires: agosto de 1971 (esa entrega contiene un dossier sobre el Cordobazo). Daniel Villar. El Cordobazo. Buenos Aires: CEAL, 1971. Jorge A. Ramos, Jorge E. Spilimbergo y otros. El Cordobazo. Buenos Aires: 1974, que reproduce el número de junio de 1969 del periódico Lucha Obrera, órgano del Partido Socialista de la Izquierda Nacional.

48. Beba Balvé et al. Lucha de calles, lucha de clases. Elementos para su análisis: Córdoba 1971-1969. Buenos Aires: La Rosa Blindada, 1973. Beba Balvé. El 69; huelga política de masas. Rosariazo/ Cordobazo/ Rosariazo. Buenos Aires: Contrapunto, 1989.

49. James P. Brennan y Mónica Gordillo. “Protesta obrera, rebelión popular e insurrección urbana en la Argentina: el Cordobazo”. Estudios. Núm. 4, Córdoba, 1994.

50. Juan Carlos Torre. “A partir del Cordobazo”. Estudios. Núm. 4, Córdoba, 1994.

51. También puede verse Juan Carlos Cena. El Cordobazo, una rebelión popular. Buenos Aires: La Rosa Blindada, 2000; la publicación incluye entrevistas a sus protagonistas, y otras a sindicalistas posteriores, que quieren recoger la experiencia del Cordobazo, así como un conjunto de textos historiográficos de corte militante y relativo valor académico.

52. Mónica Gordillo. Córdoba en los ’60. La experiencia del sindicalismo combativo. Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba, 1996. Mónica Gordillo. “Los prolegómenos del Cordobazo. Los sindicatos líderes de Córdoba dentro de la estructura de poder sindical”. Desarrollo Económico. Núm. 122, Buenos Aires: septiembre-diciembre de 1991.

53. En un trabajo que es más militante que analítico, Pozzi y Schneider niegan la importancia del peronismo en los sucesos del Cordobazo y asignan a la izquierda el protagonismo en el episodio; lo explican aplicando al “capitalismo argentino” la teoría leninista del “eslabón más débil”: Pablo Pozzi y Alejandro Schneider. “El Cordobazo y el auge de masas”. Juan Carlos Cena. El Cordobazo, una rebelión popular. Buenos Aires: La Rosa Blindada, 2000. Véase allí también, y en el mismo sentido, el comentario de Nicolás Iñigo Carrera al libro de James P. Brennan. El Cordobazo. Las guerras obreras en Córdoba, 1955-1973. Buenos Aires: Sudamericana, 1996. Una versión más amplia de ese comentario, junto con la réplica de James Brennan y la contrarreplica de Iñigo Carrera, en Anuario IEHS. Núm. 12, Tandil, 1997, y núm.13, Tandil, 1998.

54. James Brennan. El Cordobazo. “El clasismo y los obreros. El contexto fabril del sindicalismo de liberación en la industria automotriz cordobesa”. Desarrollo Económico, núm. 125, Buenos Aires: abril-junio de 1992.

55. Panoramas generales en Julio Godio. El movimiento obrero argentino (1955-1990). Buenos Aires: Legasa, 1991.Arturo Fernández. Ideologías de los grupos dirigentes sindicales, 1966-1973. 2 volúmenes. Buenos Aires: CEAL, 1986.

56. Natalia Duval. Los sindicatos clasistas: SITRAC (1970-1971). Buenos Aires: CEAL, 1988; incluye una minuciosa cronología y una selección documental. Gregorio Flores. Sitrac-Sitram. Del Cordobazo al clasismo. Buenos Aires: Ediciones Magenta, 1994; Flores fue uno de los dirigentes de SITRAC; el libro incluye documentos y dos entrevistas.

57. James Brennan. Agustín J. Tosco. Por la clase obrera y la liberación nacional. Colección Los nombres del poder. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1999. Hay dos recopilaciones documentales: Jorge Lannot, Adriana Amantea y Eduardo Sguiglia. Tosco. Escritos y discursos. Buenos Aires: Contrapunto, 1988. Agustín Tosco. Escritos y discursos. Buenos Aires: Contrapunto, 1989. Sobre el sindicato de Luz y Fuerza cordobés: Iris Martha Roldán. Sindicatos y protesta social en la Argentina. Un estudio de caso: el Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, 1969-1974. Amsterdam: Centre for Latin American Research and Documentation, 1978.

58. En setiembre de 1973 Tosco declinó ser candidato presidencial por el Partido Socialista de los Trabajadores; previamente, en marzo había apoyado la fórmula peronista para la gobernación de Córdoba, que incluía como candidato a vicegobernador a Atilio López, dirigente del sindicato de tranviarios y uno de los principales dirigentes del sector peronista enfrentado con la conducción nacional.

59. Eduardo Anguita; Martín Caparrós. La Voluntad. Una historia de la militancia revolucionaria en la Argentina. Tomo 1: 1966-1973. Buenos Aires: Norma, 1997.

60. Beba Balvé et al. Lucha de calles, lucha de clases. Elementos para su análisis: Córdoba 1971-1969. Buenos Aires: La Rosa Blindada, 1973. Beba Balvé. El 69; huelga política de masas. Rosariazo/ Cordobazo/ Rosariazo. Buenos Aires: Contrapunto, 1989. Lidia Aufgang. Las puebladas, dos casos de protesta social. Cipoletti y Casilda. Buenos Aires: CEAL, 1989; con una introducción de Beba Balvé. En la misma línea de interpretación: Irma Antognazzi y Rosa Ferrer (comps.). Del Rosariazo a la democracia del ’83. Rosario: Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, 1995. Irma Antognazzi y Rosa Ferrer (comps.). Raíces históricas del presente. Rosario: Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, 1997.

61. Mónica B. Gordillo. “Movimientos sociales e identidades colectivas: repensando el ciclo de protesta obrera”. Desarrollo Económico. Núm. 155, Buenos Aires: octubre-diciembre de 1999.

62. Ana Julia Ramírez. “Las puebladas en la Argentina de los ’70. El caso de General Roca, julio de 1972”. Ponencia presentada en la reunión de Latin American Studies Association, Washington: septiembre de 2001. Como Gordillo, Ramírez desarrolla las propuestas de S. Tarrow.

63. Mark Alain Healey. “El Interior en disputa: proyectos de desarrollo y movimientos de protesta en regiones extrapampeanas”. Daniel James (director). Violencia, proscripción y autoritarismo (1955-1976). Nueva Historia Argentina, tomo IX. Buenos Aires: Sudamericana, 2003.

64. En Tucumán, entre 1969 y 1974 la agitación estuvo conducida por los estudiantes universitarios, que suplieron la debilidad de la organización gremial azucarera. En El Chocón, la presencia de un obispo progresista fue decisiva para dar legitimidad al movimiento. En el nordeste, la organización de las Ligas Agrarias, donde militó la generación joven de los chacareros y pequeños propietarios, articuló un movimiento de defensa de la producción con consignas más generales, aportadas por los activistas católicos. Emilio Crenzel. El Tucumanazo (1969-1974). Buenos Aires: CEAL, 1991. Juan Quintar. El Choconazo. Neuquén: Educo, 1998. Eduardo Archetti. “Ideología y organización sindical: las Ligas Agrarias del norte de Santa Fe”. Desarrollo Económico. Núm. 111, Buenos Aires: octubre-diciembre de 1988. Leopoldo J. Bartolomé. “Base social e ideología en las movilizaciones agraristas en Misiones entre 1971 y 1975. Emergencia de un populismo agrario”. Desarrollo Económico. Núm. 85, Buenos Aires: abril-junio de 1982. Luis Alberto Romero. “El estado y las corporaciones, 1920-1976”. Roberto Di Stefano, Hilda Sabato, Luis Alberto Romero y José Luis Moreno. De las cofradías a las organizaciones de la sociedad civil. Historia de la iniciativa asociativa en la Argentina, 1776-1990. Buenos Aires: Gadis, 2002.

65. Alicia Zicardi. El tercer gobierno peronista y las villas miseria de la ciudad de Bs. As., (1973-76). México: Universidad Autónoma de México, 1983. Alicia Zicardi. “Formas organizativas de los ‘asentamientos humanos marginados’ y la política estatal”. Revista Interamericana de Planificación. Núm. 54, México: 1980. También se encuentra información en: Patricia Davolos, M. Jabbaz y E. Molina. Movimiento villero y estado (1966-1976). Buenos Aires: CEAL, 1987. Ernesto Pastrana. “Historia de una villa miseria en la ciudad de Buenos Aires (1948-1973)”. Revista Interamericana de Planificación. Núm. 54, México: 1980. Un texto escrito en la época, que ha formado opinión: Hugo Ratier. Villeros y villas miseria. Buenos Aires: CEAL, 1971. Testimonios sobre “curas villeros”. Rolando Concatti. Nos habíamos jugado tanto. Mendoza: Ediciones del Canto Rodado, 1997; recrea la experiencia del sacerdote “Macuca” Llorens. Jorge Vernazza. Para comprender una vida con los pobres. Los curas villeros. Buenos Aires: Guadalupe, 1989.

66. Alejandro Cattaruzza. “El mundo por hacer. Un propuesta para el análisis de la cultura juvenil en la Argentina de los años setenta”. Entrepasados. Núm. 13, Buenos Aires: 1997.

67. Sergio Pujol. La década rebelde. Los años ’60 en la Argentina. Buenos Aires: Emecé, 2002.

68. John King. El Di Tella y el desarrollo cultural argentino en la década del sesenta. Buenos Aires: Gaglianone, 1985.

69. Ana Longoni y Mariano Mestman. Del Di Tella a “Tucumán arde”. Buenos Aires: El Cielo por Asalto, 2000. “Tucumán arde” fue una muestra artística singular, por la manera en que fue construida –sociólogos y artistas relevaron esa provincia para testimoniar la miseria y los efectos destructivos de la política de Onganía–, por la forma en que se hizo la propaganda y por el lugar elegido: el local de la contestataria CGT de los Argentinos. La exhibición fue breve: dos semanas en Rosario y un día en Buenos Aires.

70. Andrea Giunta. Arte, vanguardia e internacionalismo en los sesentas. Buenos Aires: Paidós, 2001. Anteriormente, para romper con el Di Tella, los artistas recurrieron a medios llamativos: “asaltar” una conferencia de Jorge Romero Brest, director del CAV y leer una proclama; atentar contra la obra de uno de los miembros del grupo, que se exhibía en una muestra oficial; realizar una “acción de calles”, tiñendo de rojo el agua de las fuentes de la ciudad.

71. Decidieron hacerse presentes, con intención denuncialista, en los espacios públicos y también en las instituciones artísticas, museos y muestras: un caso típico es la presentación, en una muestra oficial, de una pared que reproducía los carteles y graffiti políticos de la hora.

72. Lucas Rubinich. “La modernización cultural y la irrupción de la sociología”. En Daniel James. Violencia, proscripción y autoritarismo (1955-1976). Nueva Historia Argentina, tomo IX. Buenos Aires: Sudamericana, 2003.

73. Un texto que tuvo influencia en su momento: Eliseo Verón. Imperialismo, lucha de clases y conocimiento: 25 años de Sociología en la Argentina. Buenos Aires: Tiempo contemporáneo, 1974. Sobre la politización estudiantil: Ana M. Barletta. “Una izquierda universitaria peronista. Entre la demanda académica y la demanda política (1968-1973)”. Prismas, Revista de Historia Intelectual. Núm. 6, Quilmes: 2002. Ana M. Barletta y María Laura Lenci. “Politización de las ciencias sociales en Argentina. El caso de la revista ‘Antropología 3er. Mundo’”. Sociohistórica. Cuadernos del CIHS. Núm 8, La Plata: primer semestre de 2000. Sobre la sociología, una recopilación de trabajos desde la perspectiva “nacional” en Horacio González (comp.). Historia crítica de la Sociología argentina. Los raros, los clásicos, los científicos, los discrepantes. Buenos Aires: Ediciones Colihue, 2000. También: Héctor Leis. Intelectuales y política, 1966-1973. Buenos Aires: CEAL, 1991.

74. Beatriz Sarlo. La batalla de las ideas (1943-1973). Biblioteca del Pensamiento Argentino VII. Buenos Aires: Ariel Historia, 2001.

75. Mauricio Chama. “La expansión de los límites de lo posible. El itinerario de una experiencia innovadora en salud mental a fines de los sesenta”. Alfredo Pucciarelli (ed.). La primacía de la política. Lanusse, Perón y la nueva izquierda en tiempos del GAN. Buenos Aires: Eudeba, 1999.

76. Un caso con algunas similitudes en: Sergio Visakovsky. El Lanús. Memoria y política en la construcción de una tradición psiquiátrica y psicoanalítica argentina. Buenos Aires: Alianza, 2002. Sobre la politización del campo psicoanalítico, un trabajo destacado: Mariano Plotkin. Freud en las pampas. Orígenes y desarrollo de una cultura psicoanalítica en Argentina 1910-1983. Buenos Aires: Sudamericana, 2003.

77. Mauricio Chama. “Compromiso político y práctica profesional a principios de los ’70: el caso de la Asociación Gremial de Abogados”. Sociohistórica. Cuadernos del CISCH. Núm. 7, La Plata: primer semestre de 2000. Una versión actualizada se incluye en esta publicación: “Movilización y politización...

78. Beatriz Sarlo. La batalla de las ideas (1943-1973). Biblioteca del Pensamiento Argentino VII. Buenos Aires: Ariel Historia, 2001.

79. Di Stefano y Zanatta. Historia de la Iglesia Argentina. Buenos Aires: Grijalbo-Mondadori, 2000.

80. Un texto de época, escrito por militantes del catolicismo tercermundista, sobre la violencia política: A. G. Armada, N. Habegger, Alejandro Mayo. Los católicos posconciliares en la Argentina, 1963-1969. Buenos Aires: Galerna, 1970; incluye una selección de textos. Una crítica de estas corrientes, desde el punto de vista del catolicismo tradicionalista: O. Sacheri. La Iglesia clandestina. Buenos Aires: Ediciones del Conzamante, 1970.

81. José Pablo Martín. El MSTM. Un debate argentino. Buenos Aires: Ediciones Castañeda y Editorial Guadalupe, 1992. José P. Martín. “El Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo”. Revista de Teología Latinoamericana. Núms. 41-42, Buenos Aires: 1991.

82. Sobre el MSTM pueden verse diversas recopilaciones documentales y libros testimoniales. Sacerdotes para el Tercer Mundo. Polémica en la Iglesia. Documentos de Obispos argentinos y Sacerdotes del Tercer Mundo 1969-1970. Buenos Aires: 1971. Domingo Bresci (comp.). Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. Buenos Aires: Centro salesiano de estudios San Juan Bosco-Centro Nazareth, 1994. Carlos Mugica. Peronismo y cristianismo. Buenos Aires: 1973. Jorge Vernazza. Padre Mugica: Una vida para el pueblo. Buenos Aires: Lohlé-Lumen, 1996. Estudios sobre el tema: Michael Dodson. Religious Innovation and the Politics of Argentina: A Study of the Movement of Priests for the Third World. Tesis de doctorado, Indiana University, 1974; obra rigurosa. Michael Dodson. “Priests and Peronismo: Radical Clergy and Argentine Politics”. Latin American Perspectives, núm.3, 1974. Gustavo Pontoriero. Sacerdotes para el Tercer Mundo: “el fermento de la masa” (1967-1976). 2 tomos. Buenos Aires: CEAL 1991. Gabriel Seisdedos. Hasta los oídos de Dios. La historia del MSTM. Buenos Aires: San Pablo, 1999.

83. María Laura Lenci. “La radicalización de los católicos en la Argentina. Peronismo, Cristianismo y Revolución (1966-1971)”. Sociohistórica. Cuadernos del CIHS. Núm. 4, segundo semestre de 1998. Con un mayor énfasis en las cuestiones teológicas: Gustavo Morello. Cristianismo y Revolución. Los orígenes de la guerrilla argentina. Córdoba: Editorial de la Universidad Católica de Córdoba, 2003; contiene un índice completo de los 30 números.

84. Ese año García Elorrio realizó una suerte de happening en la Catedral, interrumpiendo una homilía del arzobispo Caggiano para leer un documento contestatario, de índole pastoral. García Elorrio creó unos grupos de acción semi clandestinos, puestos bajo la advocación del sacerdote guerrillero colombiano Camilo Torres.

85. Carlos Altamirano. “Peronismo y cultura de izquierda en la Argentina”; “La pequeña burguesía, una clase en el purgatorio”. Peronismo y cultura de izquierda. Buenos Aires: Temas Grupo Editorial, 2001.

86. Los libros más leídos dentro de esta tendencia son: Jorge Abelardo Ramos. Revolución y contrarrevolución en la Argentina. Buenos Aires: Ediciones de La Reja, 1957. Rodolfo Puiggrós. Historia crítica de los partidos políticos. Buenos Aires: Argumentos, 1956. Ambos con numerosas reediciones ampliadas.

87. María Cristina Tortti. “La nueva izquierda a principios de los ’60. Socialistas y comunistas en la revista Che”. Prismas. Núm. 6, Quilmes: 2002. María Cristina Tortti. “Izquierda y ‘nueva izquierda’ en la Argentina. El caso del Partido Comunista.” Sociohistórica. Cuadernos del CISH. Núm. 6, segundo semestre de 1999.

88. José A. Aricó. La cola del diablo. Itinerario de Gramsci en América Latina. Buenos Aires: Puntosur, 1988.

89. Cecilia Blanco. “El Partido Socialista en los ’60: enfrentamientos, reagrupamientos y rupturas”. Sociohistórica. Cuadernos del CISH. Núm. 7, primer semestre de 2000. Sobre el Partido Comunista: Jorge Cernadas. “Notas sobre la política cultural del comunismo argentino 1955-1959”. Mario Margulis y M. Urresti (comps.). La cultura en la Argentina de fin de siglo. Buenos Aires: UBA-CBC, 1997. Néstor Kohan. La Rosa Blindada, una pasión de los ’60. Buenos Aires: Ediciones La Rosa Blindada, 1999.

90. Osvaldo Coggiola. El trotskismo argentino. 1960-1985. 2 volúmenes. Buenos Aires: CEAL, 1986. Ernesto Gonzalez. El troskismo obrero e internacionalista en la Argentina. Tomo 2: Palabra Obrera y la Resistencia. Buenos Aires: Antídoto, 1996.

91. Jorge Cernadas, Poberto Pittaluga, Horacio Tarcus. “Para una historia de la izquierda en la Argentina”. El Rodaballo. Revista de política y cultura. Núms. 6/7, Buenos Aires: otoño/invierno de 1997. La bibliografía está agrupada en secciones: Literatura testimonial; Historias “militantes” e historias oficiales. Anti historias oficiales. Investigaciones de estudiosos extranjeros. Investigaciones y ensayos políticos de los años ’80 sobre las fuentes de la violencia. Nuevas aportaciones. Fuentes literarias, gráficas y fílmicas. Fuentes policiales y militares.

92. Horacio Tarcus. El marxismo olvidado en la Argentina. Silvio Frondizi y Milcíades Peña. Buenos Aires: El Cielo por Asalto, 1996.

93. Una visión general en Germán Gil. La Izquierda Peronista. Buenos Aires: CEAL, 1988. Una crónica de estos recorridos políticos en: Oscar Anzorena. JP: historia de la Juventud Peronista (1955-1988). Buenos Aires: Ediciones Del Cordón, 1989. Documentación excelente en Roberto Baschetti. Documentos de la Resistencia Peronista, (1955-1970). Buenos Aires: Puntosur, 1988. Narraciones personales reunidas en: Liliana Garulli, Mercedes Cafiero et al. Nomeolvides. Memoria de la Resistencia Peronista. Buenos Aires: Biblos, 2000.

94. Richard Gillespie. John W.Cooke. El peronismo alternativo. San Martín: Cántaro, 1989.

95. Sus escritos han sido reunidos en John W. Cooke. Peronismo y revolución. Buenos Aires: Granica Editor, 1971. Muy interesante es su correspondencia con Perón: Perón/Cooke. Correspondencia. 2 volúmenes. Buenos Aires: Granica Editor, 1973. John W. Cooke. Apuntes para la militancia. Buenos Aires: Shapire editor, 1973. Otros textos en: Miguel Mazzeo (comp.). John William Cooke, Textos traspapelados (1957-1961). Buenos Aires: La Rosa Blindada, 2000. Véase también: Miguel Mazzeo (comp.). Cooke, de vuelta (El gran descartado de la historia argentina). Buenos Aires: La Rosa Blindada, 2000.

96. Una discusión del tema de la “resistencia”. Julio Cesar Melón. “La Resistencia Peronista, alcances y significado”. Anuario IEHS, Tandil: 1993.

97. Juan A. Bozza. “El peronismo revolucionario. Itinerario y vertientes de la radicalización, 1959-1969”. Sociohistórica. Cuadernos del CISH. Núms. 9/10, La Plata: primer y segundo semestre de 2001. Véase también Marcelo Raimundo. “Los orígenes del peronismo revolucionario. El MRP.” Taller. Revista de Sociedad, Cultura y Política vol. 5, núm. 12 (Buenos Aires: abril 2000). Hernán Camarero, Pablo Pozzi y Alejandro Schneider. De la revolución Argentina al Menemismo. Historia social y política argentina. Buenos Aires: Imago Mundi, 2000. Material testimonial en Envar El Kadri y Jorge Rulli. Diálogos en el exilio. Buenos Aires: Foro Sur, 1984. Oscar R. Anzorena. JP. Historia de la Juventud Peronista (1955-1988). Buenos Aires: Ed. del Cordón, 1989, p. 57-90.

98. Una síntesis de las ideas luego desarrolladas en su libro Resistencia e integración. Daniel James. “The Peronist Left, 1955-1975”. Journal of Latin American Studies. Volumen 8, núm. 2, 1976. Richard Gillespie. Soldados de Perón. Los Montoneros. Segunda edición, Buenos Aires: Grijalbo, 1998.

99. Gabriel Rot. Los orígenes perdidos de la guerrilla en la Argentina. Buenos Aires: El Cielo por Asalto, 2000. Gabriel Rot. “Notas para una historia de la lucha armada en la Argentina. Las Fuerzas Argentinas de Liberación”. CECINCI, Políticas de la memoria: núm. 4, verano 2003/2004.

100. El listado de estas organizaciones armadas, su relación con los grupos políticos y los procesos de división y fusión se encuentran sistematizados en muchas publicaciones. Entre otras: Claudia Hilb, Daniel Lutzky. La nueva izquierda argentina: 1960-1980. Política y violencia. Buenos Aires: CEAL, 1986.

101. Sobre la experiencia de los militantes de los partidos armados: Eduardo Anguita, Martín Caparrós. La voluntad. Una historia de la militancia revolucionaria en la Argentina, Tomo II. 1966-1973. Tomo III. 1973-1976. Buenos Aires: Norma, 1997. Marta Diana. Mujeres guerrilleras. Buenos Aires: Planeta, 1996.

102. Roberto Pittaluga. “La Historiografía sobre el PRT-ERP”. El Rodaballo. Núm. 10, Buenos Aires: verano de 2000.

103. Julio Santucho. Los últimos guevaristas. Surgimiento y eclipse del Ejército Revolucionario del Pueblo. Buenos Aires: Puntosur, 1988. Luis Mattini. Hombres y mujeres del PRT-ERP. La Plata: La Campana, 1996.

104. María Seoane. Todo o nada. La historia secreta y política del jefe guerillero Mario Roberto Santucho. Buenos Aires: Planeta, 1991.

105. Pablo Pozzi. “Los Perros. La cultura guerrillera del PRT-ERP”. Taller. Revista de sociedad, cultura y política. Núm. 2, Buenos Aires: noviembre de 1996. Pablo Pozzi y Alejandro Schneider. Los setentistas. Izquierda y clase obrera: 1969-1976. Buenos Aires: Eudeba, 2000. Pablo Pozzi. “Por las sendas argentinas”. El PRT-ERP. La guerrilla marxista. Buenos Aires: Eudeba, 2001.

106. Documentación sobre el ERP en Daniel de Santis. A vencer o morir. PRT-ERP. Documentos. Buenos Aires: Eudeba, 2000. Samuel Blixen. Conversaciones con Gorriarán Merlo. Buenos Aires: Contrapunto, 1988.

107. Eduardo Luis Duhalde y Eduardo Pérez. De Taco Ralo a la Alternativa Independiente. Historia Documental de las “Fuerzas Armadas Peronistas” y del “Peronismo de Base”. La Plata: La Campana, 2002; tiene un extenso apéndice documental. Ernesto Salas. Uturuncos. El origen de la guerrilla peronista. Buenos Aires: Biblos, 2003. Cecilia Luvecce. Las Fuerzas Armadas Peronistas y el Peronismo de Base. Buenos Aires: CEAL, 1993.

108. Carlos Altamirano. “Montoneros”. Peronismo y cultura de izquierda. Buenos Aires: Temas Grupo Editorial, 2001.

109. Silvia Sigal y Eliseo Verón. Perón o muerte. Los fundamentos discursivos del fenómeno peronista. Buenos Aires: Legasa, 1986.

110. Tulio Halperin Donghi. “Los fundamentos discursivos del fenómeno peronista” Ensayos de historiografía. Buenos Aires: El Cielo por Asalto, 1996.

111. Richard Gillespie. Soldados de Perón. Los Montoneros. Segunda edición, Buenos Aires: Grijalbo, 1998.

112. Celia Szustermann. “Soldiers of Peron”. Journal of Latin American Studies. Volume 16, part I, May 1984.

113. Juan Carlos Marín. Los hechos armados. Un ejercicio posible. Buenos Aires: CICSO, 1984. Juan Carlos Marín. Los hechos armados, Argentina 1973-1976. La acumulación primitiva del genocidio. Buenos Aires: La Rosa Blindada/ PICASO, 1996.

114. Peter Waldmann. “Anomia social y violencia”. Alain Rouquié (comp.). Argentina, hoy. México: Siglo XXI, 1981.

115. Claudia Hilb. Y Daniel Lutzky. “La legitimación irrealizable del sistema político y la aparición de la izquierda en los años ’60”. La nueva izquierda argentina: 1960-1980. Política y violencia. Buenos Aires: CEAL, 1986.

116. María Matilde Ollier. El fenómeno insurreccional y la cultura política (1969-1973). Buenos Aires: CEAL, 1986.

117. María Matilde Ollier. La creencia y la pasión. Privado, público y político en la izquierda revolucionaria. Buenos Aires: Ariel, 1998.

118. Claudia Hilb. “La responsabilidad como legado”. César Tcach (comp.). La política en consignas. Memoria de los setenta. Rosario: Homo Sapiens, 2003.

119. César Tcach. “Un final heterodoxo: 126 consignas y cinco hipótesis sobre la violencia”. César Tcach. La política en consignas. Memoria de los setenta. Rosario: Homo Sapiens, 2003.

120. Flavian Nievas. “Cámpora: primavera-otoño. Las tomas” Alfredo Pucciarelli (ed.). La primacía de la política. Lanusse, Perón y la nueva izquierda en tiempos del GAN. Buenos Aires: Eudeba, 1999. Miguel Bonasso. El presidente que no fue. Buenos Aires: Planeta, 1997. Versión poco confiable de un militante.

121. Sobre el gobierno peronista: Guido Di Tella. Perón-Perón, 1973-1976. Buenos Aires: Hyspamérica, 1986; el autor, que ocupó fugazmente un cargo en el ministerio de Economía, minimiza el problema de la violencia. Un análisis de las posibilidades económicas del proyecto de Perón en Adolfo Canitrot. “La viabilidad de la democracia: un análisis de la experiencia peronista 1973-1976”. Estudios Sociales CEDES. Núm. 11, Buenos Aires: 1978. Un inteligente análisis desde lo político: Oscar Landi. “Argentina 1973-1976: la génesis de una nueva crisis política”. Revista Mexicana de Sociología. México: enero de 1979. Una mirada general, con algunos aciertos: Julio Godio. Perón. Regreso, soledad y muerte (1973-1974). Buenos Aires: Hyspamérica, 1986. Una versión militante y apasionada: Maristella Svampa. “El populismo imposible y sus actores, 1973-1976”. Daniel James (dir.). Violencia, proscripción y autoritarismo (1955-1976). Nueva Historia Argentina. Tomo IX. Buenos Aires: Sudamericana, 2003.

122. Sobre la violencia de la derecha peronista hay varios libros periodísticos: Horacio Verbitsky. Ezeiza. Buenos Aires: Contrapunto, 1985. Luis Vicens. Lopezrreguismo y justicialismo. Buenos Aires: El Cid Editor, 1983. Ignacio González Janzen. La Triple A. Buenos Aires: Contrapunto, 1986. Marcelo Larraqui. José López Rega. Buenos Aires: Norma. 2004.

123. Samuel Amaral. “Del exilio al poder. La legitimidad recobrada”. Samuel Amaral y Mariano Ben Plotkin (comps.). Perón: del exilio al poder. Buenos Aires: Cántaro, 1993.

124. En esta línea se inscriben los análisis de R. Potash. El ejército y la política en la Argentina. 1945-1962. De Perón a Frondizi. Buenos Aires: Sudamericana, 1981. Alain Rouquié. Poder militar y sociedad política en la Argentina. 2 volúmenes. Buenos Aires: Emecé, 1981-1982.

125. Gonzalo de Amézola. “El caso del realismo insuficiente. Lanusse, La Hora del Pueblo y el Gran Acuerdo Nacional”. Alfredo Pucciarelli (ed.). La primacía de la política. Lanusse, Perón y la nueva izquierda en tiempos del GAN. Buenos Aires: Eudeba, 1999. Gonzalo de Amézola. Levingston y Lanusse o el arte de lo imposible. Militares y políticos de la Argentina a fines de 1970 y principios de 1971. La Plata: Ediciones Al Margen, 2000. Sobre los militares y la política: Rubén M. Perina. Onganía, Levingston. Lanusse. Los militares en la política argentina. Buenos Aires: Editorial de Belgrano, 1983. Alain Rouquié. “Hegemonía militar, estado y dominación social”. Alain Rouquié (comp.). Argentina hoy. Mexico: Siglo XXI, 1982. Alejandro A. Lanusse. Mi testimonio. Buenos Aires: Lasserre, 1977. Alejandro A. Lanusse. Protagonista y testigo. Buenos Aires: Marcelo Lugones, 1988. Alejandro A. Lanusse. Confesiones de un general. Buenos Aires: Planeta, 1994.

126. Ricardo Sidicaro. Juan Domingo Perón. La paz y la guerra. Colección Los nombres del poder. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1996; en su libro Los tres peronismos. Buenos Aires: Siglo XXI Argentina, 2003, el tema de la violencia no está tratado.

127. María Laura Lenci. “Cámpora al gobierno, Perón al poder. La tendencia revolucionaria del peronismo ante las elecciones del 11 de marzo de 1973”. Alfredo Pucciarelli (ed.). La primacía de la política. Lanusse, Perón y la nueva izquierda en tiempos del GAN. Buenos Aires: Eudeba, 1999.

128. En esa línea: O’Donnell. El estado burocrático autoritario, 1966-1973. Buenos Aires: Editorial de Belgrano, 1982. Juan Carlos Portantiero. “Clases dominantes y crisis política en la Argentina actual”. Oscar Braun (comp.). El capitalismo argentino en crisis. Buenos Aires: Siglo XXI Argentina, 1973.

129. Marcelo Cavarozzi. Autoritarismo y democracia (1955-1996). La transición del estado al mercado en la Argentina. Buenos Aires: Eudeba, 2002.

130. Sobre este punto: Rosendo Fraga. Ejército: del escarnio al poder, 1972-1976. Buenos Aires: Planeta, 1988.

131. Liliana De Riz. Retorno y derrumbe: el último gobierno peronista. México: Folios Ediciones, 1981. Liliana De Riz. La política en suspenso. Argentina: Editorial Paidós, 2003. Los temas de ambos libros, escritos con casi veinte años de diferencia, se superponen en buena medida; pero ambos son muy diferentes: el primero está enfocado desde una perspectiva sociológica estructural; el segundo es una reconstrucción histórica, en la que se privilegia la perspectiva del estado y los gobernantes.

132. Juan Carlos Torre. Los sindicatos en el gobierno. 1973-1976. Buenos Aires: CEAL 1983. 2da ed., ampliada. Véase también: Elizabeth Jelin. Conflictos laborales en la Argentina, 1973-1976. Estudios Sociales CEDES, núm. 9, Buenos Aires: 1977.

133. He desarrollado esta idea en un pequeño libro. Luis Alberto Romero. La crisis argentina. Una mirada al siglo XX. Buenos Aires: Siglo XXI Argentina, 2003.

134. Debo incluirme entre quienes han evidenciado esa limitación. Luis Alberto Romero. Breve historia contemporánea de la Argentina. Segunda edición. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2001. (Primera edición 1994.)

135. Marcos Novaro y Vicente Palermo. La dictadura militar 1976/1983. Del golpe de estado a la restauración democrática. Buenos Aires: Paidós, 2003.

136. Hugo Quiroga. El tiempo del “Proceso”. Conflictos y coincidencias entre políticos y militares 1976-1983. Rosario: Editorial Fundación Ross, 1994.

137. César Tcach. “Partidos políticos y dictadura militar en Argentina (1976-1983)”. Silvia Dutrénit (ed.). Diversidad partidaria y dictaduras: Argentina, Brasil y Uruguay. México D.F.: Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 1996.

138. Sobre los partidos y el régimen militar: María de los Angeles Yannuzzi. Política y dictadura. Los partidos políticos y el “Proceso de Reorganización Nacional” 1976-1982. Rosario: Editorial Fundación Ross, 1996. Daniel García Delgado y Vicente Palermo. “Cultura política y partidos en la sociedad argentina: 1976-1986”. D. García Delgado (comp.). Los cambios en la sociedad política (1976-1986). Buenos Aires: CEAL, 1987. En una perspectiva latinoamericana: Marcelo Cavarozzi y Manuel Antonio Garretón (ed.). Muerte y resurrección. Los partidos políticos en el autoritarismo y las transiciones del Cono Sur. Santiago de Chile, FLACSO, 1989.

139. Gerardo L. Munck. Authoritarianism and Democratization. Soldiers and Workers in Argentina, 1976-1983. University Park: The Pennsylvania State University Press, 1998.

140. Ricardo Falcón. “La resistencia obrera a la dictadura militar”. Hugo Quiroga y César Tcach (ed.). A veinte años del golpe. Con memoria democrática. Buenos Aires: Homo Sapiens Ediciones, 1996. El artículo es una revisión de: Ricardo Falcón. “Conflicto social y régimen militar: la resistencia obrera en la Argentina (marzo 1976-marzo 1981). Bernardo Galitelli y Andrés Thompson. Sindicalismo y regímenes militares en Argentina y Chile. Amsterdam: CEDLA, 1982.

141. Pablo Pozzi. Oposición obrera a la dictadura (1976-1982). Buenos Aires: Contrapunto, 1988. Pablo Pozzi. “Argentina 1976-1982: Labour Leadership and Military Government”. Journal of Latin American Studies. Londres: volúmen 20, número 1, 1988.

142. Álvaro Abós. Las organizaciones sindicales y el poder militar (1976-1983). Buenos Aires: CEAL 1984. Sobre este punto véase también Francisco Delich. “Desmovilización social, reestructuración obrera y cambio sindical”. Peter Waldmann y Ernesto Garzón Valdés (ed.). El poder militar en la Argentina, 1976-1983. Buenos Aires: Galerna, 1983. Andrés Thompson. “Las luchas sociales en Argentina, 1976-1983”. Isidoro Cheresky y Jacques Chonchol (ed.). Crisis y transformación de los regímenes autoritarios. Buenos Aires: Eudeba, 1985.

143. Enrique Groisman. Poder y derecho en el “Proceso de Reorganización Nacional”. Buenos Aires: CISEA, 1983. Enrique Groisman. La Corte Suprema de Justicia durante la dictadura (1976-1983). Buenos Aires: CISEA, 1987. Enrique Groisman. “El ‘Proceso de Reorganización Nacional’ y el sistema jurídico”. Oscar Oslazk (comp.). Proceso, crisis y transición democrática. 2 volúmenes, Buenos Aires: CEAL, 1984.

144. Adolfo Canitrot. “La disciplina como objetivo de la política económica. Un ensayo sobre el programa económico del gobierno argentino desde 1976”. Desarrollo Económico. Buenos Aires: núm. 76, 1980. Adolfo Canitrot. “Teoría y práctica del liberalismo. Política antiinflacionaria y apertura económica en la Argentina, 1976-1981”. Desarrollo Económico. Buenos Aires: núm. 82, 1982.

145. Tulio Halperin Donghi. La larga agonía de la Argentina peronista. Buenos Aires: Ariel, 1994.

146. Jorge Schvarzer. La política económica de Martínez de Hoz. Buenos Aires: Hyspamérica, 1986. Jorge Schvarzer. Implantación de un modelo económico. La experiencia Argentina entre 1975 y 2000. Buenos Aires: AZ Editor, 1998.

147. Sobre las transformaciones de la economía real y los fenómenos de concentración: Daniel Azpiazu, Eduardo M. Basualdo y Miguel Khavisse. El nuevo poder económico en la Argentina de los años ’80. Buenos Aires: Legasa, 1989.

148. Sobre la represión realizada antes de 1976, y la participación respectiva del Ejército y la Triple A: Inés Izaguirre. Violencia social y derechos humanos. Buenos Aires: Eudeba, 1976. Ignacio González Janzen. La Triple A. Buenos Aires: Contrapunto, 1986. Marcelo Larraqui. José López Rega. Buenos Aires: Norma. 2004.

149. Prudencio García. El drama de la autonomía militar. Argentina bajo las juntas militares. Madrid, Alianza Editorial, 1995.

150. En sus últimos documentos, las Fuerzas Armadas hablaron de quince mil combatientes y diez mil simpatizantes más. Daniel Frontalini y Cristina Calati. El mito de la guerra sucia. Buenos Aires: Centro de Estudios Legales y Sociales, 1984. La versión militar en Ramón Genaro Díaz Bessone. Guerra revolucionaria en Argentina 1959-1978. Buenos Aires: Editorial Fraterna, 1986.

151. Rosendo Fraga. Ejército: del escarnio al poder (1973-1976). Buenos Aires: Sudamericana/Planeta, 1988. Hugo Vezzetti ha caracterizado esa convicción compartida como una “construcción política desquiciada”. Pasado y presente. Guerra, dictadura y sociedad en Argentina. Buenos Aires: Siglo XXI Argentina, 2002.

152. Comision Nacional sobre la Desaparicion de Personas. Nunca más. Buenos Aires: Eudeba, 1984. Comision Nacional sobre la Desaparicion de Personas. Anexos del informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Buenos Aires: Eudeba, 1984.

153. Según otras fuentes, habría sido acordado ya en setiembre de 1975, en una reunión de jefes militares que establecieron una Estrategia Nacional Antisubversiva.

154El Diario del Juicio, los testimonios, la acusación, la defensa, la sentencia. Buenos Aires: Perfil, 1985. El Diario se publicó semanalmente, durante las sesiones de la Cámara Federal.

155. Martín Andersen. Dossier Secreto. El mito de la guerra sucia. Buenos Aires: Planeta, 1993. Eduardo Luis Duhalde. El estado terrorista argentino. Quince años después, una mirada crítica. Buenos Aires: Eudeba, 1999. Pilar Calveiro. Poder y desaparición. Los campos de concentración en Argentina. Buenos Aires: Colihue, 2001. Victoria Alvarez. “El encierro en los campos de concentración”. Fernanda Gil Lozano, Valeria Pita y M. G. Ini. Historia de las mujeres en la Argentina. Siglo XX. Buenos Aires: Taurus, 2000. Andrés Di Tella. “La vida privada en los campos de concentración”. Fernando Devoto y Marta Madero (comps.). Historia de la vida privada en la Argentina, Tomo III. Buenos Aires: Taurus, 1999. Patricia Marchak. God’s Assassins. State Terrorism in Argentina in the 1970s. Quebec: McGill-Queen’s University Press, 1999. Un buen balance del tema en Hugo Vezzetti. Pasado y presente. Guerra, dictadura y sociedad en Argentina. Capítulo 4, Buenos Aries: Siglo XXI Argentina, 2002.

156. Miguel Bonasso. Recuerdos de la muerte. Buenos Aires: Planeta, 1988. Una lectura crítica acerca de este y otros relatos ficcionales sobre los campos de concentración, y especialmente el tópico de “las traidoras” en Ana Longoni. “Traiciones”. Elizabeth Jelin y A. Longoni (comps.), Escrituras, escenarios, imágenes ante la represión. Buenos Aires: Siglo XXI Argentina, 2006. Entre los muchos libros testimoniales se destacan: Eduardo Anguita y Martín Caparrós. La Voluntad. Una historia de la militancia revolucionaria en la Argentina 1976-1983. Tomo III. Buenos Aires: Norma Editorial, 1998 (con el extenso testimonio de Graciela Daleo). M. Actis, C. Aldini, L. Gardella, M. Levin y E. Tokar. Ese infierno. Conversaciones de cinco mujeres sobrevivientes de la ESMA. Buenos Aires: Sudamericana, 2001. Jacobo Timerman. Preso sin nombre, celda sin número. Buenos Aires: El Cid Editor, 1982. Guillermo Obiols. La memoria del soldado. Campo de Mayo (1976-1977). Buenos Aires: Eudeba, 2003. Lilian Celiberti y Lucy Garrido. Mi habitación, mi celda. Arca editorial, 1987. Noemí Ciollaro. Pájaros sin luz. Testimonios de mujeres de desaparecidos. Buenos Aires: Planeta, 2000. Eduardo Kimel. La masacre de San Patricio. Buenos Aires: Ediciones Dialéctica, 1989.

157. Entre las versiones de militares partícipes de la dictadura: Ramón Genaro Díaz Bessone. Guerra revolucionaria en Argentina 1959-1978. Buenos Aires: Fraterna, 1986. Luciano Benjamín Menéndez. Así piensa Luciano Benjamín Menéndez. Buenos Aires: Nemont Ediciones, 1981. Versiones militares críticas: José Luis D’Andrea Mohr. El escuadrón perdido. La verdad sobre los 129 secuestrados y desaparecidos durante el gobierno militar. Buenos Aires: Planeta, 1998. J. y F. Mittelbach. Sobre áreas y tumbas. Informe sobre desaparecedores. Buenos Aires: Sudamericana, 2000.

158. Una discusión sobre el número: Prudencio García. El drama de la autonomía militar. Argentina bajo las juntas militares. Madrid: Alianza, 1995. Sobre Montoneros: Richard Gillespie. Soldados de Perón. Los Montoneros. Segunda edición, Buenos Aires: Grijalbo, 1998. Sobre militantes sindicales: Silvina Friera. “Autos brillantes, negocios sucios. La complicidad de Mercedes Benz con la dictadura”. Puentes. La Plata, núm. 7, julio 2002. También Confederación de Trabajadores de la Argentina. “La empresa de la complicidad”. Puentes. La Plata, julio 2001. Sobre estudiantes: Raúl Aragón. Glorias y tragedias en el Colegio Nacional Buenos Aires. Buenos Aires: Leviatán, 2001. Diana Guelar, Vera Jarch y Beatriz Ruiz (comps.). Los chicos del exilio (Argentina, 1975-1984). Buenos Aires: Ediciones El País de Nomeolvides, 2002. Sobre religiosos: Emilio Mignone. Iglesia y dictadura. El papel de la Iglesia a la luz de sus relaciones con el régimen militar. Buenos Aires: Ediciones del Pensamiento Nacional, 1986.

159. Eduardo Anguita y Martín Caparrós. La voluntad. Tomos 2 y 3. Buenos Aires: Norma, 1997. Carlos Altamirano, Claudia Hilb y Silvia Sigal. “El contexto: procesos políticos y sociales que antecedieron a la dictadura”. Puentes. Núm. 5, La Plata: 2001

160. Silvia Sigal e Isabel Santi. “El discurso en el régimen autoritario: un estudio comparativo”. Isidoro Cheresky y Jacques Chonchol (ed.). Crisis y transformación de los regímenes autoritarios. Buenos Aires: Eudeba, 1985. Paula Canelo. “La legitimación del Proceso de Reorganización Nacional y la construcción de la amenaza en el discurso militar. Argentina, 1976-1981”. Sociohistórica. Cuadenos del CISH, 9/10, La Plata, 2001. Isidoro Cheresky. “Régimen estatal de desaparición”. Sociedad, 12/13, Buenos Aires, 1998.

161. Juan Corradi. “El método de destrucción. El terror en la Argentina”. Hugo Quiroga. El tiempo del “Proceso”. Conflictos y coincidencias entre políticos y militares 1976-1983. Rosario: Editorial Fundación Ross, 1994. César Tach. A veinte años del golpe. Con memoria democrática. Buenos Aires: Homo Sapiens Ediciones, 1996. Juan E. Corradi. The fitful Republic. Economy, Society and Politics in Argentina. Boulder and London: Westview Press, 1985. Juan E. Corradi, Patricia Weiss Gagen y Manuel A. Garretón (ed.). Fear at the Edge. State Terror and Resistance in Latin America. Los Angeles: University of California Press, 1992.

162. Guillermo O’Donnell. “Democracia en la Argentina: micro y macro”. Oscar Oszlak (comp.). “Proceso”, crisis y transición democrática. Buenos Aires: CEAL, 1984. El autor publicó una versión más amplia en Contrapuntos. Ensayos escogidos sobre autoritarismo y democracia. Buenos Aires: Paidós, 1997.

163. Hugo Vezzetti. Pasado y presente. Guerra, dictadura y sociedad en Argentina. Buenos Aires: Siglo XXI Argentina, 2002.

164. Michiel Baud. El padre de la novia. Jorge Zorreguieta, la sociedad argentina y el régimen militar. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2001. Se trata del informe solicitado a Baud por el gobierno holandés, en vísperas del pronunciamiento parlamentario acerca del anunciado matrimonio entre Máxima Zorreguieta, su hija, y el príncipe Guillermo.

165. Sobre la participación más directa de grupos empresarios en la represión, véase la nota 158.

166. Eduardo Mignone. Iglesia y dictadura. Buenos Aires: Colihue, 1986. Horacio Verbitsky. “Bajo la mirada de Dios”. Puentes. Núm. 4, La Plata, julio 2001. Entrevistas a sacerdotes que participaron en la represión: Patricia Marchak. God’s Assassins. State Terrorism in Argentina in the 1970s. Quebec: McGill-Queen’sUniversity Press, 1999.

167. Roberto Di Stéfano y Loris Zanatta. Historia de la Iglesia argentina. Buenos Aires: Grijalbo-Mondadori, 2000. Loris Zanatta. “Religión, nación y derechos humanos. El caso argentino en perspectiva histórica”. Revista de Ciencias Sociales. Núm. 7/8, Bernal, Universidad Nacional de Quilmes, 1998. Sobre el Nuncio Apostólico Pio Laghi, Bruno Passarelli y Fernando Elenberg. Il cardinale e il desaparecidos. Narni, Societa Editrice, 1999. El texto de Martín Obregón, La Iglesia argentina durante la última dictadura militar, se incluye en esta publicación.

168. César L. Díaz. La cuenta regresiva. La construcción periodística del golpe de estado de 1976. Buenos Aires: La Crujía, 2002. Ricardo Ferreira. Una historia de la censura. Violencia y proscripción en la Argentina del siglo XX. Buenos Aires: Norma, 2000. Eduardo Blaustein y Martín Zubieta. Decíamos ayer. La prensa argentina bajo el Proceso. Buenos Aires: Colihue, 1998. Andrew Graham-Yoll. The Press in Argentina, 1973-1978. Whitesand Educational Scholar Trust, 1979. Ricardo Sidicaro. La política mirada desde arriba. Las ideas del diario “La Nación” (1909-1989). Buenos Aires: Sudamericana, 1993.

169. Marcos Novaro y Vicente Palermo. La dictadura militar. Buenos Aires: Paidós, 2003. Juan Carlos Tedesco y Cecilia Braslavsky. El proyecto educativo autoritario: Argentina, 1976-1982. Buenos Aires: GEL, 1985. Carlos Altamirano. “Régimen autoritario y disidencia intelectual: la experiencia argentina”. Hugo Quiroga y César Tcach. A veinte años del golpe. Con memoria democrática. Buenos Aires: Homo Sapiens Ediciones, 1996. Hilda Sabato. “Sobrevivir en dictadura: las ciencias sociales y la ‘universidad de las catacumbas’”. Hugo Quiroga y César Tcach. A veinte años del golpe. Buenos Aires: Homo Sapiens Ediciones, 1996. Judith Filc. Entre el parentesco y la política. Familia y dictadura, 1976-1983. Buenos Aires: Biblos, 1993. Abel Gilbert y Miguel Vitagliano. El Terror y la Gloria. La vida, el fútbol y la política en la Argentina del Mundial ’78. Buenos Aires: Norma, 1998. Judith Gogol y Hernán Invernizzi. Un golpe a los libros. Represión a la cultura durante la última dictadura militar. Buenos Aires: Eudeba, 2002.

170. Luis Quevedo y Adriana Vacchieri. “Bibliografía argentina sobre Derechos Humanos (1975-1990)”. Carlos Acuña y Catalina Smulovitz (comps.). Juicios, castigos y memorias. Los derechos humanos y la justicia en la política argentina. Buenos Aires: Nueva Visión, 1995.

171. Hugo Quiroga. “La verdad de la justicia y la verdad de la política. Los derechos humanos en la dictadura y en la democracia”. Hugo Quiroga y César Tcach. A veinte años del golpe. Buenos Aires: Homo Sapiens Ediciones, 1996.

172. Elizabeth Jelin. “La política de la memoria: el movimiento de derechos humanos y la construcción democrática en la Argentina”. Carlos Acuña y Catalina Smulovitz (comps.). Juicios, castigos y memorias. Buenos aires: Nueva Visión, 1995. Héctor R. Leis. El movimiento por los derechos humanos y la política argentina 1 y 2. Buenos Aires: CEAL 1989. Alison Brysk. The Politics of Human Rights in Argentina. Protest, Change and Democratization. Stanford University Press, 1994. Una de las mejores síntesis generales, que explica pormenorizadamente la acción de la Comisión Argentina de Derechos Humanos: Iain Guest. Behind the Disappearances. Argentina’s Dirty War Against Human Rights and the United Nations. Filadelfia: University of Pennsylvania Press, 1990.

173. Marjorie Agosín. The Mothers of Plaza de Mayo: the Story of Renée Epelbaum, 1976-1985. Trenton, N.J.: Red Sea Press, 1990. Mabel Bellucci. “El movimiento de Madres de Plaza de Mayo”. Gil Lozano. Historia de las mujeres. Marguerite Guzmán Bouvard. Revolutionizing Motherhood: The Mothers of the Plaza de Mayo. Wilmington: SR Books, 1994. Jean-Pierre Bousquet. Las Locas de Plaza de Mayo. Buenos Aires: El Cid Editor, 1983. Alejandro Diag. Conversando con las Madres de Plaza de Mayo: Hebe memoria y esperanza. Buenos Aires: Esperanza, 1988. Jo Fisher. Mothers of the Disappeared. Boston: Zed and South End Press, 1989. Matilde Melibovsky. Círculo de amor sobre la muerte. Buenos Aires: Ediciones del Pensamiento nacional, 1990. Piera Paola Oría. De la casa a la Plaza. Buenos Aires: Nueva América, s/f. John Simpson and Joan Bennet. The Disappeared and the Mothers of tha Plaza de Mayo; the History of 11.000 Argentinians who Vanished. Nueva York: St. Martin’s Press, 1985. Enrique Arrosagaray. Biografía de Azucena Villaflor: Creadora del Movimiento de Madres de Plaza de Mayo. Buenos Aires: Catálogos, 1997. Sobre Abuelas: Rita Arditti. Searching for Life: The Grandmothers of the Plaza de Mayo and the Disappeared Children of Argentina. Berkeley: University of California Press, 1999.

174. Temma Kaplan. Taking Back the Streets. Women, Youth and Direct Democracy. Berkeley: University of California Press, 2003. En el mismo sentido, Diana Taylor. Disappearing Acts: Spectacles of Gender and Nationalism in Argentina’s “Dirty War”. Durham, Duke U.P, 1997.

175. Mark Falcoff. A Tale of Two Policies. U.S. Relations with the Argentine Junta, 1976-1983. Filadelfia: Foreign Policy Research Institute, 1989. Iain Guest. Behind the Disappearences. Argentina’s Dirty War Against Human Rights and the United Nations. Filadelfia: University of Pennsylvania Press, 1990. Margaret Feitlowitz. A Lexicon of terror: Argentina and the Legacies of Torture. Nueva York: Oxford University Press, 1998. Marcos Novaro y Vicente Palermo. La dictadura militar. Buenos Aires: Paidós, 2003. Hugo Quiroga. El tiempo del Proceso. Buenos Aires: Politeia-Homo Sapiens. 2003. Loris Zanatta. “Il prezzo della ‘nazione cattolica’. La Santa Sede e il colpo di Stato argentino del 24 de marzo de 1976”. Ricerche di Storia Politica. Núm.2, Bologna: Il Mulino, 2001. El texto de Martín Obregón, La Iglesia argentina durante la última dictadura militar, se incluye en esta publicación.

176. Elizabeth Jelin. “La política de la memoria”. Juicios, castigos y memorias. Buenos Aires: Nueva Visión, 1995.

177. “La cultura argentina. De la dictadura a la democracia”. Cuadernos Hispanoamericanos. Núm. 517-519. Madrid, julio-setiembre 1993. Este volumen reúne un amplio conjunto de artículos sobre distinto tipo de manifestaciones culturales en los años setenta y ochenta, donde se advierte esta inflexión.

178. Rosana Guber. ¿Por qué las Malvinas? De la causa nacional a la guerra absurda. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica: 2001. Una mirada de largo plazo sobre el sentido común nacionalista y el territorio en Luis Alberto Romero (coord.). La Argentina en la escuela. La idea de nación en los textos escolares. Buenos Aires: Siglo XXI Argentina, 2004.

179. Sobre los variados apoyos a la causa de las Malvinas, véase Marcos Novaro y Vicente Palermo. La dictadura militar. Buenos Aires: Paidós, 2003.

180. Oscar Raúl Cardoso, Ricardo Kirschbaum y Eduardo Van der Kooy. Malvinas. La trama secreta. Buenos Aires: Planeta, 1992. Versiones de sus protagonistas: Nicanor Costa Méndez. Malvinas. Esta es la historia. Buenos Aires: Sudamericana, 1993. Carlos María Turolo (h). Malvinas. Testimonio de un gobernador (entrevistas a Mario Benjamín Menéndez). Buenos Aires: Sudamericana, 1983. Desde la perspectiva de los soldados: Daniel Kon. Los chicos de la guerra. Hablan los soldados que estuvieron en Malvinas. Buenos Aires: Galerna, 1982. Graciela Speranza y Fernando Cittadini. Partes de guerra. Malvinas, 1982. Buenos Aires: Norma, 1997. Una visión crítica, realizada por los militares: Comisión Rattenbach. Informe Rattenbach. El Drama de Las Malvinas. Buenos Aires: Ediciones Espartaco, 1988.

181. Véase Federico Lorenz, “Testigos de la derrota. Malvinas: los soldados y la guerra durante la transición democrática argentina, 1982-1987”, en esta publicación.

182. Se trata del Documento Final y la llamada Ley de Autoamnistía. Véase Carlos H. Acuña y Catalina Smulovitz, “Militares en la transición argentina: del gobierno a la subordinación constitucional”, en esta publicación.

183. Elizabeth Jelin. “La política de la memoria”. Juicios, castigos y memorias. Buenos Aires: Nueva Visión, 1995. Carlos Acuña y Catalina Smulovitz (comps.). “Militares en la transición argentina: del gobierno a la subordinación constitucional”, en esta publicación.

184. Inés González Bombal. “‘Nunca Más’. El Juicio más allá de los estrados”. Carlos Acuña y Catalina Smulovitz (comps.). Juicios, castigos y memorias. Buenos Aires: Nueva Visión, 1995. Oscar Landi e Inés González Bombal. “Los derechos en la cultura política”. Carlos Acuña y Catalina Smulovitz (comps.). Juicios, castigos y memorias. Buenos Aires: Nueva Visión, 1995. Versiones de militares que asumieron su participación en la represión: Ramón Camps. Caso Timerman: Punto Final. Buenos Aires: Tribuna Abierta, 1982. Rodolfo Peregrino Fernández. Auto-crítica policial. Buenos Aires: El Cid Editor, 1988.

185. En la conformación de esta imagen fue decisivo el libro de Pablo Giussani: Montoneros. La soberbia armada. Buenos Aires: Sudamericana/ Planeta, 1984. También algunas películas, como La historia oficial, Los chicos de la guerra y La noche de los lápices.

186. Se trata del capitán Adolfo Scilingo, cuyo testimonio aparece en Horacio Verbitsky. El Vuelo. Buenos Aires: Planeta, 1995.

187. Su gesto prácticamente no tuvo seguidores, y la misma acción del general Balza no fue recogida de manera pública y explícita por los posteriores jefes militares. El propio general Balza fue expulsado del Círculo Militar, una institución dirigida por muchos de los oficiales con activa participación en la represión.

188. Carlos Acuña y Catalina Smulovitz. “Militares en la transición argentina: del gobierno a la subordinación constitucional”, en esta publicación.

189. Sobre la política de derechos humanos de Alfonsín: Carlos Nino. Juicio al mal absoluto. Los fundamentos y la historia del Juicio a las Juntas del Proceso. Buenos Aires: Emecé, 1997. Jaime Malamud Goti. Terror y justicia en la Argentina. Responsabilidad y democracia después de los juicios al terrorismo de estado. Buenos Aires: De la Flor, 2000. Carlos Nino, al igual que Jaime Malamud Goti, colaboró estrechamente con Alfonsín aunque, como se advierte en su libro, disintió en algunos puntos fundamentales.

190. Hugo Quiroga. “La verdad de la justicia y la verdad de la política. Los derechos humanos en la dictadura y en la democracia”. Hugo Quiroga y César Tcach. A veinte años del golpe. Buenos Aires: Homo Sapiens Ediciones, 1996.

191. Ernesto López. Ni la ceniza ni la gloria. Actores, sistema político y cuestión militar en los años de Alfonsín. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes, 1996. Ernesto López. “Argentina 1991: las nuevas oportunidades para el control civil”. Ernesto López, y David Pion-Berlin (ed.). Democracia y cuestión militar. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes, 1996. Véase en ese mismo volumen: David Pion-Berlin y Ernesto López. “Una casa dividida: crisis, fractura y conflicto en el Ejército argentino”. David Pion-Berlin. “Autonomía militar y democracias emergentes en América del Sur”. David Pion-Berlin. “Entre la confrontación y la adaptación: los militares y la política gubernamental en la Argentina democrática”.

192. Otros trabajos sobre el problema militar: Marcelo Fabián Saín. Los levantamientos carapintada, 1987-1991. Buenos Aires: CEAL, 1994. Deborah Lee Norden. Military rebellion in Argentina: between coups and consolidation. Lincoln: University of Nebraska Press, 1996.

193. Hugo Vezzetti. Pasado y presente. Guerra, dictadura y sociedad en Argentina. Buenos Aires: Siglo XXI Argentina, 2002.

194. Sobre el juicio y sus consecuencias, es muy importante Jorge Camarasa, Rubén Felice, Daniel González. El juicio, proceso al horror. De la recuperación democrática a la sentencia. Buenos Aires: Sudamericana-Planeta, 1985. Sobre su tratamiento por los medios, Claudia Feld. Del estrado a la pantalla. Las imágenes del Juicio a los Excomandantes en Argentina, Buenos Aires: Siglo XXI Argentina, 2002. Véase también Carlos Acuña y Catalina Smulovitz (comps.). Juicios, castigos y memorias. Buenos Aires: Nueva Visión, 1995. Carlos Acuña. “Lo que el Juicio nos dejó”. Puentes. Núm. 2, La Plata, 2000. Stella Maris Ageitos. Historia de la impunidad. De las actas de Videla a los indultos de Menem. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, 2002. Asociación Americana de Juristas. “Juicios a los militares. Documentos secretos, decretos, leyes, jurisprudencia”. Cuadernos. Núm. 4, Buenos Aires, 1988.

195. Los trabajos sobre el tema han sido mencionados en la nota 173.

196. Temma Kaplan. Tacking back the streets. Women, Youth and Direct Democracy. Berkeley, University of California Press, 2003.

197. Sobre el Parque de la Memoria, Patricia Tappatá de Valdez. “El Parque de la Memoria en Buenos Aires”. Elizabeth Jelin y Victoria Langland. Monumentos, memoriales y marcas territoriales. Buenos Aires: Siglo XXI Argentina, 2003. Sobre el Museo de la ESMA y la discusión actualmente en curso, véase Puentes. Año 4, núm. 11, La Plata, mayo de 2004.

198. Sobre HIJOS: Pablo Bonaldi. “Hijos de desaparecidos. Entre la construccion de la política y la construcción de la memoria”. Mimeo, 2006. Eduardo Martorell. “Recuerdos del presente: memoria e identidad. Una reflexión en torno a HIJOS”. Sergio Guelerman (comp.). Memorias en presente. Identidad y transmisión en la Argentina del genocidio. Buenos Aires: Norma, 2001. También, Gabriela Fried. “Memorias que insisten: la intersubjetividad de la memoria y los hijos de desaparecidos por la dictadura militar argentina”. Bruno Groppo y Patricia Flier. La imposibilidad del olvido. Recorridos de la memoria en Argentina, Chile y Uruguay. La Plata: Ediciones Al Margen, 2001.

199. Elizabeth Jelin. “La política de la memoria. El movimiento de derechos humanos y la construcción democrática en la Argentina”. Carlos Acuña y Catalina Smulovitz (comps.).  Juicios, castigos y memorias. Buenos Aires: Nueva Visión, 1995. Patricia Valdez. “Tiempo óptimo para la Memoria”. Bruno Groppo y Patricia Flier. La imposibilidad del olvido. Recorridos de la memoria en Argentina, Chile y Uruguay. La Plata: Ediciones Al Margen, 2001.

200. Escapa a los límites este trabajo una enumeración exhaustiva y una evaluación circunstanciada, de modo que se consigna un grupo de ellas, a modo de ejemplo.
Testimonios: Miguel Bonasso. Recuerdos de la muerte. Buenos Aires: Planeta, 1988. Luis Mattini. Hombres y mujeres del PRT-ERP. La Plata: La Campana, 1996. Miguel Bonasso. El presidente que no fue. Buenos Aires: Planeta, 1997. Ernesto Jauretche. Violencia y política en los ’70. No dejés que te la cuenten. Buenos Aires: Ediciones del Pensamiento Nacional, 1997. Roberto C. Perdía. La otra historia. Buenos Aires: Grupo Agora, 1997. Gabriela Cerruti. Herederos del Silencio. Buenos Aires: Planeta, 1997. Jorge Falcone. Memoria de guerra larga. La Plata: Ediciones de La Campana, 2001. Miguel Bonasso. Diario de un clandestino. Los archivos ocultos del peronismo. Buenos Aires: Planeta, 2001. Santiago Garaño y Werner Pertot. La otra Juvenilia. Militancia y represión en el Colegio Nacional de Buenos Aires: 1971-1986. Buenos Aires: Biblos, 2002.Cristina Zuker. El tren de la victoria. Una saga familiar. Buenos Aires: Sudamericana, 2003. Gonzalo Leonidas Chaves y Jorge Omar Lewinger. Los del ’73. Memoria Montonera. La Plata: Ediciones de la Campana, 1998.
Sobre la represión: Ragnar Hagelin. Mi hija Dagmar. Una víctima del terrorismo de estado que conmocionó a la comunidad internacional. Buenos Aires: Sudamericana-Planeta, 1984. José Luis Bondone. Con mis hijos en las cárceles del “Proceso”. Buenos Aires: Anteo, 1985.
Obras de ficción: Osvaldo Soriano. Cuarteles de invierno. Buenos Aires: Norma, 1983. Juan José Saer. Glosa. Buenos Aires: Seix Barral, 1985. Martín Caparrós. No velas a tus muertos. Rosario, Ada Korn, 1986. Juan Gelman. Interrupciones II. Buenos Aires: Tierra Firme, 1988. Manuela Fingueret. Hija del silencio. Buenos Aires: Planeta, 1989. Néstor Perlongher. Alambres. Buenos Aires: Último Reino, 1989. Guillermo Saccomano. Bajo bandera. Buenos Aires: Planeta, 1991. Rodrigo Fresán: Historia argentina. Buenos Aires: Planeta, 1991. Ricardo Piglia. Respiración artificial. Buenos Aires: Sudamericana, 1993. Enrique Fogwill. Los pichiciegos. Buenos Aires: Sudamericana, 1994. Juan José Saer. Nadie nada nunca. Buenos Aires: Seix Barral, 1995. Osvaldo Soriano. No habrá más penas ni olvido. Buenos Aires: Norma, 1995. Andrés Rivera. El verdugo en el umbral. Buenos Aires: Alfaguara, 1995. Luis Gusmán. Villa. Madrid, Alfaguara, 1996. Liliana Heker. El fin de la historia. Madrid, Alfaguara, 1997. Antonio Dal Masetto. Hay unos tipos abajo. Buenos Aires: Planeta, 1998. Elsa Osorio. A veinte años, Luz. Buenos Aires: Mondadori, 1998. Sergio Chejfec. Los planetas. Madrid: Alfaguara, 1999. Rolo Diez. Los compañeros. La Plata: Ediciones de la Campana, 2000. Luis Gusmán. Ni muerto has perdido tu nombre. Buenos Aires: Sudamericana, 2002. Sergio Pollastri. Las violetas del paraíso. Una historia montonera. Buenos Aires: El Cielo por Asalto, 2003.
Documentales: David Blaustein. Cazadores de Utopías. Editorial Perfil. El juicio que cambió el país: 1. La ESMA, 2. Los hijos de las sombras, 3. Las antesalas de la nada, 4. Los campos de la muerte, 5. Botín de guerra, 6. ¿El final? Pablo Osores, Roberto Testa y Nicolás Wainszelbaum. Flores de septiembre. Cuatro Cabezas. HIJOS Doc. Susana Muñoz. Las Madres de Plaza de Mayo. Albertina Carri. Los rubios. Eduardo Aliberti. Malajunta. Andrés Di Tella. Montoneros. Una historia. Raymundo Gleyzer. Ni olvido ni perdón 1972: la masacre de Trelew. Virginia Martínez. Por esos ojos. Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Tierra de Avellaneda. Memoria Abierta. Veinticinco años después. Alberto Maquart. Yo, Sor Alice. María Inés Roqué. Papá Iván.
Cine de ficción: Oscar Barney Finn. Contar hasta diez. Lautaro Murúa. Cuarteles de invierno. Alejandro Doria. Darse cuenta. Fernando Solanas. El exilio de Gardel. Marco Bechis. Garage Olimpo. Emilio Alfaro. Hay unos tipos abajo. Jeanine Meerapfel. La amiga. Héctor Olivera. La noche de los lápices. Fernando Ayala. Plata dulce. Jorge Coscia. Sentimientos. Mirta de Liniers a Estambul. Lita Stantic. Un muro de silencio.

201. Esto se advierte inclusive en uno de los más destacados trabajos del género: el de Pilar Calveiro sobre los campos de concentración. Pilar Calveiro. Poder y desaparición. Los campos de concentración en Argentina, Buenos Aires: Colihue, 2001, quien por otra parte logra el pequeño milagro de objetivar su terrible experiencia personal.

202. Elizabeth Jelin. Memorias de la represión. Buenos Aires: Siglo XXI Argentina. 2002-2005. De esta serie han aparecido siete volúmenes. Elizabeth Jelin. Los trabajos de la memoria. Buenos Aires: Siglo XXI Argentina. 2002. Claudia Feld. Del estrado a la pantalla. Buenos Aires: Siglo XXI Argentina, 2004. Elizabeth Jelin (comp.). Las conmemoraciones: las disputas en las fechas “in-felices”. Buenos Aires: Siglo XXI Argentina, 2002. Ludmila Da Silva Catela (comp.). Los archivos de la represión: Documentos, memoria y verdad. Madrid: Siglo XXI, 2002. Elizabeth Jelin y Victoria Langland, Monumentos, memoriales y marcas territorales. Buenos Aires: Siglo XXI Argentina, 2003. Ponciano del Pino y Elizabeth Jelin (comps.). Luchas locales, comunidades e identidades. Madrid: Siglo XXI, 2003. Elizabeth Jelin y Federico Guillermo Lorenz. Educación y memoria. La escuela elabora el pasado. Madrid: Siglo XXI, 2004 Elizabeth Jelin y Ana Longoni (comps.). Escrituras, escenarios, imágenes ante la represión. Buenos Aires: Siglo XXI Argentina, 2005.

203. Los criterios generales son establecidos en Elizabeth Jelin. Los trabajos de la memoria. Buenos Aires: Siglo XXI Argentina, 2002.

204. Claudia Feld. Estrado a la pantalla. Buenos Aires: Siglo XXI Argentina, 2004. Federico Lorenz. “¿De quién es el 24 de marzo? Las luchas por la memoria del golpe de 1976”. Elizabeth Jelin (comp.) Las conmemoraciones. Buenos Aires: Siglo XXI Argentina, 2002. Laura Cecilia Mombello. “Neuquén: la memoria peregrina”. Elizabeth Jelin y Langland. Monumentos. Madrid: Siglo XXI, 2003. Laura Cecilia Mombello. “La Capital de los Derechos Humanos”. Del Pino y Elizabeth Jelin. Luchas locales. Madrid: Siglo XXI, 2003. Ludmila Da Silva Catela. “Apagón en el Ingenio, escrache en el Museo. Tensiones y disputas entre memorias locales y memorias oficiales en torno a un episodio de la represión de 1976”. Del Pino y Elizabeth Jelin. Luchas locales. Madrid: Siglo XXI, 2003. También, Ludmila Da Silva Catela. No habrá flores en la tumba del pasado. La Plata: Ediciones Al Margen, 2001.

205. Alejandra Oberti y Roberto Pittaluga. “¿Qué memoria para qué política?” El Rodaballo. Revista de política y cultura. Núm. 13, Buenos Aires: invierno de 2001.

206. Elizabeth Jelin. “Los niveles de la memoria. Reconstrucción del pasado dictatorial argentino”. Entrepasados, 20. Buenos Aires: 2001.

207. Entre ellos, la situación de los muertos entre 1973-1975, alzados en armas contra un gobierno constitucional: su inclusión en dicha lista no sólo es discutible en términos jurídicos; también despierta dudas en sus compañeros de militancia. Virginia Vecchioli. “Políticas de la memoria y formas de clasificación social. ¿Quiénes son las ‘víctimas del terrorismo de estado’ en la Argentina?” Groppo y Flier. La imposibilidad del olvido. Buenos Aires: Varias Argentinas, 2002.

208. El caso se hizo famoso a través de un libro: María Seoane y Héctor Ruiz Núñez. La noche de los lápices. Buenos Aires: Planeta, 1992. Luego Héctor Olivera filmó una película con el mismo título. Federico Guillermo Lorenz. “Tomala vos, dámela a mí. La noche de los lápices: el deber de la memoria y la escuela”. Elizabeth Jelin y Federico Lorenz. Educación y memoria. Madrid: Siglo XXI, 2004.

209. Inés Dussel, Silvia Finocchio y Silvia Gojman. Haciendo memoria en el país de Nunca Más. Buenos Aires: Eudeba, 1997. Graciela Montes. El golpe y los chicos. Buenos Aires: Colihue, 1997. Sandra Raggio. “Cuando la escuela da la palabra. El rol de la educación formal en la trasmisión del pasado”. Puentes. Núm. 7, julio, La Plata, 2002.

210. Hugo Vezzetti. Pasado y presente. Guerra, dictadura y sociedad en Argentina. Buenos Aires: Siglo XXI Argentina, 2002. Un debate sobre el libro, con intervenciones de Hilda Sábato, Miguel Dalmaroni y Héctor Schmucler. Puentes. Núm. 7 y 8, La Plata, 2002.

211. Un punto interesante en estas versiones es el caso de los sobrevivientes, pues todo héroe debería haber encontrado una muerte heroica, y un sobreviviente es, de alguna manera, un sospechoso. Sobre este punto, es sugerente el análisis de tres relatos ficcionales hecho por Ana Longoni en “Traiciones”. Elizabeth Jelin y A. Longoni (comps.). Escrituras, escenarios, imágenes ante la represión. Buenos Aires: Siglo XXI Argentina, 2005.

212. Eduardo Anguita y Martín Caparrós. La Voluntad. Una historia de la militancia revolucionaria en la Argentina. Tomo 1: 1966-1973. Buenos Aires: Norma, 1997. Gustavo Plis-Sterenberg. Monte Chingolo. La mayor batalla de la guerrilla argentina. Buenos Aires: Planeta, 2003.

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